Este acto se suma al sometimiento en las últimas semanas de alias “el Cabe”, uno de los cabecillas de esta facción que opera en el nororiente de Medellín. ¿Qué hay detrás de tantas entregas?

A la izquierda, José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”; a su lado, Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”). Fotos de cortesía.

La Alcadía de Medellín reportó este miércoles 12 de octubre que tres miembros de la banda se entregaron de manera voluntaria en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Se trata de Jairo Alonso Gallego (alias “Gallego” o “Jerónimo”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“el Vikingo”).

En el acto de rendición, agentes del CTI hicieron efectivas las órdenes de captura que pesaban contra ellos, por cargos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado agravado. En la posterior audiencia de control de garantías, el juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí.

Esta entrega se suma a la de Juan Carlos Bedoya Duque, alias “el Cabe” o “Cabezón”, quien de la misma manera se había presentado a la Secretaría de Seguridad hacía dos semanas. También le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel.

Ninguno de los cuatro presentados aceptó las imputaciones de la Fiscalía en las audiencias, con el objetivo de entablar una negociación (preacuerdo) más adelante y lograr una rebaja de penas más beneficiosa, como es costumbre con los integrantes del crimen organizado en Colombia.

Más allá del gesto, hay qué preguntarse por qué “la Terraza” está gestionando la entrega de sus integrantes. ¿Qué buscan con estas movidas?

Fuentes judiciales señalaron que cuando “el Cabe” se apareció ante las autoridades, dijo que lo hizo obedeciendo órdenes de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, el máximo líder de la banda y uno de los jefes históricos de “la Oficina”.

Este hombre, quien está en prisión desde 2009 y paga una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, le ordenó al subalterno que se entregara como un “gesto de paz”. Idéntica instrucción recibieron “el Vikingo”, “Gallego” y “Víctor”, aunque pensaban que por la muestra de “voluntad” no irían a la cárcel, sino que la justicia los premiaría con detención domiciliaria. Por eso la decisión del juez los sorprendió.

Esta no es la primera vez que “la Terraza” promueve situaciones de este estilo. A finales del año pasado, jefes de la organización como “Barny”, “Pichi Gordo” y “el Saya” (todos bajo el mando de “Douglas”) se acercaron a la Fiscalía para confesar algunos delitos y colaborar con información para varios expedientes, con el fin de obtener beneficios judiciales.

En las primeras reuniones, facilitaron la entrega de un delincuente apodado “la Pecosa” y guiaron a los agentes hasta una caleta con 80 armas. Se comprometieron además a promover desarmes de jóvenes de los combos y pacificar sectores en conflicto de Medellín, pero la negociación se cayó el pasado febrero por diferencias internas en la Fiscalía (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten).

El ente acusador señala que estas nuevas entregas de “la Terraza” no significan que se hayan retomado aquellas negociaciones. No obstante, es evidente que la estructura delincuencial sigue buscando por otros medios un acercamiento con la legalidad.

Abogados que conocen la situación, y hablan bajo reserva de identidad, comentan que el propósito de esta organización es legalizar a sus cabecillas como “gestores de paz” del conflicto urbano, con el objeto de lograr rebajas sustanciosas de condenas, indultos o amnistías como las que el Gobierno le ha prometido a la guerrilla de las Farc en la mesa de La Habana.

Esta sería la tabla de salvación de “Douglas” y otros jefes el crimen organizado del Valle de Aburrá, para no envejecer en la cárcel o pasarse la vida huyendo de la Fuerza Pública. La banda narcoparamilitar “los Urabeños” está realizando aproximaciones similares desde el año pasado, enviando abogados y asesores espirituales con propuestas de negociación a la Fiscalía y la Casa de Nariño.

Mientras todo esto se mueve por debaj0, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cree que los miembros de “la Terraza” se están entregando por la “contundente” presión de las autoridades. “La presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba, pasamos a la ofensiva”, declaró.

