Así es el nuevo laboratorio para identificar víctimas de desaparición forzada en Medellín

Las manos forradas en guantes azules manipulan todo con cuidado, como si se tratara de piezas de cristal. Levantan un cráneo para verlo mejor, miden un húmero, marcan con tinta china un fémur, disponen las costillas una tras otra; forman cuerpos enteros sobre las mesas a partir de los huesos que hay. Es la muerte mostrando pistas que forman parte de un engranaje tan esperanzador como complejo. Antropólogos, médicos, odontólogos y asistentes forenses mueven esas manos que todo lo escriben; los que analizan, toman muestras y documentan cada detalle; los que harán posible darles un rostro, un nombre, a esas estructuras óseas; los que reconstruirán una historia para mitigar el dolor de una familia que nunca ha dejado de buscar a un ser querido desaparecido en el conflicto armado.

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Los restos óseos dispuestos sobre esas mesas están en el Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pusieron en marcha en Medellín, en la comuna 7-Robledo, y que inauguraron el 17 de marzo pasado. La idea comenzó a gestarse en octubre de 2024, ante la necesidad de acelerar la identificación de cuerpos recuperados en Antioquia, una labor humanitaria particularmente retadora en un departamento con el mayor número de desaparecidos en Colombia —25.548 casos, el 20,1% del total nacional—; 5.193 personas buscadoras con solicitudes de búsqueda; y 2.227 sitios de interés forense, de los cuales 1.128 corresponden a cementerios y 1.099 a otras áreas.

Julián David Arias Quintero, director técnico de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, cuenta que cuando empezaron a hablar de la idea del nuevo laboratorio varios cuerpos que habían exhumado y entregado a Medicina Legal estaban pendientes de análisis; y tenían claro que se iba a generar un cuello de botella ante el aumento notable del volumen de recuperaciones con el despliegue territorial de los equipos de la Unidad que hacen la tarea de escarbar la tierra, abrir bóvedas en cementerios o explorar fosas a campo abierto para buscar los restos óseos de posibles víctimas de desaparición forzada.

Debían cambiar la metodología

Kevin Fabián Mejía Muñoz, director regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal, recuerda que para ese entonces estaban evacuando pocos casos por los rígidos protocolos que manejaban y que, de seguir así, sería muy difícil responder a la creciente llegada de cuerpos.

Solo de los entregados en ese momento por la Unidad de Búsqueda tenían pendientes por analizar unos 280. Y aunque esta entidad es la que más aporta cuerpos recuperados, a Medicina Legal también llegan, así sea en menor medida, desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Desde que la UBPD y Medicina Legal materializaron la idea de cambiar la metodología de trabajo que venían implementando y crearon el laboratorio conjunto —que hoy cuenta con unos 22 integrantes— han analizado allí 163 cuerpos: 24 en marzo, 51 en abril, 64 en mayo y otros 24 en las dos primeras semanas de junio. Es una cifra bastante alta, una tarea titánica la que han hecho, porque no son procesos simples, menos para tan poco tiempo.

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De hecho, dice el director Mejía, desde que comenzaron a implementar esta estrategia han evacuado tres veces más casos que antes. Era una necesidad muy sentida responder a la creciente demanda, en especial tras la firma del Acuerdo de Paz, cuando se crearon la JEP y la UBPD. Mejía Muñoz cuenta que en la regional pudieron pasar de recibir unos 100 casos anuales los primeros dos años tras dicha firma, a aproximadamente 500 anuales en este momento.

Al laboratorio han llegado, desde su inauguración, cuerpos recuperados por la UBPD en cementerios con medidas cautelares, pero la mayoría de camposantos que no las tienen, y también algunos exhumados en zonas a campo abierto; de municipios como Cocorná, Rionegro, Granada, San Rafael, San Carlos, Tarazá, Frontino, Apartadó y Medellín, pero además de los departamentos de Chocó y Córdoba.

