De acuerdo con fuentes de Inteligencia, esta reunión se dio en el fin de semana del 13 y 14 de julio, a la cual asistieron varios cabecillas de alto perfil de “los Urabeños” y “la Oficina”, las estructuras que se disputan el mundo del hampa en el área metropolitana. Estos son los detalles de la situación, investigados por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

Festejo de un combo de la comuna 13, después de un pleito con los enemigos en 2011. Foto de Esteban Vanegas.

A la primera banda la representaron alias “don Daniel”, el presunto coordinador en Medellín y el occidente antioqueño; “Gabriel Paraco”, un exparamilitar del bloque Noroccidente, con influencia en el Norte y el municipio de Bello; “Corozo”, un comerciante y caballista, al parecer socio de la organización para el lavado de activos; y “Ronald” y “el Cabe”, cabecillas de la comuna 13.

De parte de “la Oficina”, relataron la fuentes, estuvieron: “Tuto”, quien tiene control de los combos en Itagüí, Belén y Guayabal; “Tom” o “Carlos Chata”, presunto líder de bandas en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa; “Fredy Colas” y “Diego Chamizo”, jefes de los combos en las comunas 8 y 9 de Medellín.

El pacto de no agresión entre los clanes y sus combos subordinados implicaría no solo detener los enfrentamientos, sino redistribuir las tareas para trabajar en conjunto. Una idea que los bandos estarían negociando es que “los Urabeños” continúen con el tráfico a gran escala, mientras “la Oficina” retoma su función premigenia, es decir, el cobro de deudas mafiosas y el control de los combos de barrio.

Aunque la orden de “calmar las cosas” llegó como cuenta gotas a los vecindarios de la ciudad, poco a poco se fue esparciendo por cada rincón. “No nos dijeron por qué, sino que ni un tiro más con los de ‘Oficina’, y que eso era en todo Medellín”, indicó un supuesto “urabeño” de la comuna 16 (Belén). Lo mismo dijo otro de la comuna 5 (Castilla).

Si bien en principio hubo resistencia de parte de los combos de La Sierra y el corregimiento Altavista, a la semana siguiente de la cumbre secreta comenzaron a darse muestras de ese convenio. El 15 de julio se realizaron actividades lúdicas en Belén Rincón, que incluyeron un partido de fútbol entre miembros de los grupos “El Ñeque”, “Barrio Bolsa”, “La Capilla” y “La Cancha” o “La Sintética”, que de meses atrás venían protagonizando tiroteos.

El 20 de julio se preparó un sancocho en una vía pública de la comuna 13, al que asistieron integrantes de “la Agonía” y “el Pesebre”, dos facciones tradicionalmente enemigas. Ese día, cuando en Colombia se rememora el Grito de Independencia, los combos quisieron organizar una marcha, aunque al parecer no lo lograron por cuestiones logísticas. Y el 25 de julio se habrían reunido “Piña” y “Guineo”, cabecillas de “los Chicorios” y “las Bifas”, del corregimiento San Antonio de Prado, para fijar las condiciones del acuerdo en su área.

Una consecuencia del pacto criminal fue la reducción de los homicidios. Los días 16, 19, 20 y 21 de julio, por ejemplo, no hubo asesinatos en Medellín. La Alcaldía y la Policía han negado su participación en estos pactos y públicamente han dicho que no “tranzan” con bandidos. Sobre la disminución de las muertes, explicaron que se debe a la acción institucional.

Las causas del acuerdo entre “los Urabeños” y “la Oficina” no se han revelado totalmente. Llama la atención que se realice justo cuando hay dos eventos de talla internacional en Medellín: Colombiamoda y Feria de las Flores.

Cuando en el pasado se han construido estos pactos temporales, también coinciden con certámenes que proyectan la internacionalización de la ciudad y en los cuales hay mucho dinero en juego del sector público y privado: la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (marzo de 2009), Juegos Suramericanos (marzo de 2010) y Mundial de Fútbol Sub20 (julio y agosto de 2011), por citar algunos casos.

Lo preocupante es que al finalizar estos acuerdos temporales, las pugnas por lo general se reactivan con rachas violentas, que incluyen asesinatos, desapariciones y tiroteos a granel. Ojalá guerra avisada no mate soldado.

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El Inspector.

En su afán de ayudarle a John Fredy Manco Torres, alias “El Indio” o “Alberto”, cayeron en el oprobio el Director Seccional de Fiscalías de Medellín, un importante empresario paisa y hasta un juez de la República. Esta es la historia.

Este es John Fredy Manco Torres, alias "El Indio", tras su arresto en el aeropuerto de Río de Janeiro, el 31 de mayo de 2013. Cortesía Policía Nacional.

El apodo de “El Indio” comenzó a popularizarse en 2008, cuando el CTI lo capturó junto a su primo, el narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, y el empresario antioqueño Felipe Sierra, dueño de la empresa de vigilancia Control Total y contratista del Estado en temas de seguridad.

Los tres estaban implicados en una investigación por lavado de activos en contra de la banda transnacional “los Urabeños”, adelantada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los incluyó en la Lista Clinton, congelando sus bienes.

Las indagaciones tomaron un nuevo curso cuando ese mismo año fue arrestado Guillermo León Valencia Cossio, exdiputado de Antioquia, miembro de uno de los clanes políticos más importantes del país y entonces director de Fiscalías de Medellín. De acuerdo con las acusaciones, este servidor público había conspirado con Felipe Sierra para que la Policía excluyera del organigrama de “los Urabeños” a Manco Torres.

