Ahora la expectativa corre por cuenta de una investigación judicial, que busca establecer si los representantes de la firma constructora son responsables de homicidio culposo múltiple. Este es un análisis del caso, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo. 

Las víctimas fueron un inquilino de Space, un celador y 9 trabajadores (entre ingenieros, soldadores y obreros). Foto de Juan Antonio Sánchez.

El peor escenario judicial posible para los representantes de la constructora Lérida CDO, sería una condena por homicidio culposo y, aún así, podrían no pagar un solo día de cárcel.

La cuestión quedó servida ante el anuncio del fiscal General, Eduardo Montealegre, respecto al inicio de “una investigación penal por homicidio y lesiones personales” en la tragedia de la urbanización Space de El Poblado.

El pasado viernes 11 de octubre aparecieron grietas profundas en la torre 6 del conjunto cerrado, por lo cual fue evacuada. Un ingeniero de la empresa declaró que no había riesgo de colapso y por eso varios trabajadores estaban en el lugar cuando se derrumbó, a las 8:20 p.m. del día siguiente. ¿Culpa o accidente?

El expediente está en manos de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), y las diligencias las adelantan investigadores del Grupo de Vida del CTI. Las pesquisas están en etapa de indagación preliminar, es decir, acopiando indicios para ver si es posible abrir una investigación formal en el ámbito de la justicia penal.

Se han recopilado documentos y entrevistado a unas 20 personas, entre testigos, vecinos y residentes del conjunto, y será llamado a responder interrogatorio el representante legal Pablo Villegas Mesa.

Fuentes cercanas a la investigación contaron que, para que prospere o se extinga un eventual proceso por homicidio, la prueba reina serán las conclusiones del comité de peritos, del cual hacen parte el Dagrd, el CTI y otros expertos. Este equipo hará un estudio de los materiales, la consistencia del concreto, los suelos y demás. Por lo general, un informe de peritazgo tarda de 15 a 40 días, pero por la magnitud de la tragedia los investigadores no se atreven a fijar plazos.

“Por ahora la posibilidad de imputar un homicidio culposo es remota, a menos que los peritos concluyan que los materiales empleados en la torre 6 eran inadecuados o hubo mal uso de ellos”, contó un funcionario, quien solicitó la reserva de la identidad.

Otro delito que podría imputarse sería daño en bien ajeno (artículo 265 del Código Penal), aunque este requiere la instauración de una denuncia formal de parte de la víctima, y hasta ahora no había ninguna formulada. Sin embargo, algunas damnificados manifestaron que “hay abogados cayendo como buitres para poner demandas”.

En el hipotético evento de abrir la investigación formal, las responsabilidades estarían en cabeza de la constructora y la interventoría, que en el caso del proyecto Space están cobijadas por la misma firma.

El fiscal Montealegre, sin embargo, fue más allá en la cuenta de las personas que podrán ser investigadas: “El enfoque se va a centrar en los constructores, ingenieros, las personas que desarrollaron los planos técnicos y las autoridades y los involucrados en la autorización para la construcción del edificio”.

En las pesquisas iniciales, indicaron las fuentes, ha habido recelo de parte de los propietarios de varias urbanizaciones vecinas. La razón es que, de confirmarse un problema de suelos, todos esos predios se desvalorizarían.

Otra de las cosas que ha llamado la atención de los funcionarios de la Fiscalía, es que “todo el mundo está anunciando investigaciones, Personería, Defensoría, Alcaldía, Vicepresidencia, pero aquí nadie ha aportado elementos, nosotros trabajamos independientes”.

En medio de la debacle, usuarios en las redes sociales han reclamado cárcel para los posibles culpables. Sin embargo, de haber condena, eso sería improbable.

“Aquí hemos tenido muchos casos de homicidio culposo, la mayoría por accidentes de tránsito, y la pena no supera los cinco años. Y si tiene en cuenta los preacuerdos, la reducción puede ser de entre una tercer parte y la mitad de la sentencia. Mejor dicho, así los condenen por las 11 víctimas, no van a ir a prisión, cuando mucho una detención domiciliaria”, precisó un servidor de la Unidad de Vida de la Fiscalía, que también pidió la reserva de su nombre.

El artículo 109 del Código Penal reza: “El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses (2,6 a 9 años). Y en el caso de un daño en bien ajeno, por lo general se resuelve con conciliación.

El efecto de una condena penal podría sentirse con más fuerza en la justicia civil, donde serviría como insumo para los denunciantes.

Por ahora, Lérida CDO delegó al abogado Henry Solano Vélez para atender su defensa jurídicopenal; en la parte civil, está Luis Gabriel Botero Peláez; y como conciliador con los afectados, el exsecretario de Gobierno y exasesor de Paz de Medellín, Gustavo Villegas.

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El Inspector.