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En los primeros días hábiles de enero, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, anunció que el Ministerio a su cargo decidió suscribir con el gremio mayoritario de los ganaderos, Fedegán, un contrato por diez años para que reasuman la administración de los recursos del fondo ganadero y lechero. Este fondo se nutre de las cuotas pagadas, bajo la forma de contribuciones parafiscales, por los mismos ganaderos.
Para haber procedido así, el ministro de Agricultura esgrime una obligación legal derivada de dos leyes de 1993 (Ver Contraposición). La Ley 89 de ese año, en efecto, establece con nombre propio que el recaudo final y administración de las cuotas de fomento ganadero y lechero serán contratadas con Fedegán.
¿Por qué se levantó, entonces, cierta polémica, al retomarse esta forma de contratación, sabiendo que había sido suspendida por el gobierno anterior? Hay tanto razones de controversia política como decisiones jurisprudenciales recientes que apuntan a que el Gobierno debió haber convocado una licitación pública.
Es importante dejar clara la importancia que tiene el manejo de los recursos parafiscales. Estas contribuciones las hacen sectores particulares para efectos de inversiones y apoyos para el mismo sector, y sin embargo esos son recursos públicos, sometidos por tanto a la vigilancia y control de las entidades respectivas, como la Contraloría.
Este instrumento es especialmente importante en el sector agropecuario de acuerdo con los artículos 64, 65, y 66 de la Constitución Política, en los cuales se establece un imperativo al legislativo en el sentido de otorgar tratamiento especial a tal sector.
La parafiscalidad se ha constituido en un instrumento alternativo para otorgar recursos a la producción rural, ganadera y lechera, bienestar de los pequeños y medianos productores y fomento a la comercialización, entre otros muchos objetivos establecidos desde 1993. Otros sectores manejan fondos similares, como son los del café, el arroz, panela, cacao, ganado y horticultura, entre los más importantes.
El gobierno anterior, en particular el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, planteó una serie de inquietudes sobre el manejo de este fondo por parte de Fedegán. El presidente de este gremio, José Félix Lafaurie, aludió en todo momento a una persecución de tipo político por ser él un opositor al proceso de La Habana con las Farc.
Otro exministro de Agricultura de la administración Santos, Juan Camilo Restrepo, ha expresado serios cuestionamientos, legales y éticos, sobre el manejo del fondo por parte de Fedegán. Cita, entre otras, decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que obligarían al Gobierno Nacional a adjudicar el contrato mediando previo proceso de licitación abierto.
Y plantea el exministro Restrepo Salazar otros interrogantes derivados de lo que, a su juicio, ha sido falta de transparencia y omisión en las respuestas solicitadas a la Federación Nacional de Ganaderos por parte del anterior gobierno y de la Contraloría.
Esa serie de preguntas deben ser respondidas. Y las respuestas no pueden quedarse reducidas a decir que hubo una persecución política. Las diferencias políticas y electorales han sido públicas, notorias, y cada protagonista escogerá la forma de manifestarlas. Pero las claridades sobre la administración y destinación de unos recursos públicos, así tengan destinación específica, deben ser diáfanas y asegurar la máxima transparencia.