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Con la organización y participación del periódico EL COLOMBIANO, el Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, se llevó a cabo el primero de una serie de foros orientados a dialogar sobre las propuestas y proyectos que los precandidatos y candidatos a las alcaldías de Medellín y municipios vecinos y la Gobernación de Antioquia presentarán a consideración del electorado.
Como preámbulo a las futuras discusiones, se adelantó este primer foro, que contó con la participación de prestigiosos académicos expertos en materia de seguridad, quienes llamaron la atención sobre la necesidad de adecuar la institucionalidad a los nuevos esquemas jurídicos, políticos y de seguridad, indispensables para la convivencia en una sociedad en posconflicto.
Para sus propuestas hicieron énfasis en la indispensable relación que debe existir entre los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana y el sistema de administración de justicia, y la imperiosa urgencia de introducir importantes modificaciones que permitan al Estado Social de Derecho del posconflicto, ofrecer una respuesta adecuada para el manejo de la seguridad y la justicia.
Respecto las explicaciones formuladas acerca de la necesidad de introducir cambios institucionales que hagan posible un nuevo esquema de coordinación entre seguridad y justicia, es menester destacar lo siguiente: por circunstancias propias del conflicto, en Colombia ha operado una evidente separación entre los órganos de seguridad del Estado (Ejército y Policía) y el sistema encargado de administrar justicia. En efecto, la situación de violencia ha generado un inusual crecimiento del Ejército, al punto que actualmente se tiene una de las mayores fuerzas militares del continente, comparable con la del Brasil, un país que se presenta como potencia en expansión en la región, con una extensión y una población que en términos generales supera ampliamente la de Colombia.
Por el contrario, el cuerpo de Policía se presenta con grandes deficiencias en términos de cantidad y calidad. Según el Banco Mundial, en un país en situación de normalidad en materia de orden público y paz, debe haber en promedio un policía por cada 200 habitantes, mientras que en Colombia, no obstante la situación de perturbación generada por el conflicto, el promedio es de un policía por cada 350 habitantes. Esta fragilidad se refleja en los niveles de remuneración y formación de los agentes de policía.
Lo más preocupante, insistieron, es que los órganos de seguridad consideran que sus competencias nada tienen que ver con las de los jueces. Recomiendan promover una gran reforma orgánica y funcional, que permita disminuir el número de efectivos militares, aumentar el de funcionarios y agentes de policía y ajustar sus competencias de manera que, en especial estos últimos, actúen como parte inicial efectiva en los procesos judiciales. Se habló de una especie de Plan Colombia para la justicia, orientado a optimizar la percepción de seguridad ciudadana mediante instrumentos oportunos y seguros que hagan viable un nuevo tipo de sociedad a partir de la integración entre seguridad y justicia.
