Mientras que en San Vicente del Caguán, Caquetá, recogían pruebas para esclarecer los detalles de un combate entre un grupo acogido al proceso de dejación de armas de las Farc y una facción disidente, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmaba el decomiso de media tonelada de cocaína, en Tumaco, Nariño, a otra escuadra que se declaró por fuera de los acuerdos. Se reitera que a las Farc las carcomía de tiempo atrás un cáncer bastante conocido: el narcotráfico.
De la descripción derivan dos situaciones concretas: esa guerrilla, aunque interesada en reinsentarse a la vida civil, aún dispara. Y sus desertores empiezan a configurar una nueva amenaza, tanto para la seguridad del país, como para el proceso de paz mismo.
Se reportan más disidencias en Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Chocó y Antioquia, en áreas específicas permeadas por los cultivos ilícitos y la economía mafiosa de las drogas, donde abundan corrupción, violencia, reclutamientos, justicia por manos propias, armas y desterrados, entre otros fenómenos.
Analistas consultados por este diario contemplan en sus escenarios e hipótesis que los desertores del proceso llegarían, incluso, al 40 por ciento de las filas de esa guerrilla. Es decir, de 8.000 hombres/arma podrían irse a las estructuras criminales existentes, o conformar otras, cerca de 3.000 “ex farianos”.
Los últimos 30 años, desde 1987 a hoy, entre el romanticismo revolucionario, la pretendida austeridad marxista y la disciplina militar y del otro lado la ambición de financiar y crecer un ejército -con “impuestos” al circuito de producción cocalera-, parece que en el pulso dentro de la subversión ganaron gran fuerza los vicios de la ilegalidad y del lumpen. Por eso los expertos temen que se tratará de una disidencia “mucho más degradada, interesada únicamente” en actividades propias de las economías ilegales.
Y, se advierte en la práctica, entre más se retrase el cronograma de instalación y funcionamiento de las zonas de concentración veredal, con sus dispositivos de verificación internacional y de seguridad estatal, se amplía el riesgo de que más guerrilleros en tránsito a la civilidad desistan y se sumen a los aparatos armados del narcotráfico, e incluso a la delincuencia común, rural y urbana.
En esa perspectiva, se requieren la estrategia y el tratamiento concebidos para las disidencias de las Farc -que deben ser de duro combate militar-policial y acción judicial-punitiva- y el control estricto a los frentes preagrupados, para que cumplan el cese el fuego definitivo.
Hay malestar ciudadano comprensible y críticas argumentadas de los opositores, porque en el Acuerdo Final se consignó que las Farc no ejecutarían “actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal” de la población civil.
La balacera en la vereda Novia Celestial, en el Caguán, alerta para que los vigilantes de la fuerza pública y los veedores de la ONU cumplan su papel, tanto en impedir ataques armados, como en señalar responsables.
Coincidimos con el comunicado de las Fuerzas Militares: aun si fue en respuesta a la hostilidad de una escuadra disidente, las Farc violaron lo pactado al disparar otra vez. La persecución de los delincuentes y la lucha contra grupos ilegales son obligación y tarea exclusiva del Estado, mediante su Fuerza Pública. Las Farc lo saben y deben asumirlo sin reparos ni excusas.
