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El Espectador publicó un artículo sobre el asedio que el ministro de Salud ha tenido que soportar por parte de políticos de la alianza del gobierno que quieren apoderarse de las instituciones del sector salud (abril 18 de 2015). Semana divulgó en esa fecha una extensa entrevista con Juan Martín Caicedo sobre la corrupción en la contratación de obras civiles por parte de los gobiernos locales, basada en una investigación que ha llevado a cabo la Cámara Colombiana de la Infraestructura que él dirige. CM& reveló también que habían nombrado a un director de Fonade vinculado a un cacique electoral de la Costa Atlántica, desatendiendo las recomendaciones técnicas del director del DNP.
Este tipo de comportamientos está ligado a lo que los políticos entienden por gobernabilidad, pero es puro clientelismo. Este ha sido permanentemente un cáncer que se infiltra y destruye a las instituciones que pierden la misión de servir al público y se convierten en instrumentos de poder de los barones electorales. La politización de la Superintendencia de Salud y de las EPS regionales ha sido una de las razones principales por la cual la Ley 100, a pesar de sus notables logros, no ha cumplido su cometido a cabalidad. Los recursos que supuestamente se invierten para propósitos de innegable valor terminan mal invertidos o en los bolsillos de los corruptos.
Los políticos usan los contratos como medio de pago a quienes los han apoyado en las regiones y esto da pie, en La Guajira, por ejemplo, a que la calidad de vida de los municipios esté negativamente correlacionada con la inversión que llevan a cabo. Juan Martín Caicedo dice que la mayoría de las obras locales de infraestructura, que son contratadas favoreciendo a políticos, resultan en obras fallidas o inconclusas, y los empresarios honestos que las podrían haber realizado correctamente con menores recursos se han quedado por fuera del mercado. El resultado es desperdicio y pérdida de estándares éticos en el sector público y en el privado (ser “pillo” paga). Los buenos funcionarios tienen que malgastar su tiempo atajando politiqueros, como es evidente en el caso en Minsalud, o será necesario hacerlo en el Fonade para limitar el alcance negativo del nombramiento del ahijado del congresista. El clientelismo no gestiona gobernabilidad sino a mal gobierno.
Fernán González, del Cinep, ha escrito un valioso libro que analiza cómo se ha venido formando imperfectamente el Estado colombiano, las dificultades de la integración entre el estado central y las regiones, la violencia que ha surgido de estos conflictos y el papel que ha jugado (F. E. González, Poder y violencia en Colombia, Cinep, Colciencias y otros, Bogotá, 2014). También ubica al clientelismo como una característica permanente de ese proceso, que se ha utilizado para manejar las relaciones entre el gobierno central, los partidos tradicionales y las élites regionales, y entre estas y su clientela (población subordinada y dependiente). Este origen histórico y su continuidad son sin duda una barrera pero también una poderosa razón para marchitar el clientelismo, por el costo que conlleva y los obstáculos que le opone al bienestar económico, social y cultural.
