Este doble homicidio se suma al asesinato de un abogado en el municipio de Andes, Antioquia, perpetrado en menos de 24 horas y también con el sello del crimen organizado. Aunque no hay indicios de que estén relacionados, ambos apuntan a encargos de la mafia.

En este vehículo iban los dos hermanos asesinados por sicarios en la avenida Las Palmas, en Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

El primero de los hechos ocurrió el pasado 4  de octubre en el corregimiento Tapartó, de Andes. El abogado Rafael Darío Zapata Ospina conducía una camioneta en compañía de otra persona, cuando fue interceptado por delincuentes motorizados en una vía de la vereda La Siria.

Los criminales dispararon en movimiento e impactaron a Zapata, quien perdió el control del volante y acabó estrellado contra una ladera. El parrillero se bajó de la moto y remató al conductor de múltiples disparos, dejando también herido a su acompañante.

Rafael Zapata había sido agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en los años 90. Luego se desempeñó como secretario de Educación de Andes. Miembro de un clan familiar con raíces en la política, poseía una finca ganadera en Tapartó y uno de sus hermanos es Jaime Zapata, director de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia.

Quienes lo conocían, indicaron que Zapata también litigaba como abogado defensor en procesos penales y que hace 15 años sobrevivió a un ataque sicarial en el centro de Andes.

En esta camioneta iba el abogado Rafael Zapata, cuando fue asesinado en una carretera de Andes, Antioquia. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

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Al día siguiente (octubre 5) se presentó otro ataque en el barrio San Diego, de Medellín, sobre la avenida Las Palmas. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los hermanos Ángel Enrique y Didier Julián Galindo Agudelo, de 42 y 32 años respectivamente, viajaban en un carro por la citada avenida, que conecta a la capital antioqueña con el aeropuerto de Rionegro.

A las 4:20 p.m. fueron interceptados por dos matones en motocicleta, quienes abrieron fuego contra el automotor. Los hermanos, heridos de muerte, trataron de huir saltando el separador vial, quedando en contravía sobre la calzada opuesta.

Allí se produjo una colisión que involucró una camioneta, un automóvil y un bus de servicio público. Tres personas que viajaban en esos vehículos resultaron heridos.

En cuanto a los hermanos, que fallecieron en el ataque, la Fiscalía señaló que eran del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

En la base de datos judiciales, Ángel Enrique aparecía reseñado como presunto indiciado por los delitos de estafa, amenazas, hurto y extorsión, cometidos por fuera de Antioquia. En cuanto a Didier Julián, figuraba como testigo en un caso de homicidio perpetrado en Barrancabermeja, Santander.

En ambos casos los sicarios lograron darse a la fuga.

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El Inspector.

Sergio Hurtado aceptó ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín que desmembró los cadáveres de dos muchachas en el barrio Boston y trató de ocultar la evidencia, por lo que fue enviado a la cárcel Bellavista.

Las víctimas, Katherine (arriba) y Cindy. Al lado, la imagen de Sergio Hurtado difundida en internet. Cortesía.

El crimen, al cual Revelaciones del Bajo Mundo le ha hecho seguimiento desde el principio, ocurrió el 4 de marzo de 2009, cuando la Policía encontró en la casa de Hurtado los restos de Cindy Lorena Giraldo Correa y Katherine Cano Patiño.

Las jóvenes de 17 años habían sido desmembradas y el perpetrador ocultó sus miembros en una caneca, la cual llenó luego con cemento. Cuando arribaron los uniformados, el papá de Hurtado evitó que entraran, mientras el sospechoso escapaba por los tejados y huía de la ciudad.

Las familias de las muchachas, de escasos recursos económicos, comenzaron a tocar todas las puertas, clamando apoyo de las autoridades para que el caso no quedara en la impunidad.

En el último mes, la Fiscalía decidió cambiar el expediente de despacho, y el nuevo funcionario asignado expidió la orden de captura, más de cuatro años después de lo sucedido.

En ese tiempo, Hurtado no tuvo mayor presión sobre sus hombros que un grupo de Facebook, en el cual los amigos de las occisas difundieron su foto, y el recordatorio anual que los medios de comunicación hacían sobre el caso.

Con la orden judicial, el CTI lo arrestó hace dos semanas en la ciudad de Montería, Córdoba. En la audiencia, realizada el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía le imputó el cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, el cual aceptó el detenido.

Con esa aceptación, podría recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento de la condena que después emita el juez, que sería entre 4 y 12 años de prisión, según estipula la ley.

El ente acusador no le imputó el delito de homicidio porque el Instituto de Medicina Legal no logró determinar la causa de la muerte, debido al alto grado de descomposición de las partes y la contaminación producida por la cal y el cemento que Hurtado empleó para tratar de ocultarlas.

En síntesis, se sabe que él las desmembró, pero no hay pruebas científicas para determinar si las mató. La otra hipótesis, tampoco probada, es que fallecieron por una sobredosis de estupefacientes y él quiso deshacerse de los cuerpos después.

