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El economista francés Thomas Piketty afirma en su libro “El Capital en el siglo XXI”, que pertenece a la esencia del capitalismo la producción de inequidad. Dice también que una de las maneras de disminuir la desigualdad es el amplio acceso a una buena educación. “En un período largo de tiempo”, escribe, “la mayor fuerza a favor de una mayor igualdad ha sido la difusión de conocimiento y habilidades”.
Esta idea básica, “el amplio acceso a una buena educación”, que engloba el núcleo de demandas que hacen hoy los maestros en el país, ha sido negada por la ministra de Educación. No hay negociación, dijo, mientras no se levante el paro. Luego de 4 días de negociación, el lunes 4, muy temprano, los negociadores dijeron que había una brecha en el tema salarial. El gobierno ofreció un incremento del 12 % y Fecode bajó del 28 al 16 %.
La ministra Parody ha reproducido con su actitud arrogante e intransigente el tipo de reacción que ha tenido el gobierno del presidente Santos frente a los problemas sociales. Por ejemplo, los asuntos sociales relacionados con vivienda han sido atendidos por la posible vinculación clientelista de los beneficiarios al partido de gobierno. Otros como salud y educación no, pues no producen réditos políticos para este partido. Recordemos que ante las demandas de los campesinos en 2013, el gobierno cerró las puertas a la negociación, alegando que el tal paro no existía. La crisis que se produjo con el desabastecimiento de alimentos y el taponamiento de vías, hizo posible el diálogo.
No deberíamos haber tenido este paro educativo si la ministra hubiere actuado con responsabilidad frente a las problemáticas de los maestros, que son no solo la nivelación salarial, sino también la mejora de sus condiciones de salud, el reconocimiento de los problemas involucrados con la evaluación y la financiación de programas para los docentes por parte del gobierno.
El gobierno de Santos ha buscado con insistencia la paz, lo cual significa un compromiso con la democracia y los problemas sociales. Pero frente a la paz está el otro rostro del gobierno, el de la incapacidad para hacer las grandes reformas –tributaria, salud, educación– que se deben realizar para alcanzar mayor igualdad y justicia social.
Las élites dirigentes le han apostado a crear una educación privada, elitista y costosa. De otro lado, le han dejado al Estado el peso de una educación pública que no puede ser financiada con los recursos existentes. El deterioro de las condiciones que hacen posible una buena educación para los sectores pobres constituye una violación de un derecho fundamental.
Derechos sociales como la educación plantean problemas de carácter económico. Sus garantías tienen un alto costo y requieren una pesada y compleja mediación burocrática. Pero la garantía de los derechos sociales, por económicamente costosa que resulte y por difícil que sea su organización burocrática, siempre será menos onerosa que su ausencia o violación. Independientemente del resultado del paro, con o sin las concesiones esperadas, es importante que la ministra tenga en cuenta la recomendación de Piketty: para disminuir la desigualdad es necesario un amplio acceso a una buena educación.
* Director Instituto
de Filosofía U. de Antioquia.