Como en otras oportunidades, queda la impresión de las estrategias de los criminales están dos pasos adelante de la ley. Hoy, cuando la ciudadanía colombiana piensa en posconflicto y no descarta la idea de incluir en él a todos sectores, entre ellos a las bandas, muchos lobos se están poniendo el disfraz de oveja.

NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas.

El Inspector.

No es sencillo enfrentar ese número de bandas, que equivalen al 18,6% de las detectadas por la Fiscalía en Colombia (1.883). Al anterior alcalde de Itagüí, Carlos Trujillo, el esfuerzo le significó un plan criminal para atentar contra su vida, lo mismo que le sucedió en febrero a su homólogo de Medellín, Federico Gutiérrez.

Esta es una investigación periodística elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año, se cometieron 106 homicidios en Medellín. Foto de Archivo.

La primera de las fuerzas que rigen a esas facciones es “la Oficina”, con una historia delincuencial que ajusta tres décadas y decenas de cabecillas probados en su cúpula; la otra es “los Urabeños”, cuya influencia en el área metropolitana se hizo tangible en 2012 (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” llegaron a Medellín y con ellos la muerte).

Cada una alberga un conjunto de “odines” (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), que es como la Policía denomina desde 2009 a las confederaciones que agrupan a los combos por comuna o municipio.

Estos grupos se han dividido el Valle de Aburrá cuadra por cuadra, y cuando hay intereses opuestos en un mismo lugar, se encienden las disputas armadas, como pasa en Bello (donde se enfrentan “los Chatas”, “el Mesa” y “Pachelly”), Castilla (“los Matecaña”, “Nuevo México” y “el Hueco de la Candelaria”) y el sector La Loma del corregimiento San Cristóbal (“la Loma”, “San Pedro” y “Peñitas”).

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, dice que se están interviniendo de cerca las problemáticas de Castilla (por combos en pugna), Aranjuez (robo de motos) y Manrique (fleteros).

Hay sectores en los que varias bandas delinquen a la vez. Los investigadores las llaman “comunas despensa”, a donde llegan delincuentes de zonas diversas para extender sus redes, bajo un pacto tácito de no agresión. En Medellín, por ejemplo, están Barrio Antioquia (plazas de vicio), El Poblado (tráfico de drogas y hurtos), Laureles (hurtos) y el punto neurálgico que mayor reto le plantea a la Alcaldía: el Centro.

LOS “PATRONES” DEL CENTRO
El crimen organizado en el corazón urbano de Medellín se controla desde la periferia. Las que tienen las redes más fortificadas, según fuentes policiales, son la “Odín Caicedo”, “Odín Picacho” y “Odín la Terraza”, que a su vez coordinan a los cerca de 20 combos locales del Centro, autodenominados “convivir”.

Y entre toda esa maraña de cabecillas y secuaces, hay uno que se convirtió en el principal blanco de las autoridades. Su alias es “Pedro Pistolas”. Este hombre es sospechoso de fraguar, en compañía de otros, el atentado contra el alcalde Gutiérrez y el sabotaje a su plan de recuperación del Centro, según la denuncia instaurada por un ciudadano en la Procuraduría (01/2/16).

Aunque la información sobre él está dispersa en múltiples bases de datos de las autoridades, se estableció que la primera investigación que lo menciona data de 2006, y está anquilosada en un despacho de la Fiscalía Especializada de Medellín, junto a otros 1.509 casos pendientes de resolver por un solo fiscal.

El expediente se basa en un informe del DAS sobre una estructura de las Autodefensas que delinquía en el casco urbano de Anorí (Antioquia). Allí dice que “Pedro Pistolas”, nacido en 1962 en el vecino municipio de Yarumal, era el coordinador de esa cuadrilla.