Están pendientes todos los informes de identificación de los cuerpos analizados, que requieren surtir pasos rigurosos, como estudios genéticos. Pero se espera que próximamente puedan salir del centro de abordaje los primeros resultados definitivos, lo que derivará en la entrega digna a las familias buscadoras, el fin último de estrategias como la creación de ese laboratorio, para mitigar el dolor y responder a quienes llevan hasta décadas sin noticias de seres queridos a los que les perdieron el rastro por cuenta del conflicto armado.

Una de esas víctimas es un joven cuyo cuerpo recuperaron en el Cementerio Universal de Medellín, a mediados del año pasado. Hasta una bóveda de ese lugar llegaron los profesionales de la UBPD con algunas pistas, contaban con información previa de la familia que llevaba años buscándolo; tenían un expediente de necropsia que le habían hecho cuando fue sepultado por primera vez; hallaron muchas coincidencias entre los datos del documento con las características de los restos. Pero al tiempo encontraron un hueso que pertenecía a otro cuerpo, tal vez otra víctima de desaparición forzada.

Las investigaciones que se han hecho hasta ahora indican que esas estructuras óseas se recuperaron de una zona boscosa, algunas estaban expuestas y otras sepultadas, pero a poca profundidad, lo que causó un cambio elevado en el color de los huesos y mayor propagación de hongos, pero cuentan con la buena suerte de que encontraron gran parte del cuerpo: aunque se han perdido algunos huesos pequeños de los pies y las manos, tienen el cráneo, algunas vértebras, huesos como húmero, cúbito, radio, fémur y tibia. Lo importante es que parecen acercarse cada vez más a la identidad de la persona y esperan los resultados del proceso de identificación y el informe final para que esta historia tenga el final que se espera: devolver los restos a la familia para que pueda aliviar un poco el dolor que han causado años de incertidumbre.

El rigor marca los procesos

Justamente, el nuevo centro de abordaje en Medellín es una forma de seguir escribiendo el libro de la desaparición forzada, un camino doloroso que transitan las familias de las víctimas y que se vuelve una especie de lucha para los profesionales, porque una de las características es que allí se mantiene un mayor contacto con las personas buscadoras, que preguntan por avances, que cuestionan desde el sufrimiento silencioso al tiempo que ponen en los forenses la esperanza de terminar con años de búsqueda, de saber qué pasó con hijos, padres, madres, hermanos, abuelos, amigos, esposos de los que un día no supieron más. La esperanza de no morir sin tener esas noticias, como ha pasado ya con tantas personas que fallecieron sin tener nunca la fortuna de cerrar ese duelo.

Por esa celeridad que se requiere era clave, en el nuevo laboratorio, cambiar la metodología a un trabajo por procesos. Ya no es como antes que un solo perito cogía un único caso desde el principio hasta el final, sino que cada paso lo hace un equipo distinto, aunque articulados todos, con lo cual pueden analizar muchos más restos óseos.

Aun así, los niveles de gestión de calidad siguen siendo muy rigurosos, con controles estrictos y la revisión profesional doble de cada caso, porque lo claro es que hay que evitar cualquier error a toda costa. Incluso, ante las solicitudes de búsqueda de las familias siempre parten de la presunción de que la persona dada por desaparecida sigue viva, por lo cual agotan primero la búsqueda en bases de datos de sistemas de salud, pensión, movimientos bancarios y hasta sitios web de compras virtuales.

Ya cuando se trata de darle rostro a unos restos óseos, explica el director Arias Quintero, se implementan cinco etapas. Primero, los cuerpos que recupera la Unidad son entregados en la sede del Instituto de Medicina Legal. Después, se clasifican; se toman las placas radiográficas, revisan el contexto del caso, ubican muestras biológicas de familiares si existen y asignan el caso. En tercer lugar, se hace un abordaje inicial en el que lavan y pasan el cuerpo a cámara de secado, o lo limpian si no puede lavarse; lo embalan de nuevo y lo envían al laboratorio de Robledo, donde comienza el cuarto paso: el estudio forense interdisciplinario.

