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Editorial

Fronteras calientes

La situación en límites con Venezuela y Panamá debe mover a las autoridades colombianas ante la crisis humanitaria y de seguridad y los fenómenos desbordados de ilegalidad: gasolina y drogas.
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ilustración morphart Publicado el 20 de junio de 2019

El reporte de un nuevo choque entre bandas en la frontera de Norte de Santander hacia Venezuela, con un número indeterminado de muertos y heridos, y la llegada permanente de migrantes africanos y asiáticos a Turbo, para cruzar el Golfo de Urabá en busca de llegar a Estados Unidos vía Centroamérica, ameritan un aumento de los controles militares, policiales y migratorios del gobierno de Colombia, dada la gravedad del problema, en ambos casos, para la seguridad binacional e interna.

Se trata de una crisis que nuestro país arrastra desde hace cinco años, pero que se ha recrudecido en 2019. Las balaceras en las llamadas trochas, que son rutas paralelas e ilegales entre Colombia y Venezuela, alertan sobre el incremento del dominio y la disputa de bandas criminales por los botines de la gasolina de contrabando, del tráfico de personas y de otras rentas mafiosas asociadas a la cocaína, las armas y los productos introducidos sin pagar impuestos ni cumplir controles sanitarios ni de calidad.

En las trochas del Darién, hacia Panamá, existen cadenas similares controladas por el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Investigaciones de este diario han revelado cómo los también llamados Urabeños “mandan parar” o reanudar, a necesidad, el paso de nepalíes, cameruneses, etíopes y cubanos, entre otros, mediante lanchas por Cabo Tiburón, o a pie por la selva, hasta la Provincia del Darién, del otro lado.

Tal vez el escenario más explosivo sea el de la frontera con Venezuela, porque reviste amenazas de todo tipo para la seguridad, el orden, la economía e incluso la salud comunitaria en Norte de Santander y en su capital, Cúcuta.

Esos tiroteos en los que la población civil queda en medio —ya van por lo menos cuatro en dos meses— comprometen la vida de niños, mujeres y ancianos, pero además acentúan el clima de inseguridad y zozobra y aumentan la migración forzada, ya no solo por la crisis económica venezolana sino por la necesidad misma de los lugareños de ponerse a salvo.

La preocupación adicional es la denuncia sobre cómo operan con notoria libertad las redes milicianas del Eln, que se han fortalecido, desde el lado venezolano. Ello con hostigamientos imprevisibles y riesgosos para los efectivos de la Fuerza Pública colombiana en el área, hecho que puede incluso desatar fricciones entre unidades militares y/o policiales de ambos países.

Las tensiones entre los gobiernos de Caracas y Bogotá pueden verse aumentadas por un factor creciente de inseguridad e inestabilidad como este de las balaceras entre grupos criminales en la frontera. De fondo, también se ahonda la percepción de que se trata de territorios a su suerte, sin la necesaria cooperación binacional para atenderlos.

El caso de Urabá y “la ruta panameña”, aunque con un relativo control y sin hostilidades tan fuertes como las de Catatumbo (con la guerra adicional entre Eln y Epl-‘Pelusos’), deja una cifra creciente y silenciosa de muertos y desaparecidos en la correría marítima y selvática de los migrantes, explotados y atropellados por “coyotes”. Cada vez llegan más cadáveres NN a Turbo y Necoclí de extranjeros, para ser enterrados en fosas.

Se trata de dos frentes que revuelven con peligro migración, ilegalidad y delincuencia. Dos fuentes de amenazas para la estabilidad, el orden y la seguridad internas que demandan un despliegue mayor de tropas, pero también de estrategias concretas de gobierno binacional que en el caso de Venezuela no van a llegar, y que en el caso de Panamá han sido débiles y lentas.

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