En registros policiales le figuran dos incautaciones de arma de fuego con salvoconducto, en el barrio La América: una pistola CZ 9 m.m., cuando estaba ebrio (13/1/07); y otra pistola CZ, con municiones, “por andar deambulando en actitud sospechosa” (21/1/07).

Su hermana menor fue capturada por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) en 2009 y condenada a 36 meses por concierto para delinquir, porque le encontraron un laboratorio de drogas en su finca de Venecia, Antioquia. El informe del caso señaló que sería “integrante de una red de narcotráfico al servicio de ‘la Oficina’”.

Lo siguiente que se supo de “Pedro Pistolas”es que fue víctima de lesiones personales el 26/5/2012, cuando lo atacaron a bala en Laureles.

Pese a las pistas, no existe una orden de captura en su contra. Ahora que las autoridades revivieron el interés en su arresto, se investigó que tiene locales comerciales en sanandresitos del Centro y que al parecer coordinaría una “convivir” asociada con la “Odín Caicedo”.

Su hombre de confianza es apodado “don Ómar”, un exsargento que representa otra de las pesadillas del crimen organizado en el Aburrá: las bandas lideradas por antiguos miembros de la Policía.

EXPOLICÍAS Y CABECILLAS
El pasado 11 de febrero, bajo la coordinación de la Fiscalía 27 de la Dirección contra el Crimen Organizado, la Policía arrestó a cinco presuntos integrantes de la “Convivir Carabobo”, señalados de extorsionar a los vendedores callejeros y almacenes, para que pagaran la “vacuna” de vigilancia a cambio de dejarlos trabajar (ver la NOTA RELACIONADA: Caen presuntos miembros de “Convivir” del Centro).

Las víctimas laboraban en el sector comprendido entre las calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan) y entre las carreras 51 (Bolívar) y 44 (Niquitao). Los vendedores ambulantes pagaban de $3.000 a $5.000 semanales, y cada local $22.000.

El supuesto líder de esta célula delictiva sería Andrés Hincapié Vargas (“Hincapié”), un expatrullero expulsado de la Policía Metropolitana en 2013, cuando lo descubrieron manejando una moto robada.

La Procuraduría lo inhabilitó por 10 años (fallo de segunda instancia del 17/12/13).

Y tras su captura, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y extorsión agravada, que “Hincapié” rechazó en el estrado. Hoy duerme en la cárcel El Pedregal.

Su caso se suma al de “don Ómar” y otros ocho expolicías que, más que trabajar para bandas, ascendieron en esas jerarquías hasta ser cabecillas. El más conocido es el capitán (r) Edward García Arboleda, alias “Orión”, cuyo rostro es conocido en varios países desde que el Departamento del Tesoro de E.U. lo incluyó en la Lista Clinton por sus presuntas relaciones con “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Trabajó para el extraditado general (r) Mauricio Santoyo, en su paso por el Comando Élite Antiterrorista (Ceat). Luego estuvo en la Dijín, antes de su retiro. Su cuñado es un mayor (r) apodado “Careguayo”, quien también aparece ligado a “la Oficina” en informes de la Fiscalía y la Policía, aunque carece de orden de captura.

En la “Odín Robledo”, a sangre y fuego ascendió un expatrullero apodado “Duque”, hasta liderar los asuntos del grupo en el barrio El Diamante. Según reportes de Inteligencia, estaría relacionado con ocho homicidios en la comuna 7, taquillazos a bancos y en 2012 fue detenido en el barrio Mesa de Envigado, cuando iba en un carro con un cuadro robado del maestro Fernando Botero, avaluado en $20 millones. No tiene orden de arresto.

Como tampoco la tienen el expatrullero pensionado alias “Tombolín”, presunto cabecilla de la “Odín la Terraza”; ni “Mauricio el Grande”, un exsubintendente que en 2005 se desmovilizó del bloque Héroes de Granada de las Auc y ahora ejecuta trabajos para “la Oficina” y la “Odín Belén”. A este último le incautaron 19 veces armas con salvoconducto, entre 2001 y 2007, pero siempre salió avante; incluso sobrevivió a un atentado, cuando en Belén Rincón le dieron cuatro tiros (11/11/13).

