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Editorial

Los diálogos regionales

En las regiones puede encontrarse cauce eficaz para la solución de problemas que no pueden esperar decisiones inmediatas del Gobierno central. En la Gobernación de Antioquia hay un liderazgo conciliador.
Los diálogos regionales
ilustración morphart Publicado el 13 de mayo de 2021

Aunque se hable genéricamente del paro nacional, el seguimiento informativo de las manifestaciones deja saber que lo que hay es una pluralidad de movimientos, algunos más numerosos que otros, con peticiones y reivindicaciones muy distintas, sectoriales –es legítimo que las tengan, las expresen y defiendan– y que muchas de ellas no adhieren a la representación o vocería que otras dicen tener sobre la globalidad del movimiento.

Se suele, también, fijar mayor atención, por lo menos en la sucesión cronológica inmediata de los hechos, en las magnitudes de las marchas, si transcurren o no pacíficamente, en ciertos mensajes exhibidos o pancartas llamativas, que en las peticiones de fondo, en las pretensiones de los manifestantes y sus programas de cambio. Cuando este ejercicio se hace, afloran los intereses contrapuestos, incluso excluyentes, de los diversos pliegos de peticiones, cuya posibilidad de llevarlos efectivamente a cabo depende de la capacidad de movilización política que tenga el sector que los promueve.

También se deriva de esta pluralidad de movimientos una concentración en manos del gobierno central, y en concreto en el presidente de la República, como destinatarios de las exigencias de solución de esas pretensiones. Buena parte de la clase política se pliega a este mecanismo de presión, eludiendo sus propias responsabilidades en el estado de cosas que origina tanto malestar social. Se ve a políticos de la oposición, independientes o incluso de la coalición de gobierno, jaleando los paros, cuyo ruido tapa el deber de rendición de cuentas sobre qué han hecho ellos mismos desde el poder Legislativo para aminorar las desigualdades, la inequidad, la pobreza, la falta de acceso a la educación o a las oportunidades laborales.

Hay un repetido discurso sobre la concentración del poder en unas mismas castas y de la supuesta exclusión de movimientos alternativos y populares. La revisión de los resultados de la elección popular de alcaldes –desde 1988– y gobernadores –desde 1991–, de diputados a las Asambleas y de concejales, pone en su justo lugar esas afirmaciones. Para mencionar solo a Bogotá, varios dirigentes de izquierda han sido alcaldes de la capital, y suman periodos continuos de gobierno allí. Alguna responsabilidad tienen en la configuración actual del poder político en Colombia.

Las autoridades regionales, a propósito, tienen ese papel fundamental a la hora de canalizar mesas de diálogos sectoriales. Son más accesibles para esas rondas de conversaciones, tienen mayor contacto con la población y una visión más directa de los reales problemas y carencias de las comunidades.

En Antioquia ya comenzaron a funcionar, con una primera ronda con representantes de los jóvenes. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, ejerce un liderazgo conciliador. No carga en su fuero interno con el peso de resentimientos sociales, no promueve divisiones, no atiza odios y tiene la enorme ventaja de concitar confianza, bien ganada al no ser propagador de falsedades ni mentiras como mecanismos artificiosos de acción política. No ejerce su cargo en virtud del voto popular pero tiene la legitimidad de representar el programa de gobierno mayoritariamente respaldado en las urnas en octubre de 2019 y la que día a día se ha ganado con su altura de miras y ejecución de ideas para el bien común.

Muy importantes estos diálogos regionales con gobernadores y alcaldes. Pueden ser provechosos y eficaces, en la medida en que también con ellos se puede hacer realidad una visión menos centralista –por parte de todos los actores de los diálogos– y servir de plataforma para la verdadera realización de las soluciones que las regiones llevan mucho tiempo esperando

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