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Editorial

Líderes arrasados

El fin de semana mataron a otro líder en Catatumbo. Solo en esa región, van seis asesinatos en 2019. Es un problema de América Latina, pero el caso de Colombia es crítico. Inquieta la inacción.
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ilustración morphart Publicado el 03 de junio de 2019

La cifra de líderes sociales asesinados en Colombia quintuplica la del país que le sigue, México, en esa oscura y lamentable lista que acaba de refrendar un informe de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Se trata de una situación que lleva tres años con las alarmas encendidas en el país, pero que no ha sido resuelta por el Gobierno Nacional y sus diferentes instituciones y agencias. Este fin de semana cayó otro líder en Catatumbo, Norte de Santander, lo que corrobora la crisis.

¿Qué puede ser de una sociedad sin líderes que defiendan los derechos de las minorías, los intereses comunitarios y que alienten la unidad y el trabajo social? Muy en especial en países con marcadas necesidades y en democracias apenas en proceso de desarrollo. El mundo rural y periférico colombiano tiene en ellos a héroes anónimos que trabajan sin descanso por causas colectivas que van desde obras de infraestructura básica hasta derechos políticos, desde la protección del medio ambiente y la biodiversidad hasta los niños y la juventud.

El informe de la ONU y la Cidh es claro: “una región que sigue sin brindar garantías a quienes dedican su vida —y a veces la pierden— por defender los derechos de todos”.

En Colombia, el mapeo de los asesinatos ocurridos coincide con el de zonas atravesadas por fenómenos y grupos de la ilegalidad: cultivos ilícitos, minería criminal, microtráfico urbano, territorios y fronteras en disputa y áreas de restitución de tierras antes despojadas por la violencia del conflicto armado interno.

En la mira de estas conductas sistemáticas de eliminación están líderes indígenas, afrocolombianos, campesinos y comunales. El Gobierno anunció al inicio del año el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero los homicidios no se detienen. La preocupación de la comunidad internacional es creciente y explícita, dada la gravedad del contexto de indefensión y desatención de los activistas.

El caso de Dagoberto Álvarez Claro, líder comunal asesinado este fin de semana en la vereda Miraflores, del municipio Playa de Belén, en Norte de Santander, es revelador: desde 2018 había reportado a la Fiscalía amenazas en su contra, y aunque su caso fue reportado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encontraba sin ningún esquema de protección.

Antioquia, los Santanderes, Chocó, Cauca y Valle están entre los departamentos más peligrosos para los líderes. Pese a los esfuerzos oficiales, ONG como Amnistía Internacional señalan que hay carencias en la interpretación de los contextos para fijar las medidas de seguridad a los activistas, y que no basta con chalecos antibalas y otros equipos.

La crudeza de la situación le impone al presidente Iván Duque acentuar sus políticas y exigencias de protección y resultados desde la Policía Nacional y la UNP. En cuatro meses de 2019 (enero-abril), la Cidh y la ONU han podido verificar 21 de los 51 asesinatos informados desde Colombia.

Cada vez más se desvanecen las hipótesis según las cuales en los homicidios mediaban móviles domésticos, pasionales y de otras circunstancias personales de los líderes. Desde el 1 de enero de 2018 al 30 de abril pasado, fueron asesinados 317 líderes.

No puede haber zonas grises ni dilaciones ni posturas tibias ni promesas. Esta matanza reclama acciones inmediatas y concretas.

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