Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El Parque Bicentenario, ubicado en el centrooriente de Medellín. Foto de El Colombiano.

En la mañana de este jueves 28 de mayo se realizó una rueda de prensa en la cárcel de Itagüí, sede de los diálogos sociojurídicos con los representantes del crimen organizado del área metropolitana, en la cual se anunció la reactivación del proceso, luego de haber sido suspendido por la Casa de Nariño el 9 de abril pasado, debido a la parranda vallenata realizada de manera inconsulta en el recinto.

Los delegados de ambas partes informaron que en esta nueva etapa de las conversaciones se promoverían varios hechos de paz, que incluyen la estrategia de “barrios libres de tusi”, el desescalamiento de la violencia en el barrio Toscana, un mundialito de fútbol con jóvenes de distintos vecindarios y la citada intervención en el Parque Bicentenario.

En este lugar, ubicado en el barrio Boston y circundado por lugares estratégicos para el arte y la cultura, como el teatro Pablo Tobón Uribe y el Museo Casa de la Memoria, funciona una plaza de vicio desde hace varios años, controlada en la actualidad por la banda “los Conejos”, adscrita a la organización “Caicedo”, el tentáculo de la confederación criminal “la Oficina” en el Centro y el Oriente de Medellín.

“Anunciamos un proceso de recuperación de este parque como escenario de ciudad libre de comercialización de drogas a partir del próximo 11 de junio”, indicaron las partes en un comunicado distribuido después de la rueda de prensa.

El mensaje causó preocupación en las agencias de seguridad de la ciudad, pues justo en ese lugar fue cancelada a última hora una operación estructural contra los traficantes de drogas.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo que durante un año se estuvo planeando el desmantelamiento de la red de distribución de estupefacientes en el Parque Bicentenario.

La acción era coordinada por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipro) y la Fiscalía 94 Antinarcóticos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía.

NOTA RELACIONADA: Golpean a “Douglas” y “Yordi” en redada a finanzas de “la Terraza”.

En medio de la investigación se obtuvieron 34 órdenes de captura contra los delincuentes involucrados, así como una solicitud de aprehensión contra un menor de edad.

El golpe estaba planeado para el 7 de mayo de 2026, cuando los agentes ya tenían ubicados a la mayoría de los objetivos, así como los lugares definidos para los allanamientos. Además de la Dipro, se había establecido un apoyo de 60 policías de la Sijín de distintas jurisdicciones, que serían enviados a Medellín para la operación.

Según las fuentes, que solicitaron la reserva de su identidad por seguridad, “horas antes de lanzar la operación, los coordinadores del equipo recibieron una llamada desde Bogotá, de la dirección de la Dipro, ordenándoles que suspendieran la misión”.

Y añadieron: “No dieron explicaciones, simplemente que se aplazaba para después de las elecciones presidenciales”.

Dos días después de cancelar la operación, el 9 de mayo, ocurrió un segundo evento extraño: incendiaron una bodega de reciclaje aledaña al Parque Bicentenario. “Ese era uno de los lugares que teníamos identificados para allanar”, recalcó el investigador consultado.

En consecuencia, toda la evidencia que pretendían recolectar en ese sitio, se perdió.

Y ahora, 21 días después del aplazamiento de la operación, la mesa de paz urbana anuncia que gestionará la disminución de la venta de drogas justo en el mismo lugar.

El incendio en la bodega de reciclaje del sector, dos días después del aplazamiento del operativo, borró las evidencias que se iban a recolectar. Foto cortesía de la Alcaldía.

ANTECEDENTE: OPERACIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE “LA TERRAZA”

Sobre la mesa de diálogos sociojurídicos del Valle de Aburrá pesa un antecedente de presunta intervención en operativos policiales, lo cual ya provocó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la delegación del Gobierno en ese proceso.

El incidente sucedió en junio de 2025, cuando el Juzgado 71 Penal Municipal de Bogotá expidió seis órdenes de captura dirigidas a golpear la estructura financiera de “la Terraza” y de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), vocero principal de las bandas en dicha mesa.

Antes de que la Dijín ejecutara las capturas, la información del operativo se filtró y, según fuentes cercanas a la situación, llegó a la cárcel de Itagüí.

Terceras personas, cuyas identidades las fuentes quisieron reservar, se arrimaron a la Alcaldía de Medellín a decir que iban de parte de la mesa de paz, y que si aquellas capturas se concretaban, se desataría una oleada de violencia en las calles.

Los mensajes también llegaron a la Policía y a la Casa de Nariño, donde hubo preocupación por el desenlace. “Incluso llamaron a algunos de los investigadores a Bogotá, a preguntarles si eran necesarias las capturas”, contó uno de los funcionarios consultados en ese momento.

