Atención: Asamblea aprobó proyecto de Gobernación para cobrar valorización en estas vías de Antioquia

La Gobernación de Antioquia logró ganar en la Asamblea el pulso por la valorización. Con 13 votos a favor y 6 en contra, la plenaria de esa corporación aprobó en segundo y último debate un proyecto de acuerdo que dejó abierta la puerta para que el Departamento acuda a ese mecanismo para conseguirse $852.497 millones para construir cuatro tramos viales que pasarán por el Oriente, el Suroeste y el Urabá antioqueño.

Pese a que el alcance del proyecto se redujo ostensiblemente, luego de que en debates anteriores se retiraran las vías más costosas y se aprobaran varios tratamientos diferenciales en los futuros cobros, la discusión de este martes no estuvo exenta de polémica.

Mientras desde la Secretaría de Infraestructura se sostuvo que la Gobernación ya no puede estirar más su presupuesto para construir vías —habiendo invertido más de $2,7 billones de recursos propios, regalías y obras por impuestos— desde gremios como el bananero se cuestionó la iniciativa, calificándola como desproporcionada.

El debate duró más de ocho horas

La discusión por la valorización se desató a comienzos de septiembre pasado, luego de que la administración departamental radicara ante la Asamblea el Proyecto de Ordenanza 37, en el que se reseñaron seis corredores, dos de ellos bajo la figura de alianza público privada.

Si bien esa lista inicial tenía un valor aproximado de $4,8 billones, durante las últimas semanas el alcance se ajustó y solo quedaron cuatro tramos viales por un valor de $852.497 millones y una longitud de 76,53 km.

Dicho listado final quedó compuesto por las vías El Canadá - El Carmen de Viboral, La Unión - El Carmen de Viboral, Jericó - Buenos Aires - La Bodega (Andes), y el circuito de Urabá, Ríogrande - Nueva Colonia - Embarcadero - Zungo - Casa Verde.

El pasado 28 de septiembre el proyecto ya había tenido aval de la Comisión Primera, encargada de hacienda y temas económicos, y este martes estaba pendiente de tener el aval de la plenaria para pasar a sanción del gobernador.

Aunque la sesión comenzó hacia las 9:30 de la mañana, la discusión por el proyecto no comenzó hasta la tarde, debido a una larga deliberación que se produjo por los posibles impedimentos en los que podrían incurrir varios diputados que tenían terrenos o familiares con terrenos localizados en el área de influencia de los eventuales cobros.

Vale recordar que por este mismo tema, en el debate realizado en Comisión Primera, ya se habían declarado impedidos los diputados Gabriel Jaime Giraldo y Edison Antonio Restrepo.

Este martes, inicialmente se discutieron los posibles impedimentos de los diputados José Luis Noreña y Rogelio Zapata, que posteriormente fueron descartados. Cuando ese punto se pensaba superado, los diputados Walter Salas y Camilo Calle, de Urabá, pidieron suspender el debate y señalaron no tener certeza de si estaban también impedidos.

Tras una discusión que se extendió por varias horas, y que incluso obligó a ordenar un receso, la plenaria votó negativo a los impedimentos y el debate por fin arrancó.

Aunque en la Asamblea entre la mayor parte de los diputados hay un consenso sobre la urgencia y la importancia de esas vías, las opiniones se dividieron en torno a la pertinencia de la valorización, que suele ser uno de los mecanismos tributarios más controvertidos.

Desde el punto de vista político, el debate también se vio marcado por varias consideraciones, sobre todo orientadas a la pertinencia de avalar un mecanismo impopular pocos meses antes de las elecciones y en medio de un contexto en el que el costo de vida y los tributos del orden nacional han incrementado en muchos sectores.

Argumentos a favor y en contra

Hacia las 1:50 de la tarde, el diputado Luis Gabriel Gómez, ponente del proyecto, sustentó la iniciativa y arrancó argumentando que el proyecto contempló varios tratamientos especiales, como excluir del cobro a las viviendas de Interés Social, Interés Prioritario y los hogares clasificados en los estratos 1, 2 y 3.

De igual forma, señaló que el cobro no se aplicaría sobre adultos mayores, madres cabeza de familia, población víctima del conflicto armado, víctimas de desastres naturales y otros casos fortuitos.

Por otro lado, Gómez aclaró que en el proyecto de ordenanza no se estaría aprobando un cobro inmediato, sino que se le estaría dando luz verde a la Gobernación para efectuar un estudio de factibilidad y fijar unas reglas generales previas a la realización del cobro, para que el que quedaría facultado el gobernador Andrés Julián Rendón.

