Además de él, a este proceso también se unirá José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), otro de los pesos pesados en la historia del crimen de Medellín. ¿Cómo será su participación? En este artículo elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagamos sobre esa situación.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está preso en la cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Foto de archivo.

El anuncio se hizo en la cárcel de Itagüí, en el marco de un evento de socialización de compromisos en el que participaron miembros de ambas delegaciones, el 19 de diciembre de 2024.

“En la perspectiva de entender estas violencias en su sentido histórico, le damos la bienvenida a la mesa en calidad de gestor de paz a Diego Murillo, conocido en otras épocas como ‘don Berna’”, afirmó Sebastián Murillo (“Lindolfo”), vocero de las bandas.

Este nombramiento estuvo precedido por una designación del Gobierno, que el mes pasado les otorgó el estatus de gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales figuran Murillo, Hernán Giraldo, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Ramón Isaza (“el Viejo”) y Salvatore Mancuso, entre otros.

“Don Berna” fue una de las primeras figuras de la criminalidad que levantó la mano para participar en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, justo cuando este subió al poder en agosto de 2022. En ese entonces, envió una carta desde su celda en Estados Unidos, poniéndose a disposición para participar en procesos de verdad, justicia y reparación.

Hay que recordar que Murillo fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego lideró las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”.

Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Estuvo en los diálogos de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe, en 2008 fue extraditado y luego condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.

En el evento público con el Gobierno, aparecieron estos voceros de las bandas, de izquierda a derecha: “Albert”, “Juan XXIII”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “el Saya”, “Douglas” (de tapabocas) y “Tom” (tapado). Foto de cortesía.

Detrás de su postulación como gestor de paz, hay una serie de gestiones de sus abogados durante los últimos dos años, tratando de impulsar una norma que permita la repatriación de colombianos encarcelados en Estados Unidos, la cual beneficiaría a “don Berna”. Este tipo de acuerdos ya se aplican con otros países, como China.

A juicio de su abogado Michel Pineda, quien también es asesor jurídico de la mesa de paz urbana del Aburrá, la repatriación de los antiguos capos permitiría retomar procesos de verdad y reparación que se han perdido con la distancia.

El jurista indicó que, en términos prácticos, Murillo cumplirá las funciones de gestor de paz a la distancia, desde la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte.

La idea es que participe mediante teleconferencias, pero esto implica un problema extra que ya padeció el pasado 10 de diciembre. “Iba a participar en un evento del Día de las Víctimas, en la finca Quirama de La Ceja (Antioquia), organizado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él tenía toda la voluntad e hicimos las gestiones, y yo viajé a la cárcel, pero la Cancillería incumplió su compromiso de tramitar los permisos con las autoridades de EE.UU. y él no pudo conectase a la cita”, dijo Pineda.

EL REGRESO DE “DOUGLAS”
Otra de las novedades anunciadas fue la designación de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) como vocero de las bandas urbanas. Este cabecilla de las organizaciones “la Terraza” y “la Oficina” estaba preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue trasladado a la de Itagüí para sumarse a las conversaciones.

“Douglas” está preso desde 2009, pagando una sentencia de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lleva décadas liderando el crimen organizado de Medellín y su área metropolitana, por lo que “su autorización” fue clave para que muchas bandas se integraran a la mesa de diálogos sociojurídicos. Ahora pasará a tener un rol más protagónico.

Muñoz arrastra padecimientos de salud, relacionados con la diabetes mellitus y una enfermedad coronaria ligada al mal funcionamiento de una arteria. Sus abogados han tratado, en vano, de lograr una excarcelación para que siga cumpliendo su pena en detención domiciliaria o libertad condicional.

Gracias a su inserción en el proyecto de “paz total”, por lo menos lograron su traslado al Valle de Aburrá. En el evento de socialización, estuvo presente en la mesa principal portando un tapabocas.

“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Por ese motivo saludamos la incorporación física y plena de Leonardo Muñoz Martínez, ‘Douglas’, al equipo de voceros y la mesa de Itagüí. Su participación es definitiva para el éxito del proceso”, recalcó el vocero Sebastián Murillo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), jefe de “la Oficina” y “la Terraza”. Foto de archivo.

El arribo de Muñoz y la designación de Murillo fueron cuestionados por voces críticas de la mesa de paz. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y actual concejal de Medellín, lo consideró “una falta de respeto”.

“Con estas acciones demuestran que sí tienen un control evidente sobre las estructuras en el Valle de Aburrá. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se está haciendo la ciega para imputar la línea de mando? Están gobernando desde las cárceles con la complicidad del Gobierno”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto está el famoso Pacto de La Picota. ‘Douglas’ estuvo allá y ahora está en Medellín, y todo lo que en su momento se denunció, se está cumpliendo. Sin marco jurídico, por encima de la ley, sin la cabeza de los jueces, están pasando por encima de los colombianos y de los medellinenses”, agregó.

El Pacto de La Picota, como lo denominó la oposición, fue una serie de reuniones entre delegados de la campaña presidencial de Gustavo Petro y varios peces gordos de la criminalidad congregados en esa cárcel de Bogotá, a principios de 2022.

Aunque Petro explicó que dichas reuniones, lideradas por su hermano Juan Fernando, eran solo para explicar su política de paz, quedaron en el aire muchos cuestionamientos, y se especuló que allí se transaron votos a cambio de beneficios jurídicos si el Pacto Histórico llegaba al poder.

Tras el arribo de “don Berna” y “Douglas”, las bandas del Valle de Aburrá se comprometieron a suprimir las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero, como una muestra de su voluntad de paz y el reflejo de que, aún tras las rejas, conservan el poder en varias comunas.

El Inspector.

Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

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A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.