El ciudadano, considerado por las autoridades como uno de los criminales más peligrosos del noroccidente de Medellín, es uno de los cabecillas de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico”), la estructura ilegal comandada por Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.

José Otalivar Chavarría, alias “Jotalibán”, pernocta en la cárcel La Picota. Cortesía.

Alias “Jotalibán”, también apodado “Jotalivar”, “JJ”, “Gonzalo” o “Chalo”, fue capturado por la Sijín el 29 de julio de 2013 en el barrio Calasanz. La Policía lo reseñó como el líder de los combos de la comuna 7, a órdenes de “Carlos Pesebre”, y quién sería el encargado de coordinar el entrenamiento militar de los sicarios en una finca del municipio antioqueño de Guarne, donde recibían instrucción para manejar fusiles.

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por doble homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y concierto para delinquir agravado.

El caso que terminó complicando la situación jurídica del cabecilla sucedió el 11 de marzo de 2013, cuando los matones de la “Odín Robledo” asesinaron a dos jóvenes en el barrio Aures. La razón para haber matado a “Casco” y “Edwin”, como les decían, fue que se negaron a trabajar para la facción. El crimen, además, estuvo acompañado del desplazamiento de 8 personas que lo atestiguaron en plena vía pública.

Chavarría negó los cargos y se fue a juicio con la Fiscalía, sin poder demostrar su inocencia en el estrado. El 26 de marzo de 2015 el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio y programó la audiencia de sentencia (en la cual se dice el número años a pagar y se argumentan los motivos) para el 12 de mayo.

Ese día, sin embargo, “Jotalibán” no se presentó a la diligencia judicial. En cambio mandó con su cónyuge el texto de una denuncia contra la fiscal que lleva su caso, argumentando que se extralimitó en sus funciones, que todos los testigos en su contra mienten, que la Policía lo acusó falsamente y que, en pocas palabras, es víctima de un complot.

El procesado pidió además que su sentencia se aplazara hasta que otro juzgado resuelva su denuncia contra la Fiscalía. Mientras tanto, esperará en la cárcel La Picota, de Bogotá. Para colmo, su abogado contractual renunció.

Fuentes cercanas al caso indicaron que les pareció muy coincidencial que el texto de la denuncia de “Jotalibán” hubiese sido redactado y asesorado por una abogada exesposa de Didier Ríos López, alias “Tuto”, cabecilla de la “Odín la Unión” y miembro de la cúpula de la organización criminal “la Oficina”, a la que también pertenece “Carlos Pesebre”, el jefe de Chavarría (ver la NOTA RELACIONADA: Monitoreo a 78 teléfonos públicos llevó a la caída de “Tuto”).

Se investiga si detrás de esta movida hay un intento de varios cabecillas de “la Oficina” para frenar los procesos penales, a través de la formulación de denuncias contra los funcionarios que los enviaron a la cárcel.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero Penal Especializado fijó una nueva fecha para la audiencia de tasación de la pena de “Jotalibán”, para el próximo 9 de junio. Juristas consultados por Revelaciones del Bajo Mundo estiman que, teniendo en cuenta que hay dos muertos de por medio y varios delitos en la acusación, la sentencia podría rondar los 40 años.

NOTA RELACIONADA: Aseguran a “Jotalibán”, supuesto cabecilla de Robledo.

El Inspector.

Pero una cosa son los señalamientos y otra los juicios, porque a la fecha, solo dos jefes de esa banda han sido judicializados y condenados por el delito de homicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la justicia ha sido incapaz de responsabilizarlos en el estrado por esas muertes? ¿Por qué estos cabecillas de primera línea no han recibido sentencias severas por derramar sangre a través de sicarios?

Cuando ocurrió la matanza de 8 personas en Envigado, el 2 de julio de 2010, la Policía indicó que la causa era la guerra entre "Valenciano" y "Sebastián". A ninguno de ellos le han abierto cargos por eso. Foto de Esteban Vanegas.

Una de las explicaciones es que la mayoría de estos expedientes han sido asumidos por la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, cuyo “sello particular” parece ser procesar a la gente por la conducta de concierto para delinquir,  con preacuerdos de por medio. Esto, al fin de cuentas, genera penas inferiores a los 17 años en promedio, que sumados a los beneficios por confesión y buena conducta en prisión, se reducirían aún más.

Frente a estos temas, cada vez pierde más fuerza la Unidad de Vida de la Fiscalía, que judicializa a los sospechosos por homicidios y en esa instancia podría lograr, incluso, la pena máxima de 60 años. Para citar un ejemplo reciente, esta Unidad debería asumir por derecho propio el caso de la masacre de 9 personas en Envigado (31/12/12), sin embargo, una semana después del hecho el expediente fue asignado a la de Bandas Emergentes.

