Gente del común, de la periferia rural del país, es la que golpean los ataques terroristas de las Farc contra la infraestructura y el transporte de petróleo. Las afectaciones no son pocas. En las comunidades aparecen enfermedades de la piel y gastrointestinales por la contaminación del agua y del aire. Mueren animales domésticos y fauna de los territorios manchados con el crudo.
Acaban de atacar un convoy de 19 carrotanques. El resultado: 5 mil barriles regados. En 2014 también atacaron otra caravana: 4 mil 500 barriles derramados. En Puerto Asís (Putumayo) y sus zonas rurales, la ciudadanía conoce muy bien los efectos: un entorno devastado, que tarda por lo menos diez años en recuperarse.
Las Farc saben que se trata de una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), porque impactan directamente bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, y que también violan derechos humanos (económicos y sociales). Pero, igual, su mensaje de intimidación y destrucción se repite.
Según Ecopetrol, en 2013 hubo en Putumayo 123 ataques contra la infraestructura petrolera. En el país se perpetraron 224. Hace tan solo diez días las Farc volaron el oleoducto de la región.
Se trata de acciones que reflejan cierto ensañamiento contra los recursos y la vida cotidiana de un departamento esencialmente ocupado por capas urbanas y campesinas que no sobrepasan el estrato cuatro. En su mayoría, poblaciones y caseríos habitados por sectores de estratos uno, dos y tres.
No es necesario un análisis exhaustivo para entender a quiénes perjudican estos actos tan irracionales y despojados de cualquier “efecto político-militar”, contra las que la guerrilla llamaría en su lenguaje caduco “estructuras de un estado oligárquico y saqueado por multinacionales”. Es mucho más vergonzoso y deleznable ver a una subversión que no renuncia a la brutalidad y a la violencia indiscriminada y desproporcionada, que solo deja ruinas y pérdidas materiales y humanas.
Un funcionario y habitante de Puerto Asís describió a este diario que los derrames de petróleo han alcanzado el río Cuembi, del que se abastecen de agua varias veredas. El crudo se filtra a los humedales y termina consumido por humanos y animales. Con el derrame de mayo de 2014, por ejemplo, “las personas empezaron a sufrir diarreas, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor; los niños tienen más enfermedades de la piel que se atribuyen al consumo de agua y peces contaminados (...) El agua bajó negra y pegajosa y se filtró a los humedales y dañó las cosechas de maíz y plátano y no se podía pescar”.
Pero las Farc, incluso en medio de un proceso de diálogo con el Gobierno para poner fin al conflicto, se desentienden de su obligación de respetar el DIH y de evitar tantos daños a la población civil. Dinamitan la esperanza de los colombianos de ver que, por lo menos mientras el proceso avanza en medio de las hostilidades, la guerrilla es capaz de no afectar a las comunidades.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos hizo la reflexión que se hace todo el país: “Ataques terroristas, ataques irracionales. Uno se pregunta: ¿Qué utilidad militar o de otra índole puede traer derramar petróleo para contaminar nuestras fuentes de agua?”.
La respuesta es sencilla: ninguna utilidad. Como tampoco la tiene para Colombia, a estas alturas de la historia, que existan las Farc.
