Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando”, “Julián” o “Aquiles”, es acusado de coordinar a los contactos del Ejército, la Policía y la Fiscalía que durante al menos cuatro años se habrían prestado para las tareas clandestinas, a cambio de sobornos.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando” o “Julián”, en el momento de su captura. FOTO: cortesía de la Fiscalía.

La información se ha venido destapando de forma paulatina en las audiencias de control de garantías, que comenzaron este fin de semana y todavía continúan en el Palacio de Justicia de Medellín.

Ramírez Vera tiene 38 años. Es oriundo de Pamplona, Norte de Santander, e hizo el curso de detective en el año 2000, incorporándose al DAS en Antioquia. De acuerdo con fuentes judiciales, se destacó como investigador del Gaula Militar, en el que formó equipo con unidades de su institución y del Ejército, hasta su desvinculación en 2007.

Según la Fiscalía, en aquella época habría entablado relaciones con Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, uno de los líderes de “la Oficina” y coordinador de esa facción en el occidente del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”).

Este cabecilla se beneficiaba de su cercanía con oficiales de la Policía y el Ejército, lo cual le permitía actuar con relativa impunidad y hasta celebrar reuniones en un apartamento vecino a la sede de la Cuarta Brigada, en Medellín. En dichos contactos, presuntamente, uno de los enlaces sería “Comando”.

Sin embargo, el vínculo entre este último y “Carlos Pesebre” se rompió en 2013, cuando el cabecilla fue capturado en una finca de Urrao, Antioquia. Las autoridades tratan de confirmar si es cierta una versión, según la cual hubo un atentado contra “Comando” de parte de la misma organización, que terminó por distanciarlos.

A pesar del incidente, la red de corrupción siguió activa y al servicio de “la Oficina”, solo que ahora este grupo le rendía cuentas a otros líderes de la estructura: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”) y Félix Isaza Sánchez (“Beto”).

Por intermedio de “Tom”, la red comenzó a prestarle servicios a la banda aliada “los Urabeños”, también llamada “Clan del Golfo” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

LOS SERVICIOS ILEGALES
Según el informe de la Fiscalía, entre el portafolio de servicios que ofrecía la red liderada por “Comando” estaba el cobro de deudas de la mafia, extorsiones, sicariato, tráfico de armas y droga, al igual que la venta de información clasificada.

“Esta es una organización encargada principalmente del transporte de cocaína dentro y fuera del país, con el apoyo de funcionarios infiltrados dentro de las instituciones gubernamentales como el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación”, señaló el ente acusador en su reporte del caso.

La investigación preliminar arroja que el grupo actuó, por lo menos, entre 2012 y 2016. Para el transporte de armas y drogas de las citadas bandas, facilitaba el paso de la mercancía por las vías Medellín-Bogotá y Medellín-Costa Atlántica, en particular en el tramo Yarumal-Puerto Valdivia (norte de Antioquia).

Por pagos de hasta un millón de pesos, los miembros de la red escoltaban los cargamentos de cocaína. Sobre esto, la Fiscalía documentó siete casos en los últimos cuatro años, que suman siete toneladas incautadas del alcaloide.

En cuanto al transporte de arsenal, uno de los hechos que les atribuyen es el movimiento de 52 granadas de fragmentación por la autopista Medellín-Bogotá. Soldados de la Cuarta Brigada interceptaron un automóvil Renault Symbol el pasado 4 de abril, a la altura del sector Potrerillos, en el municipio de El Santuario, Antioquia.

El carro, conducido por alias “Yeison”, de 33 años, tenía un compartimento secreto en los bafles traseros, donde además de los artefactos explosivos, había un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En esa ocasión, el Ejército informó que los elementos decomisados iban dirigidos a “los Urabeños”.

Los integrantes de la red clandestina también estarían involucrados en el cobro de microextorsiones en el municipio de La Estrella y el sector El Hueco, del centro de Medellín.

PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED
La investigación lleva varios años, liderada por la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos, el Gaula Militar Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la DEA.

Los uniformados propinaron el golpe entre el 22 y el 23 de noviembre pasados, logrando 14 capturas en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena y Cali.

Entre los detenidos están “Comando” y su mano derecha Hernán David Mejía Franco, apodado “KB”. A juicio de Luis Miguel Martínez, director Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializadas, alias “KB” era el delegado para buscar y reclutar a los servidores públicos.

En la lista también están José Gregorio Vergara López y Carlos Andrés Rueda Hoyos, integrantes del CTI Seccional Medellín, al parecer implicados en un plan para asesinar a un testigo protegido de la Fiscalía, por orden de “la Oficina”. Según Álvaro Osorio, director Nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, estos agentes iban a suministrar a la banda la ubicación reservada del testigo.

Los demás capturados son: Daniel de Jesús Agudelo, sargento activo del Ejército Nacional y quien fue jefe de armamento de una guarnición militar, de la cual al parecer sacaban armas para venderlas al crimen organizado; Leonardo González Soto, sargento (r) del Ejército; el soldado John Alexánder Montoya Cano; soldado (r) Iván Armando Ceballos González; Rubén Darío Cossio Rodríguez, subintendente activo de la Policía Nacional en Palmira, Valle, y quien supuestamente traficaba información reservada; y los civiles Juan Eliécer Ceballos González, Carlos Enrique Areiza Monsalve, Juan Carlos Osorio Obando, Fernando Mendoza Ortiz y Gustavo Rodríguez Arias.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado; a los dos investigadores del CTI, les añadió las conductas de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y cohecho propio.

El juzgado ya legalizó las 14 detenciones, mientras avanzan las diligencias para establecer las medidas de aseguramiento.

Osorio declaró que “lo más preocupante para la Fiscalía es que haya un compromiso de personas vinculadas con las instituciones del Estados. Vamos a reaccionar muy fuertemente en contra de esta infiltración. ¡Cero tolerancia con la corrupción”.

NOTA RELACIONADA: Agente de Interpol filtraba información a “los Urabeños”.

El Inspector.