viernes
7 y 9
7 y 9
Los hechos y el paso de los días le mostraron al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que no es lo mismo mover fichas en un gabinete municipal, donde se remplaza a secretarios y subsecretarios con relativa facilidad y sin que falten decenas de pretendientes a los cargos, que remplazar los asientos vacantes de juntas directivas de organizaciones de primer nivel, máxime cuando tales vacantes son generadas en el precedente de que no fueron instancias a las cuales el alcalde les respetó su investidura.
De emitir mensajes en el sentido de que llenar los asientos era cuestión de horas, se alargó a días y en el interregno se sabía que profesionales de variada condición declinaban ser parte de las juntas de EPM o de Ruta N. Unos aceptaron y luego declinaron, como el abogado Alberto Preciado (EPM), o fueron anunciados y enseguida precisaron que no habían aceptado, como Juan Carlos Archila (Ruta N).
También dijo el alcalde que “tengo respeto por todos los exalcaldes y gobernadores, pero no habrá ninguno en la junta” (entrevista a El Tiempo, 15/08/2020), para ayer anunciar que uno de los designados es el exalcalde de Medellín Omar Flórez. Con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el expresidente de Isagén, Luis Fernando Rico, la gerenta de la revista Semana, Sandra Suárez, y el exmagistrado Jorge Iván Palacio, quedarían faltando tres puestos, entre ellos los que por norma corresponden a los vocales de Comités de Desarrollo y Control Social, como representantes y defensores de los usuarios.
Convendría saber qué garantías de independencia recibieron los nuevos miembros al ser invitados a participar en la junta de EPM, y qué condiciones pusieron ellos para aceptar. En todo caso, habrán de empezar con firmeza un proceso de desarrollo armónico de la organización, plenamente facultados para cuidar y conservar un camino de cooperación entre el Estado, la academia y el sector privado, objeto este último de una estigmatización no solo absurda sino completamente contraria a las evidencias de su aporte al desarrollo común. Afirmaciones no fundamentadas en datos contaminaron un debate que debería ser diáfano y útil.
Aunque sus anuncios por Twitter pueden verse contradichos por sus hechos en cuestión de horas, sí hay que pedirle al alcalde que ejecute la promesa de “revisar el Gobierno Corporativo para ajustarlo a las mejores prácticas internacionales defendiendo siempre los intereses de EPM, con independencia, honestidad y transparencia” (trino del pasado 14 de agosto).
Si ese compromiso se dice con rectitud de intención y la transparencia sí va a asumirse en los sucesivo, no solo es lo que esperan los antioqueños (y los colombianos) sino que es el “mandato” ciudadano del cual quedan investidos los nuevos miembros de la junta directiva. Cuidar lo bueno es tan importante como aportar luces y entendimiento de los retos actuales y futuros para la buena marcha de la empresa.
El mensaje es claro: definan, con participación de expertos y sociedad civil, el modelo adecuado de gobierno corporativo, preséntenlo a la ciudad, divúlguenlo y asuman el compromiso de cumplirlo, asumiendo las consecuencias de no hacerlo. Ya hay muestras a la vista de lo que implica jugar con cartas ocultas, y eso no se puede repetir.
***
* La línea editorial definida por la Dirección de El Colombiano es autónoma. Por transparencia aclaramos que un miembro de nuestra junta fue parte de la junta de Ruta N y preside una de las empresas socias del consorcio sobre el cual EPM ha anunciado demandas por Hidroituango..