Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.