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En términos generales es importante que se apoye una política de sometimiento a la justicia de estos grupos ilegales violentos, para combinarla con una política de contención a través de la fuerza. Está en mora de hacerse.
Lo segundo es que no estoy tan convencido de que lo principal que haga falta sea una regulación legal al respecto. Hace unos años, por ejemplo, trató de desmovilizarse un grupo de alias “Cuchillo”, en el Llano, y la Fiscalía sostuvo que no lo podía recibir porque no tenía un procedimiento para desmovilización colectiva y que se requería una orden de captura para poder recibirlo. Un absurdo: estaban en flagrancia y eran parte de grupos paramilitares. Eso no obedeció a falta de instrumentos legales, tal vez sí a falta de capacitación y voluntad. Por eso quedó la impresión de que sí se necesita un mecanismo que regule entregas colectivas, por eso este proyecto de ley no hace daño, es pertinente. Se requiere voluntad política.
No estoy seguro de qué tan atractiva es la oferta en la nueva ley para la desmovilización, porque en las revisiones iniciales —no conozco los detalles finales— las rebajas no eran tan sustanciales. Pero sirve que se ayude a acabar el daño tremendo que causan a líderes y comunidades, mediante una flexibilización.