La operación continuó, pese a la advertencia, con cinco detenidos, entre ellos la exesposa y el hijo de “Douglas” (quien se entregó días después), pero en la audiencia de control de garantías fueron dejados en libertad, por considerar que no había evidencia suficiente contra ellos.

El alcalde Federico Gutiérrez declaró públicamente que la senadora Zuleta trató de obstruir las capturas. Ella lo negó y adujo que desde la administración municipal estaban lanzando ataques injustificados contra el proceso de paz.

Tras lo sucedido con la operación policial suspendida en el Parque Bicentenario, quedó en el aire un cuestionamiento similar. ¿El Gobierno y la Policía frenaron las 34 capturas y los allanamientos, para que la mesa de paz urbana se “encargara” de la plaza de vicio en ese sitio? ¿O todo es una coincidencia?

NOTA RELACIONADA: El hijo de “Douglas” se entregó a la justicia.

El Inspector.

La racha negativa comenzó el pasado 9 de enero y a la fecha deja siete muertos y dos heridos por ataques con armas de fuego.

Escena del doble homicidio perpetrado el 10 de enero de 2019 en el barrio Llanaditas, de Medellín, durante un almuerzo familiar. Foto de Manuel Saldarriaga.

El primer homicidio sucedió lejos del sector, al otro lado de la ciudad, en el sector conocido como Belén Zafra. El comerciante Diverney Arroyave Tamayo, de 33 años, salió de su barrio Las Golondrinas hacia aquella zona, con el propósito de cobrar el dinero de una venta de ropa, según sus allegados.

A la 1:00 p.m. del 9 de enero se movilizaba en una moto, cuando un delincuente motorizado lo interceptó y le disparó. La víctima cayó al suelo, pidiendo ayuda, pero fue rematado por el asesino, quien dio la vuelta en la moto y regresó para apretar de nuevo el gatillo.

Dos horas después hubo otro homicidio en la comuna 8 (Villa Hermosa), en el barrio Sucre. Sicarios le quitaron la vida a Luis Miguel Ayala Patiño, de 24, en un ataque que dejó otras dos personas heridas en un taller de mecánica.

El 10 de enero se incrementaron las muertes de forma espeluznante. A las 3:00 p.m. unos sicarios irrumpieron en una casa del barrio Llanaditas, cuando los presentes estaban reunidos en un almuerzo familiar, y acribillaron a Róbinson de Jesús Zapata Ramírez, de 34 años y padre de cinco hijos; y al adolescente Hernán Molina Uribe, de 17, y quien tenía a la novia embarazada.

A las 10:00 p.m. matones motorizados le quitaron la vida a Charly Castaño Marulanda, de 22 años, en la frontera de los barrios Los Mangos y 13 de Noviembre. El joven estaba desempleado y acababa de llegar a su casa, disponiéndose a guardar su moto, cuando recibió los balazos.

Una hora más tarde mataron en el barrio Villatina a Juan Carlos López, de 30 años, cuando caminaba cerca de su vivienda.

El caso más reciente sucedió a las 6:00 p.m. del pasado 13 de enero, en una barbería del barrio El Pinal. Allí los atacantes llegaron por José Alexánder Torres Robledo, de 33 años y apodado “Cuchara”, quien trató de huir, pero fue perseguido y acribillado.

La situación tiene afectados a los habitantes de Enciso, Sucre, Los Mangos, El Pinal, 13 de Noviembre, Llanaditas y Villatina. Por las redes sociales, además, circularon mensajes amenazantes promoviendo un toque de queda.

La Alcaldía y la Policía han dicho que la crisis se debe a un enfrentamiento entre los combos “13 de Noviembre” y “los Conejos”. Lo paradójico es que estas tensiones delincuenciales se diagnosticaron en abril del año pasado, cuando se presentó una alerta en un consejo de seguridad, pero nunca se intervino la zona de manera apropiada y ahora la gente sufre la falta de contundencia de la institucionalidad.

La Secretaría de Seguridad informó que entre los sospechosos de promover la violencia están alias “Negro Junior”, “Calentura”, “Banano”, “Negrura”, “Tarzán”, “Mago” o “Magú”, “Gárgola”, “Orejas” y “Toguiar”, integrantes de “los Conejos”. Por parte de la banda “13 de Noviembre”, los implicados son “Edwin”, “Popeye”, “Soldo”, “Toñito”, “Eric”, “Paraco”, “Mellizo”, “Pablito”, “Chucho”, “Ánderson” y “Camarada”.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información para capturarlos.

El origen de la confrontación no está claro. Es cierto que se disputan las rentas criminales, aunque por ahora sigue bajo investigación la razón que detonó tantas muertes.

NOTA RELACIONADA: El Valle de Aburrá despidió a 2018 y recibió a 2019 con más muertes.

El Inspector.