La víctima se llamaba Jorge Elías Hincapié Arenas, de 50 años de edad, 20 de ellos como empleado de la Secretaría de Tránsito de la localidad.

Jorge Elías Hincapié laboraba en la Secretaría de Tránsito desde 1994. La Alcaldía ofreció recompensa por información que ayude a resolver el caso, pero no especificó el monto. Cortesía.

El ataque sucedió a las 5:30 a.m. de este martes (septiembre 23), cuando el servidor público subió a su carro Renault Clio y salió de la casa, desde donde al parecer lo venían siguiendo. Cuatro cuadras más adelante, en límites del barrio La Paz con el sector Señorial, los mercenarios lo alcanzaron y dispararon en al menos ocho oportunidades con un arma de calibre 9 milímetros, según fuentes judiciales.

Cuando los sicarios huyeron, Hincapié fue auxiliado y trasladado a la Clínica de la Policía, donde falleció a los pocos minutos.

En la actualidad, el funcionario era un destacado sindicalista de su gremio y participaba activamente en la creación de una seccional para Envigado de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (Andett). Además, hacía poco se había graduado como delineante de Arquitectura. Sus compañeros no sabían de amenazas en su contra, según dijeron.

La secretaria de Tránsito de Envigado, Adriana Muñoz, lo describió como “un líder, muy culto y hábil para dialogar. Estamos aburridos, tristes, no encontramos la razón”.

El Inspector.

La víctima, el investigador Fredy Baena Valencia, pertenecía al Grupo Caninos de la Seccional Medellín, encargado de dirigir los perros adiestrados en tareas de rescate, narcóticos y detección de explosivos. También estaba vinculado a una investigación por corrupción.

Baena era un veterano investigador del CTI en Medellín. Foto archivo.

Su cadáver fue hallado a las 10:00 p.m. de este jueves (15 de mayo), en un paraje de la vereda El Saladito, en el municipio de La Estrella, en el otro extremo del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que él vivía en la localidad de Bello.

Sus compañeros narraron que tenía las muñecas talladas, como si hubiese estado amarrado; laceraciones en la espaldas y moretones en la cara, que evidenciaban una tortura. Un proyectil de arma de fuego lo impactó en la cabeza, arrebatándole la vida. Cerca del cuerpo estaba su motocicleta de alto cilindraje Yamaha XT660.

El pasado 5 de marzo, Baena y otros dos investigadores del CTI, al igual que cinco militares (un capitán y cuatro suboficiales), fueron capturados en un operativo conjunto anticorrupción de la Fiscalía y el Ejército.

Según la denuncia instaurada por un ciudadano, en la madrugada del 20 de noviembre de 2013 llegaron varios vehículos militares a su residencia en El Poblado, en el suroriente de Medellín. Unos hombres con atuendos del CTI y el Ejército allanaron la propiedad y registraron al ofendido y a sus escoltas, robando dinero, joyas, celulares de alta gama y armas, por un valor de 500 millones de pesos.

Fue por esta acción que Baena y los otros siete servidores públicos fueron arrestados, de acuerdo con Róbinson Sanabria, jefe de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Investigación de Funcionarios Judiciales. Les abrieron cargos por hurto calificado, peculado por uso y falsedad en documento público.

Pero ocurrió algo insólito en este caso. La ley exige que todos los detenidos deben ser presentados ante un juez de control de garantías dentro de un plazo máximo de 36 horas después de la captura. La audiencia se realizaría en Bogotá y las autoridades no pudieron cumplir ese tiempo, por lo que los ocho procesados fueron dejados en libertad.

Para rematar, Baena, pese a estar inmerso en la investigación penal, no fue separado de su cargo. Tampoco asistió un mes después a la citación para la audiencia de imputación de cargos. A sus 38 años seguía vinculado al CTI, hasta el último día de su vida.

Sobre el fallecido circulaba también una información en los pasillos judiciales e internet, según la cual tendría relaciones clandestinas con integrantes de las bandas “los Chatas” y “El Mesa”, de Bello. No obstante, esta situación no fue confirmada y nunca le abrieron un expediente por ello.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del último día de Baena, tratando de establecer si fue raptado en algún sitio, o citado a un lugar para matarlo.

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El Inspector.

Wilmar Isaza, asesinado en el barrio La Avanzada de Medellín. Cortesía.

