Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.

El anuncio lo hizo mediante una carta enviada a un medio de comunicación, en el que se difundió un supuesto comunicado que anunciaba la paz para esa zona de la ciudad.

Alias “Julián Machete” está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, pendiente de un juicio oral. Foto de archivo.

Como contexto, es importante indicar que, tal cual ha venido informando Revelaciones del Bajo Mundo, desde septiembre de 2022 ocurrió una división interna en la organización delincuencial “los Pesebreros”, también llamada “Robledo” por parte de la Policía.

La fractura quedó expuesta con el asesinato de Javier Ventura Marín, alias “Tatú”, el pasado 11 de septiembre. Él era el subcomandante de la estructura hasta ese entonces.

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El hecho provocó múltiples rencillas entre los combos asociados, que tuvieron su punto crítico en la última semana de noviembre, con 10 muertos en diferentes vecindarios del Occidente de Medellín. A raíz de esto, la zozobra amilanó a la comunidad y la Policía incrementó su vigilancia.

Fuentes que participaron en uno de los consejos de seguridad señalaron que, según la información de Inteligencia, tres cabecillas de “los Pesebreros” estarían presuntamente involucrados en la racha violenta: los encarcelados Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y Julián Jiménez Monsalve (“Julián Machete”); y Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”), quien obtuvo su libertad recientemente.

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, circuló un comunicado sin firma por distintas redes sociales, anunciando una supuesta tregua entre los actores ilegales de Robledo. Decía: “Es un gran día para Medellín, se sella un pacto de no agresión entre las estructuras Aures, la Campiña y los Pesebreros. El propósito es preservar la vida y la integridad de los habitantes de Robledo (…). El señor Julián Alberto Monsalve, sr. Freyner Alonso Ramírez García y el sr Luis Aníbal García Gómez, hacen un compromiso público de aportarle a la paz del área metropolitana (…)”.

La carta, presuntamente falsa, que circuló por redes sociales el 28 de diciembre de 2022. Cortesía.

Aunque no hubo ninguna autoridad que certificara la veracidad del comunicado, varios medios de comunicación locales hicieron eco del tema, lo que suscitó la respuesta de “Julián Machete” desde la cárcel La Picota, de Bogotá.

“Es falso ese documento, puesto que nunca he acordado ni celebrado pacto alguno con los otros señores que mencionan, pues no soy miembro ni líder de organización al margen de la ley y grupo o banda delincuencial de las cuales se me está involucrando en el citado documento, pues veo que ese oficio es falso en su contenido y firma, y esto me hace un gran daño por el proceso en el cual me estoy defendiendo”, expuso Jiménez en un mensaje dirigido al noticiero regional Hora 13.

El proceso al cual se refiere “Julián Machete”, es un juicio en el que la Fiscalía lo acusa de haber ordenado cuatro asesinatos y una tentativa de homicidio, perpetrados por sicarios de la banda “el Coco” en la comuna 13, entre 2010 y 2018.

Hay que recordar que este hombre fue detenido en enero de 2019 en República Dominicana, donde se movía con documentación falsa, y ya tiene una sentencia en su prontuario. El 2 de octubre de 2020, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó a 37 meses de cárcel por el delito de extorsión.

Fragmento de la carta de “Julián Machete” enviada desde la cárcel a un medio de comunicación. Cortesía.

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De otro lado, por la racha de crímenes ocurridos en Robledo a finales del año pasado, las autoridades apenas han capturado a un sospechoso.  Se trata de Juan Manuel Cerón Castaño, alias “Juancito”, de 30 años y presunto integrante del combo “la Campiña”.

La Policía lo detuvo en diciembre en el barrio Robledo, por su presunta participación en el doble homicidio de Emiro Tuberquia y Édison Fabio Sossa López, supuestos miembros de la banda “la Huerta”, quienes fueron secuestrados el 29 de noviembre, asesinados a tiros y sus cadáveres envueltos en costales. Al día siguiente fueron abandonados en un taxi robado, en el barrio Trinidad de Medellín.

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El Inspector.

En ese tiempo se redujeron los homicidios en el Valle de Aburrá, aumentaron las extorsiones, mermaron las confrontaciones bélicas y las capturas de cabecillas de alto perfil. Los mafiosos le han dicho a la población y al Gobierno que buscan la paz, pero en el fondo sus intereses son más oscuros.