“Aquí estamos enviando el mensaje de que no solamente estamos construyendo carreteras, sino llevando oportunidades, progreso y desarrollo”, dijo el ponente, quien también se refirió a los cuestionamientos políticos que han recaído sobre los futuros cobros.

“Si el costo político que haya que asumir es a costa de llevar progreso y desarrollo, yo estoy dispuesto a asumirlo. A mi me eligieron no para quedarme manicruzado. Lo mejor sería no hacer nada, pero nos eligieron para tomar decisiones, así muchas de ellas sean impopulares”, agregó.

Tras la intervención de Gómez, el turno para hablar fue de los alcaldes, gremios y la ciudadanía, desde donde se formularon reparos.

Por el lado de los alcaldes chocaron dos posturas. Mientras el alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, apoyó el proyecto y señaló que si este se hundía se frenaba el desarrollo de Urabá, otros municipios como Cisneros (antes afectado por los corredores, pero excluido tras los ajustes), la alcaldesa Lina María Correa envió un oficio sosteniendo que sus habitantes no aguantarían más impuestos.

A la sesión de este martes también fueron invitados los alcaldes de Jericó, Turbo, Apartadó, Andes y El Carmen de Viboral, pero ninguno estaba presente cuando llegó su momento de intervenir.

Por el lado del sector privado, uno de los reclamos más duros fue el realizado por el gremio bananero de Urabá, que consideró desproporcionado usar la valorización allí.

“Augura no se opone a la competitividad de Antioquia, nos oponemos a que esta infraestructura sea financiada de manera desproporcionada por un sector productivo que tanto le ha aportado a la región de Urabá”, expresó Marco Tulio Calvo Sánchez, vocero de esa agremiación.

Posteriormente la Secretaría de Infraestructura de Antioquia tomó la palabra y volvió a defender la pertinencia de la iniciativa, sosteniendo que sería el camino más expedito para poder intervenir varios corredores que atraviesan por una grave crisis de infraestructura.

El secretario argumentó que la Gobernación ya ha comprometido la mayor cantidad de recursos posibles para poner a andar varias intervenciones viales, incluyendo el mecanismo de estabilización, mejoramientos, placas, huella, puentes y otras obras.

En total, el Departamento señaló ha intervenido 1.072 kilómetros de vías por un valor de $2,7 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a recursos propios, $383.251 a regalías, $71.630 a una mezcla de regalías y recursos propios, y otros $776.912 millones a la modalidad de obras por impuestos.

Entre tanto, entre los diputados que plantearon reparos a la iniciativa estuvieron Luis Peláez, del partido Dignidad y Compromiso, quien planteó que los eventuales cobros podrían ser un camino expedito para expulsar a propietarios de las zonas afectadas.

“Estoy en contra de la valorización porque la he visto, además con un precedente. Antioquia hoy tiene el precedente de la actualización del catastro, lo que lleva a que en muchos municipios de Antioquia, de un momento para otro, a los habitantes el valor de sus predios les aumentó”, expreso.

Por otro lado, la diputada Verónica Arango, de la bancada de gobierno y quien días atrás había expresado reparos, insistió en varias de sus preocupaciones, considerando que, si bien las obras son importantes, el momento para abrir la puerta a esos cobros no sería el indicado.

Pese a ser el único voto negativo durante el primer debate realizado en comisión, Arango cambió su postura este martes y votó positivo, luego de que el Centro Democrático decidiera en bancada apoyar la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón.

“Yo espero que en ese proceso de factibilidad podamos hablar de las modificaciones, los ajustes y los análisis presupuestales”, expresó Arango, destacando por su parte la necesidad de debatir el proyecto y sosteniendo que gracias a esas discusiones este había tenido cambios para dar mayores garantías.

Desde la bancada de Creemos, varios diputados expresaron apoyar los cambios efectuados en los debates anteriores. Sin embargo, otros como Julieth Zulema Zapata Cardona, manifestaron su inconformidad ante un nuevo impuesto.

El diputado conservador Juan Esteban Villegas defendió por su parte la iniciativa y también defendió las modificaciones que se realizaron en el primer debate para subsanar dudas legales y atenuar los impactos del eventual derrame que se realice.

Otro momento álgido del debate ocurrió hacia el final de la discusión, cuando los diputados discutieron si retiraban o mantenía el circuito vial de Urabá, luego de que el diputado Luis Peláez señalara que no era claro si ese corredor era responsabilidad del distrito de Turbo, la Gobernación o el Gobierno Nacional.

La Gobernación no avaló la proposición de retirar ese corredor y la plenaria a su vez decidió no ponerla a consideración.

Finalmente, hacia las 7:16 de la noche, la plenaria votó el texto y lo aprobó.