Los hechos se presentaron en Medellín, Caldas e Itagüí, y aunque al parecer no guardan relación entre sí, son el reflejo de que febrero será un mes con preocupantes niveles de violencia en la región.

En este automóvil viajaban los hombres acribillados, presuntamente, por sicarios de “los Mondongueros” en el barrio Altamira de Medellín. Foto de cortesía.

El 9 de febrero comenzó esta mala racha, en la vereda Salinas del municipio de Caldas, donde abalearon a Diego Alejandro Zapata Gil (“Lechera”), de 33 años, y a Sebastián Herrera Restrepo (“Ruffo”), de 30.

Los dos acababan de salir de una reunión con otras personas, en cercanías al peaje que conduce a la vecina localidad de Amagá, cuando fueron atacados; uno murió en la vía y el otro, que abordó una moto, fue perseguido varias cuadras por sicarios motorizados, que le dieron alcance y lo aniquilaron.

Los investigadores creen que los difuntos participaron en una junta de traficantes de drogas del Suroeste antioqueño, la cual terminó con desacuerdos.

El 10 de febrero a las 6:00 p.m., en el barrio Altamira del noroccidente de Medellín, tres hombres viajaban en un automóvil. Cuando se detuvieran cerca del hospital Pablo Tobón Uribe, fueron interceptados por asesinos en motocicleta, quienes acribillaron a dos de los ocupantes.

Los muertos fueron Johnatan Camilo Ayala Calvo (“Viru”), de 25 años, y Breiner David Bedoya González (“Piercing”), de 21. El sobreviviente relató a los investigadores que todos eran de Castilla, y que antes del crimen venían de vender oro en el barrio Conquistadores.

Ayala Calvo tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. De acuerdo con la teoría inicial de la Policía, el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas interno en la banda “los Mondongueros”.

Las autoridades ofrecieron $20 millones de recompensa para quien ayude a esclarecer ese doble homicidio y entregue información que permita capturar a varios integrantes de esa organización, como Juan Guillermo Parra Molina, quien fue reseñado en un cartel de los más buscados, junto a los alias “Chichón”, “el Tío”, “Víctor M”, “Mortadelo”, “Frentón”, “Pezuti”, “Beata”, “Cepillo”, “Gaitán” y “Cuquis”.

El nuevo volante de los más buscados de la banda “los Mondongueros”, repartido por la Policía la semana pasada. Foto cortesía.

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A las 7:00 a.m. del 16 de febrero, en calle 85D con la carrera 34, en el barrio Las Granjas de la comuna de Manrique, dos hombres murieron a bala. De acuerdo con la investigación preliminar, varias personas estaban bebiendo licor desde la noche anterior y la hipótesis es que hubo una fuerte discusión entre los borrachos, después de la cual uno de ellos le disparó a otro.

El coronel Daniel Mazo, comandante Operativo de la Policía Metropolitana, narró que después de esto apareció un tercer hombre, quien asesinó a otro de los presentes.

Perdieron la vida Jeferson Osorio Ramos, de 25 años y conocido como “Huevo”, quien conducía un vehículo particular adscrito a las APP de transporte informal; y Gregory José Cortés Ruiz, de 38, empleado de una empresa de seguridad en el trabajo.

Como presunto responsable fue capturado el tercer hombre, un reconocido consumidor de droga del vecindario, de 36 años, quien trató de huir del lugar, sin éxito. En su escape arrojó un buzo que tenía una pistola envuelta; luego se metió a una casa, y cuando los uniformados ingresaron, le encontraron otra pistola y un arma de fogueo.

El mismo 16 de febrero, en la vereda El Ajizal, del municipio de Itagüí, asesinaron a otro par de jóvenes. Sucedió a las 11:00 p.m., cerca de una parroquia, y las víctimas fueron Luis Gerardo Urán Ortiz, de 21 años, y Yerixon Stiven Figueredo, de 22, ambos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con testigos, cuatro hombres armados entraron a una casa y les dispararon; en el hecho, otro inquilino resultó con una herida leve en el rostro. Los vecinos trataron de llevar a los lesionados a un centro médico, pero en el camino se percataron de que habían muerto, así que decidieron dejarlos en la calle hasta que llegara la Policía.

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El Inspector.

En esta zona, ubicada en el norte de la localidad, los habitantes se han quejado históricamente por la falta de rutas de buses y un servicio de transporte eficiente que alcance a cubrir toda la demanda. El vacío ha sido llenado por los “chiveros”, conductores particulares que llevan a los ciudadanos desde el centro hasta los vecindarios semirrurales. Las personas, dependiendo de la distancia, pagan entre $2.000 y $3.000 por el pasaje.

Esta actividad, que no está legalizada, es explotada por la banda “el Ajizal”, que delinque hace más de 10 años y exprime los bolsillos de los choferes para aumentar sus rentas ilegales. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escena del crimen en la vereda El Ajizal de Itagüí, donde el 19 de mayo de 2020 mataron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila. Foto de Carlos Velásquez.

