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Fue esta que termina una semana movida, turbulenta en noticias y llena de sobresaltos. Tantos, y en particular concentrados en la administración de justicia, que muchos analistas se han visto impulsados a anunciar una especie de catástrofe institucional que dejará prácticamente en situación de postración el funcionamiento normal de la estructura del Estado.
¿Es así? ¿Puede hablarse de una crisis irreversible e irresoluble? Para decirlo directamente, no. Los hechos acaecidos son delicados, son impactantes, generarán consecuencias -jurídicas y políticas- pero las vías institucionales siguen operando, y por los cauces normativos y democráticos todos pueden encontrar formas convenientes de gestión.
La Sala de Revisión de la JEP decidió no autorizar el trámite de extradición del exjefe de las Farc alias “Jesús Santrich”. Dijo que no tenía pruebas suficientes para decidir la fecha de la supuesta comisión del delito que se le atribuye al exguerrillero y -esto sí severamente cuestionable- que para asegurar “una paz estable y duradera” lo más conveniente es que el procesado sea juzgado en Colombia. Ante esto, aún caben recursos, como el de apelación que interpondrá la Procuraduría General de la Nación.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dice que su concepción del Estado de Derecho y su conciencia no le permiten cumplir la orden dictada por la JEP de liberar de inmediato a “Santrich”. Pues bien, es una decisión que, aunque genere revuelo, es legítimo que asuma. Mejor su renuncia que su desacato a una orden judicial, así sea de un tribunal que no le merece confianza. La Constitución establece el curso que deben seguir las ramas del poder público para designar nuevo fiscal: terna escogida por el Presidente de la República para que, de ella, la Corte Suprema de Justicia designe a quien considere el más apto para el cargo. La Fiscalía debe seguir funcionando.
Por otro lado, se produjo la renuncia -prevista- de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Habría sido conveniente esperar unos días, para que no coincidiera con pleno revuelo por la polémica fiscal-JEP. Pero, ya producida la dimisión y su inmediato reemplazo por una jurista respetable, la magistrada Margarita Cabello, la marcha del gabinete debe y puede seguir según los ritmos y directrices que le marca el presidente Iván Duque.
Hay que hacer referencia, necesariamente, a las ideas que vuelven a resurgir sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No se sabe si estas propuestas saltan como mecanismo reactivo ante las vicisitudes de la justicia o como propuesta meditada habiendo sopesado las consecuencias de una Constituyente que nadie sabe con qué puede salir.
Insistimos en los caminos institucionales. Y dentro de ese cauce institucional está, por supuesto, el ejercicio de la política. De la buena política. Se equivocan quienes siempre están diciendo que determinados temas no se deben politizar. Lo que no se deben es usar con fines electoralistas, de menudeo de votos. Pero de alta política es la filigrana que hay que poner en marcha para acordar entre las fuerzas con genuino origen democrático -legitimadas en las urnas- los grandes ejes de las reformas que deben abordarse sin demoras.
El presidente Iván Duque tiene la voluntad y, por cierto, la legitimidad para iniciar la búsqueda de esos acuerdos políticos. Debe activar una nueva batería de iniciativas con acuerdos en el Congreso sin traicionar su compromiso de no intercambiar gabelas indebidas con los congresistas. El Presidente hará una ronda de contactos con líderes de los partidos y lo que el país espera es altura de miras de ellos y un paquete de medidas que apunten de verdad al bien común.