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Que los magistrados de la Corte Constitucional hayan ofrecido rendir cuentas públicas de su actividad obedece a la crisis misma en la Corte, y en general de la administración de Justicia. Los tribunales hablaban antes en papel sellado, y no en ruedas de prensa, pero la situación ahora es tan particular que se han sentido obligados a rendir cuentas, algo más propio de los gobiernos.
El caso Pretelt eventualmente generará responsabilidades penales y disciplinarias que deberán ser determinadas por el órgano competente, aclarando si se configuraron faltas o delitos. Pero lo que no puede generar este caso es un proceso improvisado de reformas a la justicia. La reforma judicial se necesita hace rato, y este gobierno la ha ofrecido de forma reiterada con los cinco ministros de Justicia que ha tenido, todas fracasadas. Sin embargo, van a hacer algo que ningún médico recomienda: operar al paciente con fiebre.
En el tema de las ternas para magistrado de la Corte Constitucional que debe presentar el presidente, efectivamente el decreto firmado esta semana no salió con nada. Juristas respetables no se van a someter a ese procedimiento. A lo que debe comprometerse el Presidente (este o cualquier otro) es a no ternar a nadie que haya sido funcionario de su gobierno.
