¿Cómo se solucionan las peleas por territorio en Colombia?

“Yo prefiero irme a pie para Valledupar que en carro para San Juan”. Esta estrofa vallenata empezó a sonar por allí y por allá hace unos ocho años en los corregimientos de La Junta y Patillal, cuna de Diomedes Díaz.

Nació justo por la época en que se conoció que el departamento de La Guajira estaba reclamando este caluroso y árido paraje para su territorio, quitándoselo al Cesar.

Fue la molestia por sentirse más de allí que de allá y la incertidumbre por no saber cómo les podía afectar su transformación en guajiros lo que terminó por inspirar, como no podía ser de otra manera, un vallenato que hasta la fecha sigue cantando su autor, un muchacho llamado Alfonso Palmera.

Esta disputa entre La Guajira y Cesar es la más reciente que resolvió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, entidad encargada de elaborar los mapas y la cartografía de Colombia.

Al considerar que existía límite dudoso, el instituto revisó los mapas, visitó el lugar, escuchó a ambas partes y, tras tomar una decisión, se la envió al Congreso que, en últimas, será el que defina.

Aún no se conoce la decisión del legislativo al respecto.

Sin embargo, para Juan José Corzo, líder cívico de Patillal, esta disputa solo le ha traído dolores de cabeza a la gente porque, tal como dice el vallenato, pagan tributo del departamento del Cesar, van a citas médicas a Valledupar y sus principales relaciones comerciales y económicas son con ese departamento.

“Tradicionalmente, en este pueblo toda la comunidad pertenece a Valledupar y de un momento a otro, nos dijeron que ya no... Nos afecta ese cambio, porque tenemos comunicación directa con Cesar. No tenemos nada que hacer en San Juan y Riohacha”.

Es más, Corzo cuenta que los habitantes de otro poblado cesarense como Carrizal, tienen confusión porque reciben los servicios de salud en el centro médico de Patillal, que en teoría es de La Guajira.

Como el caso de Belén de Bajirá, en disputa entre Antioquia y Chocó, el Igac aseguró que su actuación está ligada a conceptos técnicos y exactos, que en nada tienen que ver con asuntos políticos u administrativos.

En eso es enfático Juan Antonio Nieto Escalante, actual Director General del Instituto, que recalcó que “estos son temas sensibles a los que hay que dedicarle mucho tiempo. Hay cartografía y terreno que hay que verificar”.

Las comisiones del instituto están lidiando actualmente con 13 conflictos distribuidos en toda la geografía nacional. En cuatro de ellos están en conflicto departamentos y, en nueve de ellos, municipios.

A pesar de lo que se demora dirimir estas controversias, existe un avance verificable, pues cuando el Igac recibió la tarea de verificar los límites territoriales, en 2011, había más de 80 casos.

Un tema de siete décadas

Aunque fue la ley 62 de 1939 la que establecía las competencias para iniciar procesos de deslinde y delimitar el territorio, no fue solo hasta el nacimiento de la Constitución de 1991 cuando se ahondó en el tema.

El artículo 290 de la carta magna establece que cada 20 años se publicará el mapa oficial de la República, considerando que hay circunstancias que hacen variar la situación en algunas zonas del país.

“Así pasó en 2010, que hubo un fenómeno de la niña muy fuerte, que se llevó por delante algunas poblaciones”, consideró Nieto Escalante.

Sin embargo, la ley del 39 no logró ser muy efectiva, porque implicaba un proceso demorado de llevar los mapas a consideración de los Ministerios del Interior y de Hacienda, y luego, ellos lo tenían que llevar al Congreso, que era el que decidía.

Solo hasta junio de 2011, con la ley 1447 se modifica la ley y pone de forma más
específica la manera como se dirime una pelea por un territorio.

Esa ley simplificaba las cosas así: si hay dudas, el Igac hace un análisis del territorio y el Congreso define. Si no hay, todo queda como está.

Ese año, el Igac envió al legislativo el material recopilado desde 1939 para que los congresistas definieran, en un lapso de tres años, las disputas que existían.

A pesar de esto, pasó el tiempo y el Congreso no definió nada, los documentos volvieron al Igac para iniciar de nuevo el proceso.

En 2014, esa institución creó una comisión de deslinde para tomar acciones en las disputas.

¿Qué hace esa comisión?

