La desgracia comenzó cuando la familia contrató a una empleada doméstica, que en vez de proteger al abuelo, les dio la entrada a sus asesinos. Esta es la crónica del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El médico Octavio Osorio Urrea (recuadro) fue asesinado en su casa, en el barrio Estadio, del occidente de Medellín. Fotos de Santiago Olivares Tobón y cortesía.

El robo parecía sencillo para los asaltantes: sería en una casa habitada por una pareja de ancianos, en una zona residencial de Medellín, y ya tenían una infiltrada que les abriría la puerta. Nada parecía interponerse entre los asaltantes y su botín, pero cuando un hombre anda armado cualquier cosa puede suceder. Y lo que ocurrió, en el caso de don Octavio Osorio Urrea, fue una fatal equivocación.

Esta es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el hecho, “un atraco que se salió de control”, y en el cual perdió la vida el papá del rector de la Universidad CES, Jorge Julián Osorio Gómez. Un crimen que golpeó el ánimo de la comunidad académica y de la sociedad antioqueña, y que deja dos sospechosos capturados y una mujer indiciada.

La tragedia sucedió a las 8:00 a.m. del pasado viernes 11 de marzo en el barrio Estadio, donde hace más de cinco décadas residían el médico Octavio Osorio, de 93 años, y su esposa Margarita Gómez, de 91.

“Es una casa bellísima, muy ordenada, cerca de la iglesia, ellos siempre fueron hospitalarios”, recordó un vecino, y añadió: “A don Octavio le conocí dos hijas y un hijo, a quienes les inculcó el amor por la Medicina. El muchacho, que también se graduó de médico, luego llegó a la rectoría del CES por sus méritos”.

Para el cuidado de la pareja y el aseo de la vivienda fue contratada una empleada doméstica, según el expediente. Su contrato era temporal y cubría la semana del 7 al 11 de marzo, en reemplazo de la trabajadora habitual, quien se ausentó por una calamidad doméstica.

En su último día de labores le abrió la puerta a dos hombres, los cuales la empujaron violentamente. Uno de ellos le produjo una herida con un cuchillo en la boca y la mejilla a María Osorio Gómez, de 64 años e hija de la pareja.

Los invasores irrumpieron en la casa buscando qué robar. En el camino se encontraron con doña Margarita y la golpearon en la nariz, lanzándola luego contra la pared.

Octavio gritó, pidiendo auxilio, y eso sacó de quicio a uno de los agresores. Sin pensarlo dos veces, le propinó tres puñaladas en el abdomen.

La sangre asustó a los delincuentes, que salieron rápido del lugar, sin alcanzar a llevarse nada.

Según el reporte policial, a la casa llegó primero una ambulancia que la patrulla del cuadrante. Los paramédicos atendieron a las heridas y confirmaron el deceso del adulto mayor. Cuando aparecieron los patrulleros, no tuvieron más remedio que acordonar la fachada con una cinta amarilla, separando a los curiosos que lamentaban la desgracia.

La Gobernación, la Alcaldía y la academia se pronunciaron, rechazando el vil asesinato y expresando su solidaridad con el directivo del CES.

LA CONFESIÓN

La investigación fue asumida por agentes de la Sijín, en coordinación con una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Una de sus primeras tareas fue entrevistar a las tres testigos.

En la diligencia la empleada doméstica lucía nerviosa, mientras los policías le pedían que describiera de forma detallada la apariencia de los asesinos. Primero dijo que eran dos negros, luego trigueños y, tras un momento de angustia, finalmente se quebró su resistencia y reveló la dolorosa verdad: eran su cónyuge y un cuñado de él.

Según su versión, el plan era abrirles la puerta para facilitarles el robo, pero jamás pensó que fueran a hacerle daño a sus patrones.

Entendiendo la gravedad de su situación, como cómplice de un asesinato, aceptó cooperar con los investigadores y les suministró las identidades de los presuntos autores.

Se expidieron sendas órdenes de captura y el domingo fue arrestado su compañero sentimental en una casa del barrio La Gabriela, del municipio de Bello, un colombo venezolano llamado Modesto Herrera, de 37 años.

Su cuñado Juan Carlos Cárcamo, al parecer trató de huir hacia Venezuela, atravesando el paso fronterizo de La Guajira. La Policía lo interceptó en un bus de servicio público cuando transitaba por la vía a la Costa Atlántica, en inmediaciones del municipio de Sincelejo (Sucre).

Los capturados Modesto Herrera (izquierda), colombo venezolano, y Juan Carlos Cárcamo, oriundo de San Onofre (Sucre). Foto cortesía de la Fiscalía.

Además del testimonio, la Policía analizó 600 minutos de videos de vigilancia, en los que quedaron registrados los pasos de los sospechosos antes y después del ataque.

Fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que la empleada doméstica está vinculada a la investigación, en calidad de indiciada; no obstante, por su cooperación para esclarecer el caso podría recibir beneficios jurídicos y, tal vez, ser favorecida por un principio de oportunidad.

Anoche finalizaron las audiencias de control de garantías, ante un juzgado penal municipal de Medellín. La Fiscalía les imputó a los hombres el cargo de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado (por la esposa del difunto) y tentativa de hurto calificado y agravado, pero ellos se declararon inocentes.

El despacho les dictó medida de aseguramiento en la cárcel, mientras continúa el proceso penal por este lamentable crimen, en el que la ambición de robar terminó de la peor manera.