Otra de las explicaciones, de acuerdo con fiscales consultados, es que la consecución de pruebas relacionadas con los homicidios de esta banda es muy difícil por tres razones: cuando determinan una muerte, en la cadena de ejecución del crimen intervienen muchas personas, lo que hace difícil rastrear su participación; la alta capacidad de intimidación a los testigos, que evita formular denuncias y entregar información; y su poder de corrupción, por el cual hay funcionarios públicos infiltrados que se encargan de torcer los procesos.

Entre los argumentos también se tiene que hay fiscales que, por miedo, evitan enfrentarse a estos mafiosos en un proceso penal de largo aliento, con penas de muchos años de por medio. Para estos servidores es mejor hacer preacuerdos y salir rápido del caso. Algunos de ellos lo justifican afirmando que “así se reduce el desgaste del aparato judicial del Estado” y otros simplemente dicen que el Gobierno y la Fuerza Pública son incapaces de protegerlos ante cualquier amenaza. 

En términos concretos, estas son los procesos y condenas contra los cabecillas de “la Oficina”:

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”: condenado a 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En el marco de la ley de Justicia y Paz, en el que participa en calidad de desmovilizado, le han imputado varios homicidios perpetrados por la banda “la Terraza” entre 1996 y 2000.

Gustavo Upegui: antes de ser asesinado en 2006, salió absuelto de un proceso judicial por conformación de grupos armados al margen de la ley.

Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias “Rogelio”: procesado en Estados Unidos por narcotráfico y su supuesta participación en la muerte del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, quien para la fecha (2007) era informante de la DEA. También lo investigan por el secuestro de un agente de la Agencia de Inmigración (ICE) en Medellín.

Mauricio López Cardona, “Yiyo”: los mismos cargos de “Rogelio”, salvo el caso de Cifuentes Villa.

Fabio Acevedo, “don Efe”: procesado por concierto para delinquir.

Daniel Alejandro Serna, “Kener”: acusado del homicidio de un joven en 2003 en Amagá y condenado a 6 años por concierto para delinquir, ambos cargos derivados de su militancia en las Autodefensas. Judicializado por fuga de presos. 

Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”: condenado a 3 años por porte ilegal de armas y falsedad en documento. Le dieron detención domiciliaria en una casa de Bogotá, de la cual se fugó en 2010. En su contra hay una Circular Roja de Interpol.

José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”: condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Franklin Andrés Vargas Cardona, “Frank”: sentenciado a 16 años y 4 meses por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso. Hubo preacuerdo con la Fiscalía. El Juzgado, inconforme con dicho pacto, ordenó compulsar copias para que se habrán investigaciones por la supuesta participación de “Frank” en las muertes de Efraín Maldonado (“don Efra”) y el empresario de vehículos Robert Bohórquez.

Félix Alberto Isaza Sánchez, “Beto”: condenado a 9 años y 6 meses por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Hizo preacuerdo con la Fiscalía.

Dairo Alberto Muñoz Torres, “el Indio”: capturado y procesado por concierto para delinquir.

Jean Fernando Espinoza, alias “Yam” o “la Firma”: el expolicía firmó un preacuerdo con la Fiscalía y será condenado a 15 años de cárcel por porte ilegal de armas de uso civil y militar. 

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, “el Compa”: condenado a 36 años por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Aún no ha sido extraditado.

Maximiliano Bonilla Orozco, “Valenciano”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Espera la sentencia en una cárcel de Nueva York.

Alirio de Jesús Rendón Hurtado, “el Cebollero”: condenado a 4 años y 2 meses por concierto para delinquir, con preacuerdo con la Fiscalía. Y sentenciado a 13 años y 3 meses por lavado de activos.

Fabio Édison Gómez Ruiz, “Riñón”: tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio agravado y tentativa de homicidio de agravado, por un tiroteo de 2003, en el que sicarios bajo su mando mataron a dos personas e  hirieron a otra. También está judicializado por concierto para delinquir.

Hugo Albeiro Quintero, “el Patrón de Bello”: condenado a 7 años y medio por concierto para delinquir agravado. Ya está en su casa, con libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de la pena.

Hernán Darío Giraldo Gaviria, “Cesarín”: condenado a 20 años y 9 meses por ser el autor intelectual del homicidio del empresario Argemiro Salazar en 2009.