Revelaciones del Bajo investigó con fuentes policiales, militares y judiciales, así como con integrantes de dichas estructuras ilegales, las verdaderas razones detrás del pacto.

Escena de un pleito entre combos de la comuna 13, en 2010. Archivo.

1. Negociar beneficios a cambio de “paz”

Este ha sido uno de los objetivos básicos de los cabecillas de “la Oficina” desde un principio, el cual han querido manejar como un as bajo la manga en caso de que su situación judicial se complique.

Una vez capturado, “Carlos Pesebre” manifestó a las autoridades que estaba en condición de “entregar mil muchachos” a cambio de beneficios penales e inversión estatal en programas para la manutención y capacitación de los jóvenes, que les permitan desenvolverse por fuera de las bandas. Esta postura sería apoyada por otros líderes de la organización criminal, como “Pichi” (también detenido) y “Barny” (libre).

Desde el año pasado, un pull de abogados y representantes legales de estos cabecillas ha concretado reuniones con funcionarios de la Fiscalía y del gobierno local, regional y nacional, tratando de convencerlos de esta propuesta: los combos del Valle de Aburrá reducen los homicidios, acaban las fronteras invisibles, entregan armas y se someten a la justicia; a cambio, obtendrían rebajas en sus penas y una especie de reintegración a la sociedad, similar a la ofrecida a los desmovilizados de las autodefensas y la guerrilla.

Fuentes cercanas a este proceso han dicho que, si bien las autoridades niegan públicamente estas reuniones, en el fondo no han descartado nada, debido a los aparentes réditos que los gobernantes de turno podrían ganar: la imagen de pacificadores, de comandantes efectivos, triunfadores sobre la violencia, garantes de la paz en los barrios.

Estos beneficios políticos son jugosos en esta época, caracterizada por los diálogos con las Farc en La Habana, las elecciones presidenciales y al Congreso, la internacionalización de Medellín (con eventos como el Foro Urbano Mundial, Feria de Flores, Colombiamoda y demás) y del país. Son estas circunstancias, en las que los funcionarios necesitan votos, las que están aprovechando los abogados de “la Oficina” para endulzar el oído de los servidores públicos.

2. Bajar el perfil público de los cabecillas

Entre 2012 y julio de 2013, antes del pacto entre las bandas, la Policía arrestó 13 cabecillas de alto perfil de “la Oficina”: “Beto”, “Sebastián”, “Frank”, “Víctor Colas”, “el Indio”, “Pichi”, “Carlos Pesebre”, “Tatú”, “Maicol”, “Don Pepe”, “Yam”, “Adiel” y “Chichón”. A esto se sumaron las muertes de “Morro” y “Patetigre” en confrontaciones internas.

De “los Urabeños” que delinquían en el Valle de Aburrá o tenían redes aquí, cayeron “Mi Sangre”, “el Indio”, “Chito”, “el Gomelo”, “Galván” y “Cucho”.

Además, comenzaron a ejecutarse estudios de Inteligencia y seguimiento contra jefes que antes permanecían a la sombra, como “Tom”, “Don Daniel”, “Gabriel Paraco”, “Barny”, “Fredy Colas”, “Soto”, “Tuto” y “Diego Chamizo”, entre otros.

De repente, las cúpulas de estas organizaciones criminales en el área metropolitana estaban expuestas, de cuenta de los asesinatos y pleitos armados que los convirtieron en agentes del desorden público a ojos de la ciudadanía y las autoridades. Les tocó, entonces, pactar un acuerdo para disminuir las confrontaciones y dejar de ser un factor de perturbación tan visible.

Después del pacto, en julio de 2013, no han vuelto a ser capturados cabecillas de jerarquía, aunque se destacan los arrestos de seis líderes con relativo poder: “Yordi”, “Nando”, “Ronald”, “el Tigre”, “Toño” y “Jotalibán”.

La aparente tranquilidad permitió, por ejemplo, que “los Urabeños” trasladaran de zona a “Don Daniel”, su coordinador en el Valle de Aburrá. Ahora este personaje actúa en el Nordeste antioqueño con el apodo de “Pablo”, adonde llegó para reemplazar a “Marcos”, el cabecilla del área, muerto en una operación de la Dijín hace un mes.

