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Más que una necesidad, en los últimos años se ha convertido en una obligación para las administraciones públicas adelantar procesos de modernización que las ayuden a adaptarse a las necesidades y contextos actuales que son completamente diferentes a los que las vieron nacer.
La administración pública clásica racionalizaba las funciones que le eran inherentes, es decir, hacía lo que tenía que hacer sin ir más allá, sin preocuparse por generar valor agregado. En la actualidad, es impensable que esto se dé, pues la posmodernidad requiere eficacia, flexibilidad y agilidad del sector público, lo cual le permite satisfacer las demandas ciudadanas de la mejor manera, tratando a los ciudadanos como clientes (concepto traído del marketing) con atención preferente y fortaleciendo la relación comunicativa entre ambos. Se ha pasado de reaccionar ante las demandas ciudadanas de información a darle carácter estratégico al servicio público y en este giro, juega un papel predominante la comunicación pública, que no es más que la interacción entre la administración y sus clientes, es decir, los ciudadanos.
Los gobernantes pretenden acabar sus períodos y ser bien recordados. Cada administración pública politiza sus actuaciones de acuerdo al color de turno y se orienta en dejar en una buena posición a quien la lidera. La comunicación es generalmente utilizada como información (error común) sin embargo, el mismo mercado ha obligado a la administración pública a poner en marcha actividades encaminadas a escuchar lo que el ciudadano tiene que decir. Esto, claro está, no significa que sea tenido en cuenta al momento de tomar la decisión final.
Medellín es percibida en ciertos sectores como una administración que hace uso constante y adecuado de la comunicación pública. Quizás sea cierto, no obstante que lo haga dista mucho de que su aplicación sea correcta y la “megaobra que divide a los paisas”, como tituló la revista Semana, Parques del Río es el mejor ejemplo de el mal uso que le da la administración de Aníbal Gaviria a tan importante herramienta.
Hoy se cumplen ocho días de iniciados los trabajos en la Autopista Sur, el colapso de la ciudad en cuanto a movilidad es permanente, no hay vías por donde transitar (los puentes militares aun no están habilitados) y un sinsabor queda en los habitantes de Medellín. La pregunta que ronda el ambiente es: ¿esta obra para qué nos va a servir? Y a ella la siguen otras como: ¿cuánto se van a demorar? ¿Cuánto nos va a valer? ¿Cumplirán los tiempos y no habrá sobrecostos?
Semejantes inquietudes, incluso de personas que nos mantenemos (por desgracia) constantemente informadas, indican que el trabajo de comunicar este proyecto lo están haciendo mal. ¿Se imaginan el nivel de desinformación que pueden tener aquellas personas que, felizmente, no están pendientes de las noticias?
Dice la administración que ha realizado un trabajo permanente en el barrio Conquistadores, el más cercano al primer tramo iniciado. La pregunta es ¿dónde quedamos el resto de ciudadanos que directamente nos vemos afectados? Comunicación pública implica llegarles, en este caso por la magnitud de la obra, a todos los habitantes de Medellín, pues la vía que están interviniendo atraviesa la ciudad de norte a sur y cualquiera de nosotros la necesita en algún momento para movilizarse, por eso no hay nadie que deba ser excluido.
Por último: el problema radica en que la mala planeación y puesta en marcha de la obra ha generado rechazo en la ciudadanía y la administración más que dedicarse a comunicar ha decidido salir a defenderse, al igual que hizo, por citar dos ejemplos, con la aprobación del POT y el Acuerdo 300. Los medellinenses vemos entonces un gobierno reaccionario y desesperado, lo cual dista de lo estratégico que debería ser en esta época y con esa forma de proceder, por muy buena voluntad que se tenga, es imposible obtener buenos resultados. ¿Será que escucha el gobierno de Medellín?
