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Si el Gobierno de Estados Unidos, y su misión diplomática y consular en Colombia, decidió, en efecto, cancelar la visa de entrada a ese país a algunos magistrados de altas cortes, ese es un acto soberano en desarrollo de su política migratoria, pero por el perfil de sus afectados genera ruido y especulaciones que no son buenos para las relaciones bilaterales.
Lo primero que hay que decir es que aunque ayer se mencionaron los nombres de magistrados afectados por la eventual medida, dos de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia, ninguno de ellos se refirió al tema. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, tampoco. Sí se produjo, avanzada la tarde, un comunicado de la Corte Suprema de Justicia en el que denuncia un “ataque sistemático a la integridad del poder judicial”, y agresiones consistentes en “interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados”, y mencionan al presidente de su Sala Penal. Estas son acusaciones serias sobre las cuales también se esperaría fueran más específicos.
Insistimos que, no obstante la falta de confirmaciones sobre los casos concretos, en este proceso hay que partir de la claridad del ejercicio soberano que todo Estado tiene de negar y de conceder visados y de cancelar su vigencia posteriormente en ciertos casos. Podrán dar explicaciones o no, y lo habitual es que se reserven las razones. Lo excepcional es que manifiesten públicamente los motivos para tomar la decisión, como ocurrió hace cerca de 23 años con el entonces presidente en ejercicio de Colombia, Ernesto Samper. Hace pocas semanas se produjo la cancelación del visado estadounidense al parlamentario del partido de la U John Jairo Cárdenas Morán, y éste en declaraciones públicas lo interpretó como una retaliación de la Embajada americana por sus posturas favorables a la JEP y, en particular, por haber roto un acuerdo de confidencialidad de conversaciones sostenidas por el embajador Kevin Whitaker y miembros de la Cámara de Representantes, durante una reunión en la sede diplomática en Bogotá.
Independientemente de este debate con pocas claridades, los magistrados tienen que honrar su responsabilidad ante Colombia, y como todo servidor público, deben rendir cuenta de sus actos y, en el caso especial de las sentencias judiciales que generan grandes -y graves a veces- efectos en múltiples campos de la vida nacional, están sometidos a que sus fallos sean debatidos, controvertidos y analizados al detalle. Aunque tienen derecho a su buen nombre, no pueden excusar su responsabilidad y su compromiso a actuar con honorabilidad, ceñidos a la ley, la ética y el decoro judicial.
Hay que esperar, pues, que los hechos revelados ayer se aclaren, y que las partes concernidas den a conocer la situación. Por lo pronto, hay que insistir en lo dicho por la Corte Suprema en su comunicado: “La Corporación alienta a los jueces a permanecer fieles al cumplimiento de su deber y alejados de presiones indebidas”. Magistrados y jueces deben continuar cumpliendo sus deberes constitucionales, legales y estatutarios. Hacer cumplir la ley y hacer efectiva la justicia, con respeto a su autonomía y obrando bajo el principio de cooperación armónica entre las ramas del poder público.