90 estudiantes y sus familias se refugian en escuela de Yondó por guerra del ELN y Clan del Golfo
Sucede en la vereda San Francisco, alto Cimitarra, en zona rural del municipio de Yondó. Son más de 30 familias que desde hace tres días pasan las noches allí por miedo a caer en el cruce de balas.
Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).
La tarde del viernes 23 de enero del año en curso, el sonido habitual del campo en la vereda San Francisco, zona rural del municipio de Yondó, fue atravesado por las ráfagas de fusil, las explosiones secas de las granadas y el estruendo de los bombardeos. Desde entonces, el miedo no ha cesado. Los enfrentamientos armados por el control del territorio entre el ELN y el Clan del Golfo no solo se han prolongado durante varios días, sino que este domingo 25 de enero todavía continúan, manteniendo a más de treinta familias confinadas y desplazadas.
Ante el avance del fuego cruzado, las familias tomaron decisiones desesperadas. Algunas huyeron con lo puesto hacia la vereda El Vietnam, buscando salvar la vida en medio de caminos inciertos. El resto de la comunidad —niños, niñas, madres, adultos mayores— encontró refugio donde pudo: en la Sede Educativa Alto Cimitarra, una pequeña escuela rural adscrita a la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre, que dejó de ser aula para convertirse en trinchera humanitaria.
Allí, entre las paredes donde se abren cuadernos y se cuelgan los tableros, hoy se apiñan casi 90 estudiantes junto a sus familias, protegiéndose del silbido de las balas y del retumbar constante de las explosiones. Los salones ya no albergan clases, sino colchones improvisados, ollas comunitarias y el silencio tenso de quienes esperan que la noche pase sin una nueva arremetida armada.
Hablamos con autoridades del colegio, y aseguraron que ya hablaron con miembros del Ejército y la Policía, “adelantan planes para la protección de la población civil. Sin embargo, mientras el conflicto persista, la comunidad permanecemos en una situación de alto riesgo”. Confinados, desplazados y con sus derechos resquebrajados.
La educación, uno de los pilares de esta comunidad rural, ha sido suspendida de facto. No es posible garantizar clases ni condiciones mínimas de aprendizaje mientras los enfrentamientos continúen, dicen desde el colegio. También se ve afectado el derecho a la alimentación escolar, vital para muchos de los niños y niñas que hoy duermen en el mismo lugar donde deberían estar aprendiendo.
Desde la vereda San Francisco hacen un llamado urgente y humanitario: “respetar la vida de la comunidad entera y, de manera especial, la de la comunidad educativa. Respetar a los estudiantes que hoy se resguardan en su escuela. Respetar el derecho a la educación y a la alimentación, y cumplir con el mandato básico del Derecho Internacional Humanitario: sacar a la población civil del conflicto”.
Cuando se dice que las escuelas salvan vidas, no se podría imaginar que, en Colombia, y desde hace muchos años, es una expresión que tiene su sentido en cada letra: la escuela como último refugio.