Con el proceso penal, tal cual está formulado, Hurtado podría salir muy pronto de la cárcel. La paradoja es que no se probaría que sea un asesino, pero sí un descuartizador. ¿Será que eso es tranquilizador para la sociedad?

Para conocer los detalles del caso desde el principio, pueden leer las NOTAS RELACIONADAS:

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El Inspector.

Con su extradición a Estados Unidos (octubre 16), la máxima jerarquía de la organización criminal “la Oficina” queda prácticamente en poder de la justicia de aquella nación, sin responder por los miles de crímenes perpetrados en Colombia. Esta es la reseña del caso, elaborada por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

Ericson Vargas fue conducido de la cárcel Picaleña (Ibagué) al hangar de la DEA en Bogotá. Cortesía Dijín.

En celdas estadounidenses permanecen “don Berna”, “Rogelio”, “Yiyo”, “Botija”, “Valenciano” y ahora “Sebastián”, el último de los cabecillas que tenían poder mafioso en todo en Valle de Aburrá, parte de Antioquia, Colombia y enlaces en el exterior.

Los que quedan en la estructura tienen un control más concentrado, algunos con gran poder en Itagüí, por ejemplo, pero ninguno en Bello; hay quienes son los “capos” en el oriente de Medellín, y al otro lado del río ni los conocen. En este nivel están los actuales jefes de “la Oficina”, sin que ello implique que sean menos peligrosos: “Tom”, “Barny”, “Mateo”, “Gil”, “Tuto”, “Diego Chamizo”, “Fredy Colas” y “el Saya”, entre otros.

La Policía sindicó a “Sebastián” de ser el principal instigador de la pasada guerra de combos contra su rival “Valenciano”, que provocó la mayoría de los 6.932 asesinatos y 23 masacres en Medellín entre 2008 y 2011. Pese a este señalamiento, ninguno de los dos tiene acusaciones formales por estas muertes en Colombia y en E.U. responderán por cuestiones asociadas al narcotráfico.

Junto a Vargas Cardona fueron extraditados: Claudia Beatriz Ricaurte, Nubia Abadía Sarria, Luis Fernando Rueda Torrado, René David Quintana, Germán Darío Estrada Montoya, John Fredy Potes, Fabio Andrés Díaz, Wilson Caicedo Cuero, Diego Vallejo Reyes, Gustavo Pérez García, Édison Correa Vélez y Harbi Caicedo, alias “Guri”, según las autoridades.

El capo dejó un prontuario a su paso por la delincuencia en Colombia, cuyos expedientes, en últimas, no le produjeron mayores contratiempos penales. Esta es la reseña, extraída de los procesos en la Fiscalía:

 – Las primeras reseñas judiciales de Ericson Vargas datan del 22 de mayo de 1996, a la edad de 22 años, cuando fue detenido como sospechoso de un asesinato en el barrio Laureles de Medellín. Sin embargo, la Fiscalía 132 Seccional precluyó el caso y lo dejó en libertad.

– El 26 de junio de 1996 apareció, junto a su hermano Franklin Vargas Cardona, referenciado en otro expediente judicial con radicado N° 342129. Allí lo señalaban de integrar una banda criminal con base en el barrio El Salvador, y sospechoso de las conductas de instigación para delinquir y constreñimiento. Esta investigación penal fue suspendida en 2004.

– El 25 de agosto de 2006 una patrulla le decomisó un arma de fuego en el barrio Las Palmas. Se trató de una pistola Walther 9 milímetros, con permiso para porte N°1203749. En esa oportunidad estaba con sus lugartenientes “Víctor Colitas” (hoy condenado), “Teletubi” (asesinado) y “Diego Chamizo” (en libertad), mas ninguno fue detenido.

– A partir de 2010, una investigación de la Sijín contra las bandas del oriente de la capital antioqueña derivó en la judicialización de este cabecilla. Se abrieron dos nuevos procesos en Colombia: la Fiscalía24 Especializada de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes lo reseñó por concierto para delinquir agravado; y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Medellín expidió una orden de captura en su contra (con radicado N°201011386) por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

– El 18 de agosto de 2011, E.U. solicitó la extradición de “Sebastián”, por cuatro cargos instaurados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a esa nación; conspiración para distribuir 5 o más kilos de cocaína en ese país; uso y porte de armas para promover el tráfico de narcóticos; y llevar un explosivo durante la comisión de un delito federal. Estos dos últimos crímenes son imputados por primera vez a un narco colombiano en Estados Unidos.

– El 8 de agosto de 2012 fue capturado en una finca de Girardota, Antioquia, en un operativo coordinado por la Dijín y la Dipol. En el hecho se presentó un tiroteo y murió uno de sus escoltas.

