En los bancos termina el dinero

Al menos 10 billones de pesos habrían entrado al sistema financiero colombiano como pago de oro ilegal.

El dinero producto de todas las exportaciones en Colombia termina en el sistema financiero y las de oro no son la excepción.

Los exportadores reciben en sus cuentas bancarias los dólares que pagan las refinerías del mundo por el oro, el problema es que cerca de la mitad de ese preciado material es de origen ilegal, como se ha documentado en esta investigación.

Según los procesos que cursan en la justicia ordinaria, aún sin condenas, en los últimos 10 años habrían ingresado al sistema financiero colombiano más de 10 billones de pesos de exportaciones del mineral de presunto origen ilegal.

Lo tiene claro el sector, tanto que Asobancaria elaboró una cartilla en la que explica, en 72 páginas, cómo funciona el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través del oro.

“Se puede evidenciar que esta actividad presenta vulnerabilidades que permiten que personas y grupos ilegales logren permearla y utilizarla con fines ilícitos. Por eso, se hace necesario que las entidades que tienen como clientes, usuarios o contrapartes a actores participantes de esta actividad, realicen la debida diligencia de conocimiento de estos y de los beneficiarios finales, con el fin de proteger este subsector”, dice la cartilla.

De ahí que la extracción y comercialización de oro sea una actividad de alto riesgo para las entidades financieras. Así lo estableció la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 55 de 2016, que modificó las instrucciones relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Por eso es que los bancos “cuentan con políticas y procedimientos sobre conocimiento del cliente y esto incluye los soportes documentales respectivos de la actividad económica y una entrevista con el potencial cliente”, dicen desde el gremio.

Cerraron las puertas

Ese complejo panorama para las entidades bancarias generó que empezaran a cerrar las puertas al sector, lo que, como dice Carolina Flórez García, gerente general de Mines and Business, quien hace la revisión de proveedores para la refinería de oro antioqueña Ciigsa, “facilita la ilegalidad. Es curioso, el gran lavado de activos pasó por los bancos y la forma de legalizar este negocio es bancarizarlo desde el origen hasta la exportación”.

En ello concuerdan Otoniel Calderón y Santiago Gómez, socios en Ecoondas, un proyecto de comercialización en Chocó que no ha podido funcionar bien porque ningún banco quiere abrirles cuentas a los barequeros a los que les compran la piedrita dorada.

“Estamos haciendo las cosas como lo dice la ley y para ello debemos garantizar la trazabilidad del dinero que entregamos a cambio del oro. Sabemos que hay un negocio turbio que se mueve en la región y no queremos participar de él, pero para hacer las cosas bien necesitamos que los bancos ayuden. Ha sido imposible”, anota Gómez.

Calderón agrega, por su parte, que si no tienen herramientas que les permitan dispersar los pagos no pueden comprar el material que lleguen a vender en su compraventa, y los barequeros y mineros terminarán, como siempre, donde el comercializador, que hace las cosas mal, alimentando esa cadena de destrucción ambiental, de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Ya han intentado varios mecanismos: las cuentas tradicionales con tarjeta débito, cuentas corrientes y, el último, fue con cuentas virtuales que cargan el saldo a celulares inteligentes, pero los topes que manejan son bajos ($2,5 millones al mes), lo que no concuerda con la realidad del negocio. Teniendo en cuenta que un barequero puede vender 35 gramos de oro al mes, que equivalen a aproximadamente 4 millones de pesos.

Desde Asobancaria explican que “las entidades financieras otorgan productos o servicios a clientes relacionados con este sector, sin importar la jurisdicción, siempre y cuando cumplan con la regulación minera vigente, las políticas o requisitos internos de vinculación de clientes y productos de la entidad financiera, su apetito de riesgo y nicho de mercado, y las políticas relacionadas con su Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

Asunto que niegan las comercializadoras locales que no han logrado regularizar su situación por cuenta de las prevenciones de los bancos.

Bancos solo para algunos

Las comercializadoras internacionales de oro tienen cuentas en bancos colombianos, de lo contrario no podrían exportar, pero solo algunos de sus proveedores están bancarizados, en el resto de la cadena los pagos son en efectivo. En este último eslabón salen beneficiados grupos armados ilegales, que financian la operación de las minas y que extorsionan a los mineros, todo con plata contante y sonante.

Andrés Vieira Gutiérrez, gerente de C.I.J. Gutiérrez, la más grande comercializadora del país, le dijo a EL COLOMBIANO días antes de que iniciara su proceso penal por lavado de activos, que todos sus proveedores están bancarizados: “Quien no tenga cuenta en un banco no puede ser mi proveedor”.

También reconoció que la trazabilidad del dinero proveniente de la exportación se pierde en el comercializador local, que siempre paga en efectivo a mineros y barequeros. El boquete de los ilegales.

Por su parte, el dueño de una compraventa del Bajo Cauca antioqueño, que pidió la reserva de su identidad, explicó que el dinero plástico ni siquiera es conocido en las zonas mineras: “Uno tiene que internarse en el monte con una maleta llena de dinero a buscar a los mineros y comprarles en el lugar. Este es un negocio en el que los bancos no existen”.

Así termina el ciclo del suministro de oro ilegal, que inició en las minas con explotaciones que no son permitidas por el Gobierno, cuyo origen legal se inventan a través de la suplantación, la falsificación y el engaño algunas compraventas locales. Ellas lo venden a comercializadores que exportan el oro a Estados Unidos, Suiza y otros países que abastecen el negocio mudial.

Cuando ese dinero retorna al país hace el mismo tránsito, pero a la inversa y, en ese momento, llega a financiar a los criminales y a la guerra.

Hay que garantizar la trazabilidad

Trazoro es una empresa financiada por Ruta N, que diseñó un sistema informático para garantizar la trazabilidad en las transacciones de oro. Varias entidades, entre ellas el Observatorio Colombiano de Minería y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), identificaron en ella potencial para superar la crisis de ilegalidad que vive actualmente el sector. Inclusive hoy su co-fundador, Carlos Andrés Mejía, lo presentará en París en el Foro de Minerales Responsables, como una estrategia tecnológica para la correcta comercialización de metales preciosos.