En el Aburrá quedaron “Gabriel Paraco” y “Benavidez”, este último encargado de los asuntos “políticos” y como delegado para el pacto.

3. Prepararse para los rivales del postconflicto

Un integrante de una banda del occidente de Medellín explicó así otra de las razones que, a su juicio, justifican el pacto: “Con esos diálogos de paz en Cuba, los guerrilleros se van a desmovilizar. Varios de ellos se vendrán a las ciudades a montar sus combos, igual que hicieron los paracos. Entonces nosotros tenemos que estar unidos y asegurar la ciudad, antes de que ellos vengan a pelear un puesto”.

Según fuentes de la Séptima División del Ejército, en la capital antioqueña hay combos de la comuna 13 que hacen trabajos para las Farc, y otros de las comunas 1 y 8 que los ejecutan para el Eln. En un escenario de postconflicto, es posible que esos grupos sean la base para los subversivos desmovilizados que seguirán en la delincuencia.

Por tanto, los combos que hoy ostentan el control del bajo mundo, cerrarían filas para evitar la entrada de un nuevo actor armado que les dispute su negocio ilegal.

4. Redistribuir las funciones y rentas criminales

En tiempos de la “paz” entre bandas se redujeron los asesinatos, pero hubo una redistribución del cobro de las microextorsiones (vacunas) en los barrios. Un miembro de un combo de la comuna 13 lo explicó así: “Antes íbamos cuatro manes a cobrar a la misma tienda; ahora mandamos a uno solo, y luego se reparte la plata”.

Las vacunas, que previo al pacto se aplicaban en el 80 por ciento de Medellín, se afianzaron en los territorios donde antes había guerra. El recién creado Gaula Metropolitano ha efectuado varios operativos, impactando a diferentes combos, pero el fenómeno no se detiene.

5. Ahorrar costos en la guerra

Sostener un conflicto bélico implica invertir altas sumas en arsenal, reclutamiento de personas, equipos de apoyo (motos, carros, lentes de visión nocturna, chalecos antibalas, silenciadores, comunicaciones), pago de informantes y demás.

Sumado a ello, los grupos terminan diezmados por la muerte de integrantes, se arriesgan territorios y rutas de movilidad; y se gasta dinero en los procesos judiciales de los capturados.

Es por esto que, para el crimen organizado, es más conveniente el pacto que la guerra. Ahorran dinero y lo destinan a otros intereses.

6. Conservar los enlaces de narcotráfico y lavado de activos

Los mexicanos son los principales aliados de los narcos antioqueños para la exportación y distribución de la cocaína en Estados Unidos. En los últimos dos años, la cacería combinada de E.U. y el gobierno mexicano, así como las guerras entre ellos, terminaron afectando las cúpulas de “los Zetas” y el Cartel de Sinaloa, las organizaciones más conectadas con Colombia.

De “los Zetas”, mataron a su líder “el Lazca” y capturaron a los sucesores, “Zeta 40″ y “Zeta 50″ o “Talibán”; de Sinaloa, cayó recientemente el máximo jefe, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Ante la asfixiante persecución, a esos grupos no les conviene que en Colombia, de donde provienen los insumos, haya un clima de inestabilidad en el bajo mundo. Fuentes de Inteligencia señalaron que a mediados y finales de 2013 estuvieron en Antioquia un delegado del “Zeta 40″ y un sobrino del “Chapo”, apodado “Mario”.

Vinieron por separado a fortalecer los lazos con los criminales locales, en especial con “Otoniel”, el jefe de “los Urabeños”. Al parecer brindaron apoyo al pacto de esa facción con “la Oficina” y se habrían ofrecido de “garantes”.

A manera de conclusión, no está de más precisar que, si bien estas seis son las razones ocultas detrás del cese al fuego entre las bandas, ellos se han encargado de hacer propaganda en los barrios y oficinas de funcionarios públicos, repartiendo volantes y convocando a reuniones para decir que “están cansados de la guerra”, que “solo quieren una oportunidad para los jóvenes” y que “están en capacidad de pacificar el Valle de Aburrá”. ¿Alguien les cree?

NOTA RELACIONADA: En cumbre mafiosa se pactó una tregua de combos.

El Inspector.