A juicio de Valencia Cossio y de Sierra, “El Indio”, desmovilizado del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, era un importante coordinador de los reinsertados en Urabá y líder de varios proyectos productivos. La conspiración dio resultado y la Fuerza Pública lo excluyó del organigrama en un consejo de seguridad, pese a que había información según la cual siguió delinquiendo tras su desmovilización (2006), en la banda “Héroes de Castaño”, que luego dio origen a “los Urabeños” o Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Cuando el escándalo salió a la luz pública, le costó el cargo al general Marco Antonio Pedreros, quien era el comandante de la Región 6 y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, es decir, el primer responsable de perseguir a “los Urabeños” en su principal área de influencia (departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba).

Valencia Cossio terminó condenado a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia (en marzo de 2011), por concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos armados ilegales, ocultamiento de documento público y enriquecimiento ilícito, pues se comprobó que recibió pagos de la mafia por sus actuaciones.

En mayo de 2011 el CTI ocupó dos propiedades suyas, avaluadas en 900 millones de pesos, con fines de extinción de dominio: la finca La Elvia, de 157 hectáreas, en el municipio antioqueño de Caucasia, y un lote de 1.500 metros cuadrados en el exclusivo barrio La Aguacatala de Medellín.

El juicio al exdirector de Fiscalías terminó incluso salpicando al gobierno del presidente Álvaro Uribe, toda vez que su hermano, Fabio Valencia Cossio, era el Ministro del Interior de la época.

Por su parte, Felipe Sierra fue sentenciado a 5 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por concierto para delinquir (había sido liberado por vencimiento de términos y luego se entregó). Su caso puso en la palestra a la alta sociedad de Medellín, pues al igual que Guillermo León, era integrante de una reputada familia.

De otro lado, por esos azares insólitos de la justicia, “Fritanga” y “El Indio” fueron dejados en libertad en 2009, al interponer un recurso jurídico de habeas corpus por vencimiento de términos. El primero fue recapturado en la Isla Múcura (Cartagena) el 2 de julio de 2012, y recientemente extraditado a E.U. por cargos de narcotráfico.

“El Indio” logró escapar del país, mientras que al juez que lo liberó lo condenaron a 2 años y 10 meses de cárcel por prevaricato, al comprobar que con sus decisiones quiso favorecerlo a él, a “Fritanga” y a Felipe Sierra, aprobándoles el habeas corpus. Se trata de Luis Eduardo Beltrán Farías, quien en aquel momento era el juez Quinto Penal Municipal de Bogotá.

PERSECUCIÓN INTERNACIONAL

El informe de la Policía Nacional detalla que fue expedida una Circular Roja de Interpol en contra de Manco Torres, dado que este se movilizaba en el extranjero con una identidad falsa, a nombre de Iván Darío Gallego González. Obtuvo un pasaporte de la Unión Europea y andaba tranquilo por Panamá, Roma (Italia) y París (Francia), “lugares desde donde dirigía actividades de narcotráfico”, según el expediente.

La pista se hizo más clara cuando los agentes ubicaron a su compañera sentimental, quien viajó a reunirse con él en Madrid (España) el 22 de mayo de 2013. Desde allí partieron el 31 de mayo hacia Río de Janeiro, Brasil. Los investigadores colombianos notificaron del movimiento a sus pares de la Policía Federal de ese país, quienes capturaron a “El Indio” el pasado viernes, en el aeropuerto Antonio Carlos Jhobin.

Le decomisaron el pasaporte falso de la Unión Europea, en el que figuraba con una ciudadanía española fraudulenta, y 30.000 euros. Ahora el gobierno colombiano espera su deportación.

De acuerdo con los archivos de la Fiscalía, en nuestro territorio le esperan procesos judiciales por hechos ocurridos cuando fue paramilitar del bloque Élmer Cárdenas: el homicidio del activista de la Unión Patriótica,  Marco Aurelio Osorio, perpetrado el 24 de julio de 2002 en la localidad antioqueña de Dabeiba; y el secuestro de cuatro personas de una comunidad de paz en Riosucio, Chocó, retenidas por dos semanas desde el 7 de julio de 2003.

Según la Policía, Manco Torres también está vinculado a investigaciones por ser el supuesto testaferro del socio exparamilitar de la Casa Castaño, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”; por sus supuestos nexos con Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), el capturado líder de “la Oficina”; y por integrar presuntamente la red de narcotráfico del capo Daniel Rendon Herrera (“don Mario”), el fundador de “los Urabeños”, hecho por el cual lo persiguen en E.U.

“El Indio” está sindicado del “envío de estupefacientes a Estados Unidos y México, con su socio y primo Camilo Torres. Como sectores de influencia están el Urabá antioqueño, donde tiene sus laboratorios de cocaína, la que posteriormente es enviada desde los municipios de Carepa, Chigorodó, San Pedro y Necoclí (en la Costa Pacífica), a través de lanchas o vía aérea rumbo a Centroamérica, con destino final a México, E.U., Alemania y España, donde fueron capturados varios de sus enlaces para el tráfico del alcaloide”, reza el documento policial.

Al dejar al descubierto esta ruta, lo más posible es que Manco Torres sufra el mismo destino de “Fritanga” y sea extraditado. Pero, ¿qué pasará con sus crímenes en Colombia? Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá con era red de corrupción que le permitía moverse por tres continentes, usando documentos falsos, y exportar droga por las áreas más vigiladas de la Costa Pacífica? Todo apunta a que Sierra, el juez Beltrán y Valencia Cossio son apenas la punta de ese iceberg que parece proteger a “los Urabeños” dentro de la Fuerza Pública y el sistema de justicia.

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El Inspector.