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El mayor esfuerzo debe ser judicial. La Fiscalía General de la Nación tiene un reto, en términos de policía judicial, investigación criminal y contra el crimen organizado, que nunca se le había facilitado, porque siempre el objetivo central, el asunto que consumía los mayores recursos, era el conflicto interno.
Para la Fiscalía una de sus metas debe ser buscar y judicializar, allegar todas las pruebas, para que se pueda atacar esas organizaciones con efectividad. La Fiscalía aún no tiene las herramientas legales necesarias para atacar el crimen organizado en el país.
Las tuvo para perseguir a la insurgencia, pero muy poco para entender a estas bandas como grupos que tienen especialización y estructuras que emplean la violencia, de manera “profesional”, para controlar territorios y ejercer actividades ilegales que alimentan grandes patrimonios.
Lo que debe buscarse es proveer a la Fiscalía esas herramientas y que ella reoriente su capacidad en función de la lucha contra el crimen organizado. En el ataque a sus finanzas, pero sobre todo en el lavado de activos y la captura de sus jefes máximos, con pruebas que resistan los procesos y los jueces.
El sometimiento debe buscar ayuda en la delación y el desmantelamiento.
