Tribunal aprobó conciliación y puso fin a largo litigio entre EPM y la Sociedad Hidroituango
Tras dos años de trabajo conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía, ambas entidades conciliaron las diferencias surgidas a raíz de la contingencia en Hidroituango en 2018.
Un tribunal de arbitramento aceptó el acuerdo entre EPM y la Sociedad Hidroituango para conciliar las diferencias derivadas de la emergencia vivida en ese proyecto hidroeléctrico en 2018.
La noticia, con la que se pone fin a más de cinco años de demandas y controversias, fue entregada durante la noche de este lunes por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.
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“Desde hace dos años, cuando llegamos al Gobierno, el gobernador Andrés Julián Rendón y yo venimos trabajando en un acuerdo gana-gana para Antioquia, Medellín y Colombia. Hoy el Tribunal de arbitramento aprobó la conciliación EPM–Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría”, expresó el mandatario distrital, planteando que con dicho acuerdo EPM garantizó su sostenibilidad, al tiempo que se protege el patrimonio público.
“Gana Antioquia, Gana Medellín y Gana Colombia con recursos que se destinarán a inversión social. Aquí se gobierna con sentido común, rigor y responsabilidad. ¡Celebramos este acuerdo!”, agregó el alcalde.
Las primeras señales de que desde la Sociedad y EPM trabajaban en un acuerdo de conciliación por Hidroituango salieron a flote este año, cuando el gerente de EPM, John Maya Salazar, señaló sentirse optimista por la conciliación, considerando que la misma tendría “un significado inmenso para el Departamento, porque a partir de lo que resolvamos, derivado de la generación de Hidroituango, Antioquia va a tener una renta en el tiempo”.
¿Qué significa el acuerdo?
Para entender la importancia de un posible acuerdo, es necesario mirar hacia atrás.
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Vale recordar que en la estructura de la Sociedad Hidroituango, la entidad dueña del proyecto, las acciones se dividen así: un 52,8% para la Gobernación y un 46,3% para EPM. Sin embargo, EPM tiene un doble papel: además de socio, es el contratista encargado de la obra. Esto se formalizó en 2011 mediante un contrato tipo Boomt (construir, operar, mantener y transferir).
El conflicto que mantenían ambas entidades surgió tras la contingencia de 2018, con base en la cual la Sociedad alegó que EPM incumplió dicho contrato y llevó el caso al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para exigir el pago de unas cláusulas penales.
El resultado de este proceso se conoció en diciembre de 2023. En un documento de más de 300 páginas —basado en el análisis de 70 pretensiones y más de 20.000 folios—, el tribunal concluyó que EPM era responsable de los sobrecostos y fallos del Sistema Auxiliar de Desviación. Por tanto, se le ordenó pagar $781.828 millones para cubrir los gastos financieros y de reparación.
EPM no se quedó quieta y presentó un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. Aunque el tema de fondo aún no se resuelve, el 23 de julio de 2024 el Consejo admitió el recurso y suspendió los efectos del fallo.
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En medio de este pulso judicial ocurrió el cambio de gobierno y la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Rendón y Gutiérrez, comenzaron a tener acercamientos para llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes, tal como la propia empresa lo confirmó en un oficio enviado al Concejo de Medellín este año.
“(Estamos) trabajando en la construcción de un acuerdo integral que permita lograr la resolución definitiva de los conflictos jurídicos y económicos, sujeto todo ello al cumplimiento de los procedimientos y decisiones del tribunal arbitral ante el que se adelanta el trámite de una nueva demanda promovida por Hidroituango. Las negociaciones se encuentran en curso, buscando avanzar de manera constructiva entre las partes”, escribió entonces la compañía.
De igual forma, ante esa misma corporación, el gerente Maya dio en julio otros avances preliminares de esas conversaciones, señalando que desde enero de este año incluso se había logrado un preacuerdo, que no obstante luego fue objeto de ajustes.
Aunque por ahora no se conocen los términos de ese acuerdo, se sabe que este incidirá en los ingresos que recibiría la Gobernación por Hidroituango, permitiéndole tener una nueva renta para financiar sus inversiones sociales.
Entretanto, Rendón y Gutiérrez añadieron que los detalles del acuerdo se darán a conocer en profundidad en enero de 2026.