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El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

De acuerdo con la estadística oficial, en la semana del jueves 27 de diciembre al jueves 3 de enero se registró un asesinato cada 6 horas en promedio.

El 3 de enero de 2019 hallaron un cadáver masculino flotando en el río Medellín, a la altura de la estación Acevedo del Metro. Foto de Edwin Bustamante.

Los asesinos dejaron su huella en Itagüí (5), Bello (3 casos), Envigado (1), Sabaneta (1) y Girardota (1), pero como ya es costumbre, la mayoría de crímenes se concentraron en Medellín (22).

Los días más funestos fueron el domingo 30 de diciembre y el martes 1 de enero, pues cada uno puso 9 muertos en el área metropolitana.

La mayoría de asesinatos, tal cual lo ha reconocido la Alcaldía de Medellín, se deben a acciones del crimen organizado, seguido de los hechos de intolerancia y mala convivencia. Hubo acuchillados, cuerpos lanzados al río, violencia intrafamiliar y ajustes de cuentas. Triste decirlo, pero fue otra típica semana en el Valle de Aburrá.

Entre los hechos más graves, se registró el hallazgo de un cadáver masculino desmembrado, abandonado en tres bolsas de plástico en una vía del barrio Granada, en la comuna de Belén (1 de enero).

En una casa del barrio El Congolo, del municipio de Bello, a cuchilladas le quitaron la vida a la señora María Edith Mesa Montoya, de 65 años, y las autoridades sospechan de un familiar drogadicto (1 de enero).

En la vereda El Progreso, del municipio de Itagüí, se produjo un doble homicidio con arma de fuego (31 de diciembre). Las víctimas fueron Cristian Ortiz Ávila y Julián Roberto Mora Correa, ambos de 28 años.

En la cabecera urbana del corregimiento San Cristóbal, en el occidente de Medellín, mataron a Carlos Enrique Henao Martínez, de 38 años. Era propietario de una panadería, hasta donde llegó un joven y le disparó, para luego escapar en una motocicleta (diciembre 29). El informe preliminar de la Secretaría de Seguridad advierte que “este hecho obedecería a la negativa de Carlos Enrique a pagar una extorsión“.

TRIPLE HOMICIDIO EN LA COMUNA DE LAURELES

El episodio más violento sucedió a las 11:30 p,m, del 27 de diciembre, en el barrio Lorena del occidente de Medellín (comuna de Laureles). Dos matones a bordo de una motocicleta NKD roja llegaron al establecimiento Fania Parrilla & Bar, en la calle 43 con la carrera 76, y el pasajero se bajó portando una pistola Glock 9 milímetros con silenciador.

En el lugar departían varias personas, que no alcanzaron a reaccionar ante los disparos. Murieron Hernán Darío Rayo López, de 49 años y propietario del local; Johan Mauricio Ospina Bohórquez, diseñador gráfico de 35, quien departía en el sitio con una amiga; y el comerciante John Fredy Acevedo Roldán, de 50. Quedó herido de gravedad el comerciante John Jairo Cáceres Quintero, de 47 años.

En su huida, los sicarios dejaron abandonadas el arma de fuego (cuya numeración es visible y rastreable) y la motocicleta, las cuales fueron recuperadas por la Policía. A pesar de que el establecimiento está a una cuadra y media de la estación policial de Laureles, los uniformados les perdieron el rastro a los agresores.

Una de las teorías iniciales de las autoridades es que el ataque iba dirigido contra el comerciante John Fredy Acevedo Roldán, a quien algunas personas llamaban “Camellete”, quien recibió un balazo en el pecho y dos en el abdomen. En la base de datos policial figura que residía en el barrio Trinidad y tenía dos investigaciones penales en su contra, una por desplazamiento forzado (del 22 de marzo de 2008) y otra por lesiones culposas (22 de abril de 2009).

Los investigadores tratan de establecer si él era el mismo “Camellete” que delinque hace varios años en el Centro de Medellín, encargado de comercializar los elementos robados por los combos (relojes, celulares, joyas, partes de vehículos) en los centros comerciales Ópera y la Cascada, y en el sector La Bayadera. Al parecer, al homicida le habían dicho que el objetivo tenía escoltas, razón por la cual disparó contra los otros hombres que estaban cerca de él, que a la hora de la verdad ni siquiera se conocían entre sí. La hipótesis no ha sido confirmada ni descartada.

A esta racha de crímenes decembrinos y de enero se le añade otra dificultad: las vacaciones colectivas de la Fiscalía. En la primera semana de diciembre, debido a una resolución interna que ya ajusta varios años, el 85% de los empleados de la Fiscalía, CTI y Medicina Legal salieron a vacaciones, razón por la cual no hay investigadores suficientes para profundizar en los casos.

La situación también frenó varios operativos contra las bandas de la ciudad, que hubieran servido para mitigar la inseguridad en San Javier, Robledo y Altavista, pero que por falta de fiscales no hubo más remedio que agendarlos para la última semana de enero y febrero.

Medellín terminó el año 2018 c0n 626 homicidios y una tasa de 24.75 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El índice viene incrementándose desde 2015 (494 muertes), 2016 (544) y 2017 (582), y las autoridades lo atribuyen, como siempre, a las disputas entre combos delincuenciales.

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El Inspector.