Otro par de expolicías que llegaron a liderar bandas fueron capturados y sentenciados en años recientes: John Jairo Ruiz Muñetón (“Calvo Ruiz”), cabecilla de la banda “la Camila” de Bello, paga 8 años de prisión; y Jean Fernando Espinosa (“Yam” o “la Firma”), de la “Odín Picacho”, 15 años.

Frente a este fenómeno, el general José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, señala:“si la Policía en su actividad de transparencia verifica que algunos han sido captados por la delincuencia, los retira. Y lógicamente estos locos se van a seguir delinquiendo en bandas. Nosotros seguimos el proceso con la Fiscalía, y si hay que capturarlos lo hacemos, o si hay que darlos de baja en algún procedimiento, los damos de baja”.

Y concluye: “aquí no se puede perdonar nada al interior, y mucho menos si es un exmiembro de la Institución”.

Esta infografía representa a las principales bandas del Valle de Aburrá y los lugares donde tiene influencia, así como sus alianzas y disputas internas. Cortesía El Colombiano.

BUSCANDO NEGOCIACIÓN
“Los Urabeños”, por medio de abogados y sacerdotes anglicanos coordinados por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), iniciaron acercamientos con la Dirección de la Fiscalía en enero de 2015, con miras a negociar el sometimiento de sus miembros, a cambio de beneficios jurídicos. El primer resultado fue la rendición de 12 “urabeños” en Roldanillo, Valle (11/2/15).

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, dijo el 21 de mayo que había nombrado un fiscal especializado para encabezar las reuniones con delegados de la banda, en aras de negociar. Hasta ahora no hay un resultado definitivo, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley que regularía estos procedimientos.

Desde agosto unos miembros de “la Oficina”, adscritos a la “Odín la Terraza”, iniciaron otro acercamiento con la Fiscalía. Se trata de Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“Saya”), condenados a penas superiores a 10 años.

El contacto entre estos cabecillas fue a través de la coordinadora de la Unidad de Vida de la Fiscalía, Alexandra Vélez, quien enteró del proceso a su superior y a la Alcaldía. El director Seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Giraldo, avaló las conversaciones y destinó un equipo de tareas especiales para verificar la información aportada.

Los delincuentes ofrecieron esclarecer varios crímenes, a cambio de beneficios carcelarios y rebajas de pena en futuros expedientes. Como prueba, entregaron una caleta con 80 armas en el corregimiento Santa Elena (04/11/15) y facilitaron el sometimiento de “la Pecosa”, quien tenía orden de captura por extorsión. Pese a esto, la Fiscalía suspendió abruptamente las conversaciones el mes pasado y relevó del cargo a la fiscal Vélez.

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, que actuó como veedor del proceso, se declara decepcionado. “No era clandestino, había actas de las reuniones, ¿por qué la Fiscalía descartó esta iniciativa de paz, que buscaba llevarle la verdad a las víctimas? El resultado de este intento fallido es más incredulidad en la justicia. ¿Entonces qué hacemos con los delincuentes que quieren colaborar? ¿Que no lo hagan?”, se pregunta el jurista.

La postura de la Alcaldía en este asunto parece imparcial. Villegas dice que “la decisión es potestad del Gobierno Nacional, hay una normatividad que permite acercamientos solo con los grupos armados al margen de la ley; en este caso tendría que haber un sometimiento, y si el Gobierno lo considera, haría las modificaciones (a la ley) para las negociaciones. La Fiscalía tiene la palabra y serán ellos los competentes”.

Mientras las autoridades definen los mecanismos para un sometimiento, sobre todo ahora que tanto se habla de posconflicto, la premisa es la lucha frontal contra las bandas y sus redes de corrupción.

El Inspector.