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, le contó a El Colombiano que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, cada “chivero” debe pagar una cuota de $4 a $5 millones de pesos, por el “derecho” a poder transportar personas en la ruta controlada por la facción.

Adicionalmente, por cada día de trabajo deben cancelar entre $25.000 y $30.000, según la cantidad de viajes que hayan hecho. Según las autoridades, son cerca de 18 vehículos los que pagan esta extorsión, con excepción de los automotores de la propia banda, que también incursionó en el negocio.

Datos del Gaula Metropolitano indican que “el Ajizal”, además de actuar en la zona del mismo nombre, extiende sus tentáculos a las veredas Los Gómez y El Porvenir, y a los barrios San Pablo y La Hortensia. Su prontuario incluye narcotráfico, sicariato, extorsiones, pagadiario, desplazamiento forzado y loteo ilegal de predios, en particular en áreas de invasión.

Su dominio sobre “los chiveros” empezó a ser competido por clanes familiares de El Ajizal, lo que provocó las violentas disputas que hoy tienen en ascuas a la población.

LA VIOLENCIA
El primer round de esta pugna se conoció el 14 de marzo de 2019, cuando cinco pistoleros interceptaron al conductor de un Renault Logan, Wilson Vásquez Olaya, en una carretera de El Ajizal, lo golpearon, le hicieron disparos al carro y le prendieron fuego. Para remarcar su acción terrorista, grabaron el ataque y lo difundieron por redes sociales.

El chofer, de 29 años, los denunció por lo sucedido y las retaliaciones no se hicieron esperar. El 1 de enero de 2020 le hicieron otro atentado, al cual sobrevivió, hasta que el siguiente 15 de enero fue acribillado por un sicario que simuló ser un pasajero, en la parte alta de la vereda.

Un segundo asesinato se produjo el 19 de mayo, detrás de la parroquia Ermita de la Santa Cruz. Allí citaron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila, de 28 años, y le dispararon a sangre fría.

Habitantes del sector informaron que la situación de violencia disminuyó la afluencia de estos vehículos, perjudicando la movilidad de la zona. Varios taxis de servicio público aprovecharon para ofrecerse como colectivos y, de manera irregular, transportar a la gente.

Boris Castaño, analista del conflicto urbano y miembro de la Corporación Innova, Idea, Estrategia (I2E), narró que el aprovechamiento del fenómeno de los “chiveros” por parte de los combos en el Valle de Aburrá va mucho más allá de la extorsión.

“A los miembros de ese gremio los presionan para que se conviertan en informantes y alerten sobre movimientos de la Fuerza Pública y personas extrañas; para transportar armas, drogas y delincuentes de un lado a otro; y para que se conviertan en clientes del pagadiario de las bandas”, comentó.

Frente a esta instrumentalización, los choferes suelen guardar silencio por miedo y porque “su misma informalidad los expone a que no puedan realizar una denuncia penal, porque ellos mismos están por fuera de la norma, eso los hace más susceptibles a la influencia de los grupos delincuenciales”, opinó el experto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El secretario Otálvaro señaló que la Fuerza Pública y el aparato judicial están concentrados en atacar esa problemática, y resaltó que del combo “el Ajizal” ya han sido capturados varios integrantes de relevancia, como alias “Sony”, “Máquina”, “Páncreas” y “el Diablo”, involucrados en los crímenes reseñados.

Los investigadores están tras la pista de “Chivú”, el cabecilla del grupo, quien habría salido huyendo de la ciudad. Por información que lleve a su arresto hay $10 millones de recompensa.

La persecución contra el crimen organizado en la vereda se complementa con vigilancia de drones, patrullajes del Ejército en la parte alta, guías caninos para ubicar a los traficantes de droga y un grupo de reacción policial de 22 efectivos, con motos de alto cilindraje.

“Tenemos el proyecto de construir una nueva sede para el Gaula, lo que va a mejorar nuestras capacidades”, dijo Otálvaro, quien en su pasado fue suboficial de la Sijín.

A la fecha se han presentado 24 homicidios en Itagüí y 11 personas han sido capturadas en flagrancia por ese delito.

Frente a los “chiveros”, cinco de sus vehículos han sido inmovilizados por tener placas adulteradas o incumplir con la revisión técnico mecánica.

La solución al problema de El Ajizal también pasa por resolver el vacío en la movilidad. “Las informalidades surgen de las necesidades, aquí hay una cobertura insuficiente del transporte público, lo que podría resolverse gestionando rutas formales. No hay que olvidar la necesidad de la ciudadanía”, precisó Castaño.

Al respecto, Otálvaro manifestó que no puede dar fe de que vaya a haber una ruta de buses para la zona en el corto plazo, pero dijo que el alcalde José Fernando Escobar ya está gestionando soluciones de transporte legal.

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El Inspector.