Pagos a una contadora abren nueva controversia entre Quintero y la revocatoria

El alcalde Daniel Quintero lanzó nuevas acusaciones en contra del comité promotor de la revocatoria de su mandato, reiteró que hubo presuntos malos manejos en materia de recursos económicos y contratación.

La nueva denuncia se produjo este jueves, cuando el mandatario publicó dos contratos que involucrarían en supuestas irregularidades a una contadora identificada como Sofía León Rojas.

Mientras el alcalde sostuvo tener pruebas que demostrarían que dicha profesional había recibido recursos públicos por cuenta de la unidad de apoyo del concejal opositor Julio González, por sus trabajos con el comité revocador, este último desestimó esos señalamientos y los calificó como un nuevo intento de Quintero para dilatar los tiempos de la revocatoria.

La denuncia del alcalde

En su intervención este jueves, el alcalde Quintero inició asegurando que tendría material probatorio suficiente para sostener que el concejal Julio González, de la bancada del Centro Democrático, habría destinado recursos de su unidad de apoyo en el Concejo para remunerar los servicios que la contadora Rojas prestó ante el comité revocador.

“El día de hoy quiero presentar una prueba muy grave, que mostraría que la revocatoria se financió con recursos públicos. Tengo documentos que así lo prueban”, dijo Quintero.

Según aseveró el alcalde, Rojas se habría beneficiado de un esquema de pagos irregular, tras haber firmado un contrato con el comité promotor de la revocatoria, Pacto Por Medellín, y luego otro contrato con la unidad de apoyo del concejal González.

Publicando los apartes de esos dos documentos, Quintero señaló que el comité contrató los servicios de Rojas por un monto de $25 millones aproximadamente.

Aunque el mandatario señaló que por esa vinculación ya se había efectuado un pago por $7,5 millones, acusó al comité de carecer de soportes que probaran los pagos restantes, ya que dichos montos se habrían saldado presuntamente con recursos del Concejo.

Estos últimos pagos, agregó, se habrían producido a través de dos contratos por un valor de $15 millones que Rojas firmó con la unidad del concejal González.

“Hay varias pruebas que permiten conjeturar que se utilizaron recursos públicos para pagarle a la contadora”, insistió.

“Nunca se había realizado contrato con ella, se realiza en el mismo periodo en el que se hace el contrato de la revocatoria, se hace por el mismo monto del contrato de la revocatoria y, adicionalmente, no aparece reporte; es decir, el comité de revocatoria no presenta el pago que se le hizo a la contadora. ¿Por qué? Porque el pago se hizo por otro lado”, hiló el alcalde.

“Este hecho es un delito que debe ser investigado, castigado y que no permitirá que una revocatoria fraudulenta y corrupta pueda prosperar”, agregó.

La versión de González

Al ser consultado por estos nuevos señalamientos, el concejal González Villa aseguró que lo planteado por el alcalde no demostraría delito alguno, ya que los contratos de la contadora Rojas con su unidad de apoyo y con el comité revocador serían dos procesos completamente independientes.

“Sofía León es una contadora de mucho prestigio. Lleva contabilidades y asesorías financieras a muchas personas. En muchas campañas ha prestado servicios. Ella es muy solicitada, por sus conocimientos y su respetabilidad”, replicó González.

Según narró el concejal, la vinculación de Rojas con el comité revocador estuvo en cabeza del vocero de esa iniciativa, Andrés Rodríguez, quien le pidió encargarse de llevar la contabilidad de ese proceso.

En el caso de su unidad de apoyo, señaló, buscó a dicha profesional para contar con asesoría en las investigaciones y labores de control político que adelanta en su condición de concejal.

A juicio de González, la acusación del alcalde carece de sentido ya que el hecho de que una persona preste sus servicios a dos empresas diferentes no necesariamente implica que esas dos organizaciones sean lo mismo.

Frente al señalamiento de los pagos, el concejal argumentó que la remuneración de Rojas ante el comité no se ha completado porque así quedó estipulado en las cláusulas firmadas.

“En ese contrato quedó estipulado que un 30% se pagaba en la fecha que se suscribió, otro 30% cuando se entregaran los estados contables y el 40% restante una semana después de que la revocatoria fuera a las urnas. El contrato no se ha pagado porque no ha terminado”, dijo González, enfatizando en que el pago del comité y el pago de su unidad de apoyo son dos procesos independientes.

“Daniel Quintero es un mentiroso compulsivo. Como tiene miedo de la revocatoria y como se le van cerrando las puertas, trata de crear escándalos mediáticos”, aseveró el concejal.

Según anticipó el alcalde Quintero, los documentos relacionados con esa nueva acusación serían entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, por presuntamente probar el involucramiento de recursos públicos.

La denuncia de Quintero aparece en medio de un panorama en el que el proceso revocatorio está a la espera de que el CNE certifique las cuentas del Pacto Por Medellín, tal como lo exige la normatividad que regula ese mecanismo de participación ciudadana.

Aunque, por tercera vez consecutiva, la Registraduría otorgó esta semana validez a las firmas presentadas por el comité revocador, los tiempos que ha tardado el CNE para dar su visto bueno han venido extendiendo el cronograma.

Tal como le explicó a este diario el registrador Alexander Vega, a causa de esos trámites ese ente no tiene en sus cálculos que la revocatoria pueda realizarse en las próximas elecciones legislativas del 13 de marzo, ni en las presidenciales del 29 de mayo.

Mientras Quintero insiste en que las presuntas irregularidades denunciadas por él constituyen prueba suficiente para que esa certificación del CNE se caiga, desde el comité promotor varias voces han planteado que las demoras en dicha aprobación han beneficiado al alcalde de Medellín para evadir su cita en las urnas.