Aunque es un geógrafo o un funcionario del instituto con perfil técnico el que encabeza las comisiones, las partes con el diferendo limítrofe también integran este grupo.

Durante meses e incluso años, revisan documentos históricos, visitan territorios, verifican pruebas y, agotadas todas las tareas, se arma un informe que decide si hay o no un límite dudoso en el territorio en disputa y dan un resultado técnico.

Solo entonces, es que el Congreso tiene la última palabra.

Después de ese proceso, es que el Igac definió su tesis para asegurar que Belén de Bajirá hace parte de Chocó, pues consideran que la cartografía es clara desde la creación del departamento, en 1947.

El director del Igac manifestó que en conflictos limítrofes hay unos más complicados que otros, por ejemplo el de Caquetá, Meta y Guaviare por territorios entre San Vicente del Caguán, La Macarena y alrededor de unos campos petroleros en el sector de Los Pozos.

Afirma que llegar al nacimiento del Río Ajajú y a la división entre los ríos Caquetá y Guayabero, que es el punto central de la controversia, es difícil: “no hemos podido ir”, dice Nieto, pues lo espeso del bosque y las condiciones de seguridad les han impedido la llegada.

Este caso refrenda lo complicado del tema. Existen leyes que determinan los límites departamentales, el problema surge cuando se cruza esta información con la cartografía oficial, pues los límites no concuerdan con la realidad.

El conflicto más viejo de todos cumple 63 años en 2017 y es el de Atlántico y Bolívar.

En 1954 se realizó el deslinde, pero al Congreso no lo convenció y lo tumbó. Se trata de un tema espinoso pues existen variaciones en el terreno originadas por el Canal de Dique, por la zona de San Pedrito, Galerazamba y El Totumo.

Al igual que entre Caquetá, Meta y Guaviare, donde existe un claro interés económico por los campos petroleros, entre Atlántico y Bolívar la disputa pasa por las minas de Galegazamba y, presumiblemente, el volcán del Totumo, un lugar turístico.

Con todos esos factores, sigue siendo uno de los principales bloqueos a los deslindes la cantidad de instituciones y entes que deben ponerse de acuerdo.

Para ejemplificar con un caso, está otra disputa de Antioquia, esta vez con Córdoba. Un conflicto que data de los años 60.

La controversia compromete las zonas de Puerto Rey, Carrizal, Campoalegre y Río Pegadó. Inicia desde Punta Arboletes, en el Atlántico, por los caseríos del Minuto de Dios, pasando por Campoalegre y la carretera que de Caucasia conduce a Nechí. Muchos de estos sectores se han desplazado con los años por cuenta de la erosión.

El reporte del Igac de la época registra que los gobernadores de turno de ambos departamentos firmaron un acta de acuerdo de límites, que fue elevado a escritura pública.

¿Qué cambia?

A juicio de Néstor Rueda, historiador y experto en Legislación del Ordenamiento Territorial, el de los límites es un problema delicado pues en gran parte del país “los límites municipales, no coinciden con los departamentales” y, por ende, tampoco lo hacen con los mapas que delimita el Agustín Codazzi.

“Hay municipios que tienen una porción de territorio en un departamento y otra en otro”, acotó.

En ese sentido, se generan confusiones en la atención médica y en el pago de impuestos, que siempre generan inconvenientes e incomodidades.

“Aquí prima el tema de recursos, porque los municipios tienen varias fuentes de financiación, entre ellas de libre destinación y la propia. En corto: cada municipio tiene plata para su población y si no le alcanza cuando tiene un corregimiento o caserío que vive en otro departamento, no puede echar mano de lo que pagan ellos por impuestos, porque no pertenecen a los mismos departamentos”, concluyó.

Sin embargo, en la otra orilla está Felipe De Vivero Arciniegas, director de la Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la Universidad de Los Andes, que sin titubear aseguró que no afecta en nada cuando los municipios cambian de departamento en un litigio.

“No creo que afecte en temas fiscales, pues los impuestos son departamentales, pero van principalmente dirigidos al municipio. Además, como cambió el esquema de regalías, ya no hay tantos inconvenientes”, explicó.

El jurista fue enfático en que toda la polémica no va más lejos de ser “un tema político principalmente”.

Dejando de lado las razones que cada ente territorial pueda tener, en 2021 se deberá publicar un nuevo mapa de Colombia, año en el que deberán quedar claros los territorios, la organización y los límites del país.