¿A punto de destrabarse puente inconcluso en vía al aeropuerto José María Córdova?

Estarían próximos a destrabarse los trabajos en la que sería una de las imágenes más vergonzosas de la ingeniería paisa, la del puente ubicado en la vía entre El Tablazo y el aeropuerto José María Córdova, que se lanza en un lado de la carretera pero no aterriza en ninguna parte en esa zona de Rionegro, en el Oriente antioqueño.

Esta obra lleva ya casi tres años y medio suspendida debido a un litigio por la propiedad del predio de 4.827 metros cuadrados donde debe descansar la otra parte del puente que todavía no se construye.

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El problema es que, por una parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sostiene que el lote hace parte de una franja que compró la Aeronáutica Civil hace cuatro décadas, cuando el terminal aéreo apenas estaba en proyectos, pero por la otra, la titularidad la reclama la empresa Otraparte SAS y que en consecuencia deben pagárselo.

Mientras se ha dado el tire y afloje, la obra permanece frenada, con el consecuente perjuicio para los habitantes de los valorizados sectores de Llanogrande y El Tablazo, de Rionegro, y para todos los que usan el José María, pues en vez de una doble calzada disponen de una vía de un solo carril en cada sentido.

Hay una situación adicional. El presupuesto para el puente proviene de la concesión de la Autopista Medellín-Bogotá, que termina dentro de un año, el 30 de junio de 2026, y si en ese plazo este no se termina, quedaría como un elefante blanco porque la plata iría a un fondo nacional y habría que definir una nueva fórmula para culminarlo.

Ante esa premura, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, quien se posesionó el primero de enero de 2024 con el problema a cuestas, propuso como medida desesperada que estaría dispuesto a poner la plata que vale el lote en una fiducia como garantía para Otraparte en caso de que el proceso se resolviera a su favor; sin embargo, el concepto de los abogados lo disuadió, pues sería imposible separar recursos públicos sin estar seguros de que se trata de un bien privado. Pagar por un bien que ya es público sería incurrir en peculado.

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Las dos últimas actuaciones legales sobre el tema son una querella policial interpuesta a finales de 2022 por la ANI para que se ordene restituir el predio bien por métodos conciliatorios o por la fuerza y, la segunda, una acción popular que invoca el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

Acá toca ir por partes para entender el estado del caso. La acción popular fue instaurada el 28 de mayo pasado por el abogado Alejandro García, quien dice ser uno de los usuarios de la vía y además argumenta que muchos operadores de negocios y agentes inmobiliarios se han perjudicados. En este caso los querellados o llamados a responder, según él, son Devimed, la ANI y el Municipio de Rionegro.

Esta contempla la petición de una medida cautelar consistente en que mientras se produce el fallo de fondo el predio sea entregado para continuar con el puente. EL COLOMBIANO conoció que a los tres accionados los consultaron al respecto y todos estuvieron de acuerdo con la medida tutelar, pero una de las partes, la ANI, pidió además que se incluyera a la firma Otraparte y a su mayor accionista, Nicolás Echavarría, como accionados y en consecuencia también deben ser consultados.

El abogado de Echavarría, Juan José Arango, le dijo a este diario que están de acuerdo en que Otraparte sea incluida, pero no su cliente directo, pues la finca Vizcaya, donde queda el pedazo de terreno en litigio, figuró a nombre de él y de sus hermanos, pero ahora la titular es la compañía.

Añadió que “el doctor Nicolás siempre ha estado de acuerdo en buscar alternativas que le den soluciones de movilidad del sector, y no se opondría (a la medida cautelar) siempre y cuando se revisen las condiciones de la entrega anticipada”.

Así las cosas, la medida cautelar desenredaría el problema y permitiría la continuación de las obras. “Lo que le estamos pidiendo al Tribunal Administrativo de Antioquia es que determine a través de una medida cautelar la entrega anticipada de esa faja para que sea mediante una decisión judicial que se determine si la ANI y Devimed tienen la razón, o es el señor Echavarría, porque si se identifica cuál es la realidad jurídica inmobiliaria del predio, a Devimed le tocará sentarse y negociar la faja con él”, apuntó el abogado Alejandro García.

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Devimed solo accedió a dar su visión del asunto por escrito y dijo lo siguiente: “Insistimos en lo que les dijimos a los ocupantes del predio hace 5 años, que lo entreguen para que se puedan construir el puente y la vía, y que demanden a la Nación si consideran que tienen derechos sobre el predio; si el juez determina que hay que comprar el predio, la Nación lo compra y listo. Si esto se hubiera hecho hace 5 años, la vía estaría terminada”.

Otras fuentes cercanas al tema calculan que las obras directas después de que se cuente con el predio, durarían seis meses, es decir que el tope máximo para comenzar sería diciembre, a condición de que no se presenten más contratiempos. Solo que ahora ya no costaría entre $2.000 y $3.000 millones, como estaba estimado, sino que habría un sobrecosto de $1.200 millones.

Por otra vía va la querella en la que la corregidora Sur de Rionegro, Sandra Gutiérrez, conceptuó en febrero que la ANI no había podido acreditar la condición de bien público del lote indispensable para el puente, la cual fue apelada pero la Secretaría de Convivencia y Control Territorial ratificó lo dicho por su subalterna.

Ahora, desde principios de junio, cursa un recurso de insistencia sobre esa misma acción ante el Municipio de Rionegro donde se pide revertir la decisión y plantea varias controversias. Para empezar, la ANI acusa que la corregidora Gutiérrez habría presuntamente ignorado pruebas que reposaban en el expediente, de haber eliminado audios con testimonios clave y de que, en cambio, habría otros que no corresponden. Por eso pide que se le abra un proceso disciplinario y hasta penal. Así mismo, apunta que hubo irregularidades en la gestión predial del Municipio de Rionegro al punto de que el lote en litigio aparece en los registros en un sitio distinto al real, a la altura de la glorieta del aeropuerto.

En otro de sus apartes, destaca la connotación pública de Echavarría, quien es cercano a la dirigencia del Centro Democrático –y al expresidente Álvaro Uribe–, un movimiento que ha tenido influencia en las tres últimas administraciones de Rionegro. Por eso sugiere que sea otra instancia independiente de la Alcaldía la que falle sobre la acción de insistencia. Previamente, con esos mismos elementos, la ANI instauró una acción de tutela invocando que le violaron el derecho a la defensa y al debido proceso.

Según Arango, el abogado de Echavarría, el proceso en la corregiduría estuvo ajustado a derecho y conceptuó que si la ANI alega alguna presunta irregularidad, no es la insistencia el recurso adecuado sino la petición de nulidad ante un juez administrativo. “Aquí no se ha obrado con favorecimientos políticos, la corregidora falló en derecho, no tuvo ninguna presión nuestra. Lo único que le dije fue que definiera bien cuáles eran las pruebas. Y le puse el apoyo jurídico para que fallara en propiedad”, recalcó el alcalde Rivas.