Un feroz ataque a cuchillo terminó con la vida de Wilmar César Isaza Naranjo, empleado de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el funcionario se encontraba en un establecimiento de billares a la 2:00 de la madrugada de este domingo 10 de noviembre, en el barrio La Avanzada del nororiente de la ciudad. Este es el reporte del hecho, elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

De repente ingresó un hombre y lo apuñaló, ante la mirada atónita de varios testigos. Salió corriendo del lugar, para ser detenido posteriormente por la Policía, en una vivienda de la zona.

Germán Darío Giraldo, director Seccional de Fiscalías de Medellín, señaló a que, presuntamente, “el agresor era conocido de la víctima, enemigos por un problema personal”. Y añadió: “Por el momento, este homicidio no tiene nada qué ver con su trabajo en la Fiscalía, eso está claro”.

Isaza Naranjo laboraba en la Dirección Administrativa, en el Área de Archivo, como repartidor de correspondencia interna. Residía en La Avanzada.

Giraldo indicó que, por la forma en que se presentó la captura, lejos de la escena del crimen y sin orden de allanamiento, es probable que el juez de control de garantías le dé libertad al sospechoso. “En ese caso, vamos a seguir la investigación y expedirle orden de captura”.

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El Inspector.

La víctima se llamaba Gerardo Durango y se desempeñaba como escolta en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Así encontraron al funcionario, en una calle de La Colinita. Foto de Pablo Santa.

El automóvil Optra gris estaba en una vía pública del barrio La Colinita, al parecer desde la noche del viernes pasado, pero solo hasta las 8:00 a.m. de ayer despertó las sospechas del vecindario, pues en la ventanilla del copiloto se observaban dos orificios de bala.

El cuerpo yacía en el suelo del asiento trasero, con una herida letal de arma blanca en el cuello. Según las autoridades, al funcionario le robaron la billetera y el arma de dotación.

La primera hipótesis del caso es que el homicidio sucedió en otro lugar, tras lo cual el occiso fue pasado a la parte trasera del carro y conducido a La Colinita. Todavía no se ha esclarecido si los impactos de la ventanilla fueron de afuera hacia adentro (del agresor), o de adentro hacia afuera (defensa de la víctima).

Durango ingresó al CTI en 1996 y antes de pertenecer al Programa de Protección a Víctimas y Testigos se desempeñó como escolta del Director de Fiscalías de Medellín, Mario Nicolás Cadavid (1999).

Este es el segundo asesinato de un miembro de este organismo judicial en Medellín, en lo que va corrido del 2011.

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El Inspector.

El ataque ocurrió a las 8:00 p.m. de ayer en el barrio Bomboná, localizado en el centro de la ciudad. La víctima fue David Fernando Murillo Mosquera, de 30 años.

Él era David Fernando Murillo Mosquera, asesinado en el centro de Medellín.

A esa hora, el funcionario llegaba de cumplir su turno laboral como miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Judicial de la Fiscalía.

Los tipos se bajaron de una moto y se aproximaron a él, quien también andaba en su moto Yamaha XT. Lo intimidaron con un revólver y Murillo respondió sacando su pistola Kanuni  9 milímetros, que había comprado hace dos meses. Al parecer otros dos delincuentes aparecieron en la escena.

Se produjo el intercambio de disparos y el investigador cayó malherido. Los criminales le hurtaron su arma y escaparon. La víctima fue llevada a una clínica, pero llegó sin vida.

Murillo era natural de Istmina (Chocó) y desde abril de 2009 trabajaba en la institución. Primero en la sección de Actos Urgentes y hace cuatro meses en el Grupo de Bandas Criminales. Estudiaba cuarto año de Derecho en la Universidad Autónoma.

Fuentes judiciales indicaron que en su última jornada, realizó un operativo en la mañana, en Manrique. Al mediodía llegó al búnker de la Fiscalía con cuatro capturados para judicializar. Terminó de trabajar a las 6:20 p.m. y, ya vestido de civil, salió a la inesperada cita con la muerte.

El CTI ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información que permita resolver este caso. Entre 1992 y 2008, en Colombia mataron a 144 miembros de este organismo. De ellos, 42 trabajaban en la seccional de Medellín (incluyendo a Murillo).

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El Inspector.