Alquiler de fincas genera inquietud en Barbosa

Explotación sexual, parahotelería, prostitución y consumo de drogas son algunos de los delitos por los cuales la Gobernación de Antioquia había pedido, a inicios de este mes, a la Alcaldía de Barbosa que revisara 15 fincas del municipio que podrían estar siendo utilizadas para fines ilegales.

La denuncia ya había sido hecha por Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz y Posconflicto de Antioquia quien se desempeñó como alcaldesa encargada de Barbosa entre diciembre de 2018 y febrero de este año, tras la captura del mandatario de la localidad por presuntos hechos de corrupción.

“Lo ocurrido con el alcalde Edison García llevó a que la Gobernación tuviera que entrar en un plan de emergencia para estabilizar la vida institucional del municipio. En eso me concentré, sin embargo, encontré que 450 fincas tienen actividad turística y muchas de ellas no tienen control”, afirmó la funcionaria quien agregó que algunas de esas propiedades podrían estar dedicadas a lo que denominó “rumba dura con, consumo de drogas, turismo y explotación sexual, entre otras actividades ilícitas.

Sin embargo, otra es la versión que tiene la actual administración, que empezó desde febrero, con la posesión de Alina Marcela Restrepo como mandataria de la localidad.

Según la secretaria de Gobierno de Barbosa, Lorena Torres Montoya, “no es cierto que se tengan 15 fincas identificadas con actividades al margen de la ley. De pronto, en el momento hubo una cifra apresurada por parte de las autoridades por el quebranto político, pero no tenemos reportes de delitos que se puedan estar presentando en predios del municipio”.

La queja es el ruido

La funcionaria indicó que el problema más frecuente es por el ruido y para eso se aplica el Código de Policía.

Puntualizó, además, que se está trabajando con Copacabana y Girardota con el fin de tomar acciones conjuntas ya que tienen situaciones similares debido al alquiler de fincas de recreo.

Con la visión de la alcaldía coincide la Policía local al manifestar que los operativos han estado encaminados a atender las denuncias por ruido, que afecta la convivencia en algunas veredas que tienen uso residencial y de recreo.

Revisan la documentación

Dada la polémica, habitantes de Barbosa se preguntan sobre la situación de legalidad en la prestación del servicio turístico en estos bienes inmuebles.

“Muchas de las fincas no tienen Registro Nacional de Turismo (RNT) que es algo que permite alquilarlas y pagar un impuesto. No cuentan con los soportes y no hay responsabilidades claras de lo que pueda pasar en esos lugares”, dijo Juan Manuel Mejía, líder juvenil del municipio.

Juan Pablo Franky, viceministro de Turismo, explicó que el RNT es una obligación de todos los prestadores de servicios a terceros en sus residencias habituales y no habituales, es gratuito y permite que el arrendatario adquiera unas obligaciones frente a sus clientes. Según datos del Ministerio, solo 82 de estos establecimientos en Barbosa lo tienen.

La secretaria de Gobierno agregó que están adelantando controles en la revisión de los permisos y en el acompañamiento a los finqueros, para la formalización de su actividad económica.

Esperan soluciones

Mejía agregó que en las algunas fincas se están realizando fiestas electrónicas. En las que, según él, podrían estar acudiendo menores de edad pues en esos lugares no tienen el control que se da en la zona urbana.

“El consumo, el microtráfico y la prostitución en Barbosa sí son un verdadero problema, tal vez por eso han ido aumentando rumores, pero realmente muchas cosas que se dicen no son ciertas”, comentó Torres y agregó que esperan que, a inicios de mayo, cuando se realizará el consejo de seguridad del norte del Valle de Aburrá, puedan sentarse con la Gobernación para presentar el inventario que están haciendo a la fincas, llegar a un consensos y tomar acciones conjuntas.