Tras la extradición, queda abierta la pregunta de qué pasará cuando finalice su condena en E.U. ¿Será deportado para pagar sus delitos en Colombia? ¿O los procesos actuales también serán archivados, como los de los años 90? ¿Acaso permanecerá en el extranjero, disfrutando de una nueva identidad y convertido en informante de la DEA, como han hecho otros?

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El Inspector.

Las madres de las víctimas continúan dando la batalla jurídica con tutelas, pero las embarga el dolor porque el sospechoso de agredir a las adolescentes sigue libre, sin haber pagado un solo día de prisión. En nuestra sección ¿EN QUÉ VA EL CASO?, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo no dejan que este este hecho caiga en el olvido.

A la derecha está María Katherine, quien era madre de una niña; a su lado, Cindy Lorena. Fotos de cortesía publicadas con autorización de las familias.

“La abogada que nos está asesorando puso una tutela, y la ganamos, para que el fiscal del caso entregue el expediente, pero él no lo ha hecho”, manifiesta Yackeline Patiño Orrego, mamá de la difunta Katherine Cano Patiño.

En igual situación está Elsy Correa, madre de Cindy Lorena Giraldo Correa, quien no ha dejado de tocar puertas para que el episodio no quede en la impunidad. “Qué tristeza, nosotros no poder sacar los restos de las niñas del cementerio de San Pedro, porque en cuatro años las autoridades no han hecho nada. Ya queremos que ellas descansen y nosotros también”, cuenta Elsy.

El estremecedor caso fue conocido por las autoridades el 4 de marzo de 2009, cuando los vecinos de una vivienda de Boston llamaron a la Policía, tras notar olores y movimientos sospechosos. Dos uniformados acudieron y observaron que en el balcón de la casa había varios bultos de cemento.

Tocaron la puerta, pero un hombre de 66 años la trancó, mientras su hijo escapaba por los tejados. Los funcionarios públicos entraron a la fuerza, observando que en una habitación había una caneca de plástico llena de cemento endurecido, de la cual asomaba una cabellera negra.

Los criminalistas del CTI, valiéndose de martillo y cincel, fragmentaron el material y extrajeron los cadáveres desmembrados de las dos muchachas. Según sus familiares, un par de días atrás Katherine y Lorena habían salido de sus casas para asistir a una fiesta en la casa del sujeto que escapó por los tejados.

Días después el hombre se presentó ante la Fiscalía, que hasta el día de hoy no lo ha judicializado por ningún delito. La razón es que, tal cual expuso una forense de Medicina Legal a Yackeline, no fue posible determinar si las víctimas fueron asesinadas. Se rumoró que fueron ahorcadas, abusadas o drogadas, aunque lo cierto es que la causa de la muerte quedó por establecer, por lo cual el ente acusador no ha podido expedir la orden de captura por homicidio.

Las autoridades ya tienen la certeza de que el sospechoso las desmembró, aunque tampoco lo han acusado por el delito de irrespeto a cadáver (artículo 204 del Código Penal), que al menos genera una multa al infractor.

A través de marchas pacíficas, grupos de Facebook y apoyo de ONG feministas, las familias han tratado de destrabar el caso, sin éxito. Fuentes de la Fiscalía se comprometieron a revisarlo esta semana.

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El Inspector.

La Policía estudia como móvil de este asunto un pleito derivado de la negociación de un carro, aunque en la escena del crimen los investigadores encontraron una pista que no se puede descartar.

Los criminalistas adelantaron la inspección judicial en medio de un aguacero. Foto de Carlos Taborda.

Los hechos se presentaron a las 7:30 p.m. de ayer, en momentos en que John Jaime Jaramillo García, de 44 años, conducía el Chevrolet Samurai en dirección sur-norte. Lo acompañaban Abraham de Jesús Higuita Higuita y Orlando Antonio Holguín Varela, de 53 y 57 años respectivamente.

A la altura del barrio Tricentenario, cuatro mercenarios en dos motocicletas se aproximaron al campero y dispararon en múltiples ocasiones con armas de calibre 9 milímetros. Los vigilantes de las empresas vecinas dijeron que habían escuchado un estruendo, pero que no pudieron reaccionar.

Dentro del campero murieron dos personas: Orlando Antonio, quien trabajaba como lavador de carros y era tartamudo; y John Jaime, comerciante de automotores y negociante de una compraventa ubicada la carrera 70 de Medellín (Laureles).

En la inspección judicial, los criminalistas revisaron los bolsillos de este último y encontraron un carné de la Red de Apoyo Ciudadano, conformado por un grupo de civiles y comerciantes que colaboran brindando información a la Policía del sector e implementan prácticas de seguridad comunitaria.

Por su parte, Abraham falleció en un centro hospitalario. Era comisionista de venta de carros y, al igual que las otras víctimas, residía en el municipio de Bello.

El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales y que analizan una discusión por un negocio ocurrida en el local de la compraventa como posible móvil del triple homicidio.

El Inspector.