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Allí, un médico, un antropólogo, un odontólogo y un asistente forense documentan el caso; toman la muestra; estudian el perfil bioantropológico y describen alteraciones óseas, como patologías o lesiones. Estos datos pueden cruzarse con información que hayan entregado los familiares que presuman que ese es su ser querido desaparecido, y así puede darse una presunción de identidad. El último paso es hacer el informe pericial de la necropsia médico-legal y este lo revisa un par médico, en este paso participan varios equipos de profesionales y es el momento tras el cual puede lograrse una identidad del cuerpo. Pero es un proceso muy complejo.

En el laboratorio se ve, por ejemplo, a los antropólogos reconstruir los cráneos, los unen cuidadosamente con un pegante, como si fueran piezas de un rompecabezas, para poder ver las lesiones, como los rastros de un disparo en el cráneo. Cada lesión forma parte de detalles importantes para rehacer la historia, para darle un sentido humano al sufrimiento que han significado el conflicto armado y la desaparición forzada. También en este proceso, en el que todo funciona como un sistema perfecto, hay otros profesionales encargados de extender los huesos, de confirmar que cada cual corresponda al mismo cuerpo, pues muchas veces de una sola fosa pueden sacar partes de varias personas y es clave individualizarlas.

Un paso crucial es la marcación de los restos óseos. A uno de los huesos del cuerpo le insertan un microchip que incluye la identificación del caso con un número específico, el cual, además, se escribe con tinta china sobre cada uno de los demás huesos, por diminutos que sean. Con esto se busca que el cuerpo no se pierda de nuevo, incluso tras lograr la entrega digna a la familia, pues si esta se lo lleva de lugar para inhumarlo en otra parte, es mejor evitar riesgos.

Pero lograr la entrega digna de un cuerpo requiere rigurosos procesos científicos de identificación. Uno de los más determinantes es el análisis de ADN, una técnica que permite establecer coincidencias o diferencias genéticas entre los restos óseos recuperados y las muestras aportadas por los familiares de personas desaparecidas.

Este proceso, sin embargo, no es sencillo. En muchos casos, los cuerpos son recuperados tras haber permanecido por años en fosas o en condiciones ambientales extremas. Los restos óseos pueden estar fragmentados, fracturados, deteriorados por ácidos, lixiviados o expuestos a altos niveles de humedad.

En estos escenarios, extraer ADN de calidad representa un verdadero desafío técnico. “No es lo mismo analizar un resto óseo en buenas condiciones, que permite obtener un perfil genético completo, que trabajar con huesos altamente deteriorados, de los cuales solo es posible obtener perfiles parciales”, explica un experto del Instituto de Medicina Legal.

Cuando se cuenta con una hipótesis de identidad —por ejemplo, si se dispone de información preliminar sobre la posible persona desaparecida— el laboratorio realiza una comparación directa entre los restos y las muestras genéticas de familiares específicos. Pero en los casos sin una orientación clara, el proceso es diferente: se obtiene el perfil genético del cuerpo recuperado y se ingresa al Banco Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas para ser comparado con los perfiles de familiares que han reportado a un ser querido como desaparecido.

Este banco —un sistema especializado con capacidad de cruzar y analizar grandes volúmenes de datos— cuenta con más de 75.000 perfiles genéticos. De ellos, aproximadamente 10.600 corresponden a restos óseos y el resto, a muestras de familiares, que representan a más de 45.000 personas desaparecidas. Esta cifra es menor al total de desaparecidos en Colombia —126.895 según registros oficiales— porque, en muchos casos, varios familiares aportan muestras para un mismo desaparecido.

Cuando el sistema encuentra una posible coincidencia genética, se activa un segundo paso crucial: la verificación de la información no genética. Se contrastan datos como género, edad, fecha y lugar de desaparición, características físicas, implantes, prótesis o rasgos particulares. Si toda esta información es consistente, el caso regresa al laboratorio para confirmar genéticamente la coincidencia y descartar cualquier incompatibilidad.

Solo cuando se cumplen todos estos criterios —coincidencia genética total y concordancia con la información no genética— se puede establecer la identidad de la persona desaparecida. Y así, se da paso a lo más importante: permitir a sus seres queridos recibir dignamente sus restos, cerrar un duelo y empezar a sanar las heridas de la desaparición forzada.