Víctor Manuel Quintero Alzate, “Víctor Colas”: tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, será condenado a 6 años y un mes de cárcel por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

César Augusto Correa López, “don Pepe”: condenado a 38 años y 6 meses por el asesinato de un investigador del CTI en 1997. Absuelto de un proceso por extorsión. Actualmente está libre.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, “Adiel”: después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, lo condenaron a 6 años por concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Édinson Rodolfo Rojas, “Pichi”:  capturado y procesado por concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El anterior registro demuestra que muy pocos de los presuntos líderes de “la Oficina” están respondiendo por homicidios ante la justicia. Y entonces, ¿quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

Seguro han visto la serie de televisión CSI, en la cual los científicos forenses descifran un caso y encuentran al culpable analizando una huella digital en la escena del crimen, o un cabello, una gota de sangre o hasta una pisada. Para los protagonistas, no es necesario que alguien testifique, con sus análisis científicos llenan todos los vacíos, las pruebas hablan por sí mismas en el laboratorio.

Con el actual sistema penal, victimarios y testigos se ven las caras en el juicio.

Bajo esta premisa nos “vendieron” el sistema penal acusatorio, adaptado del estadounidense, y el cual dizque iba a descongestionar la justicia. ¡Sí, cómo no! Vamos para cinco años desde su implementación en 2005 y en realidad la rama judicial no opera más rápido.

Recuerdo una conversación que sostuve, en calidad de periodista, con el entonces director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio. Era el año 2005, mucho antes de que sus propios colegas lo procesaran por sus supuestos nexos con la mafia.

En aquel entonces ‘chicaneaba’ con el búnker que se habría de construir en Medellín, como sede de la Fiscalía. “Vamos a tener laboratorios de criminalística como los de CSI”, decía.

Pues bien, el búnker se edificó en el barrio Caribe y, al decir de los propios criminalistas, sus procedimientos están muy lejos de los aplicados en la serie televisiva. Las pruebas de ADN más importantes tienen que enviarlas a los laboratorios de Bogotá porque aquí no hay cómo, y los grupos de investigadores de homicidios no son suficientes para resolver tantos casos: 653 asesinatos en Medellín en 2007, 1.044 en 2008 y más de 1.250 que van en 2009, para mencionar los años recientes.

Es urgente fortalecer el programa de protección a testigos.

Hay que tener en cuenta que en la ciudad, sumando los miembros de la Sijín, el CTI y los refuerzos de la Dijín (los entes con funciones de Policía Judicial), no hay más de 300 personas tratando de resolver todas esas muertes.

Lo difícil para ellos, además de no contar con los recursos técnicos necesarios para mandar a alguien a prisión por una huella, un casquillo de bala o rastros de semen en un cadáver, es convencer a alguien para que testifique.

Alguien que delate, que señale con el dedo, que declare ante el juez, que le dé la cara al presunto asesino, que venza su propio miedo a las retaliaciones, que piense en que denunciando puede prevenir las muertes de otros, alguien que, en fin, no siempre está dispuesto a asumir el riesgo.

Del proceso contra alias ‘Memín’, un desmovilizado de las Auc que sembraba el terror en la comuna 8, fueron asesinados tres testigos. Y un denunciante en el caso contra Hugo Albeiro Quintero, alias ‘El patrón de Bello’, está desaparecido.

Estos ejemplos sustentan la compleja decisión que debe tomar un denunciante, porque en muchos casos el delincuente es su propio vecino, patrono o familiar.

Investigando casos de homicidio en el Área Metropolitana, he dado con testigos oculares de los crímenes, que prefieren tragarse la verdad antes de “carteliarse” (como ellos dicen). Ello explica también que muchos asesinatos sean registrados con el supueso uso de armas con silenciador, porque la gente dice que “no oyó nada”. A veces resulta ser mentira el empleo de tal accesorio, lo que pasa nadie quiere involucrarse.

En esencia, para avanzar en la lucha contra la impunidad hay que considerar dos cosas: la primera son las mejoras en los medios tecnológicos para investigar y la superar las carencias de personal.

La segunda, potenciar los programas de recompensas y de protección a testigos, para que los denunciantes tengan más garantías y se atrevan a enfrentar a los criminales.

¿Y ustedes qué piensan al respecto?

NOTA RELACIONADA: LAS PROTESTAS deben acompañarse de cooperación

El Inspector.

Les presento una nueva sección en Revelaciones del Bajo Mundo, llamada ‘Caso Cerrado’. Con esta propuesta se pretende abarcar aquellos hechos de alto impacto en la sociedad, los cuales ya fueron resueltos en los estrados judiciales.

Sin embargo, fueron tan atroces los actos criminales, que la comunidad debe hacer el difícil ejercicio de no olvidarlos y, sobre todo, aprender de ellos. “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”, reza el adagio, y en Medellín y Antioquia sí que se aplica porque la violencia ha marcado en gran medida su devenir.

Y es hora de superar las épocas más crueles, mas no echando tierra y olvido sobre los acontecimientos, sino recordándolos con respeto y siempre con espíritu de denuncia.

El Inspector.