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Decía el pensador David Hume que todo el andamiaje del Estado se explica en función de una adecuada administración de justicia. De esta depende, en efecto, el orden social que se aspira a instaurar a partir de la normatividad jurídica. Robustecer el Estado; asegurar el imperio de la ley; garantizar honesta, pronta y eficaz administración de justicia. Pues bien, lo que puede advertirse en la evolución política de Colombia en los últimos tiempos no es un proceso de edificación institucional, sino todo lo contrario, uno de demolición, pues en lugar de enfrentar a los enemigos del Estado y del orden que el mismo debe asegurar, la tendencia dominante en muchos de los que ejercen influencia decisiva en la guía de nuestra sociedad es la claudicación ante las fuerzas disolventes que lo minan tanto desde la estructura del poder público como fuera de ella. Ante esa tendencia, los trasgresores de todo jaez tienen a su servicio micrófonos, cámaras de televisión y titulares de prensa, mientras que quien se manifieste como hombre de orden tiene que sufrir los rigores de la campana neumática que impide que su voz se haga sentir: está condenado al silencio.
La crisis de nuestro sistema judicial es buena muestra de esa penosa realidad. Padecemos una justicia ideologizada, politizada y, desafortunadamente, con claros visos de corrupción.
