Bellavista, un retrato de la crisis carcelaria

Si se cumplen los planes del Inpec, en cuestión de días habrán salido más de 1.500 internos de Bellavista a otras cárceles del país. Pero el hacinamiento crítico que motivó al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a pedirle a la Corte Constitucional que ordene de manera inmediata el cierre de la prisión no se resuelve con los traslados, solo cambia de lugar.

La escena de presos durmiendo en el suelo, en los baños o en zarzos improvisados, que el funcionario calificó como lo más indignante que ha visto, es apenas una imagen que se repite en penales del país.

De 20 penales que hay en Antioquia, 17 presentan estado de hacinamiento crítico. Y si se mira el resto del país, tal fenómeno se registra en 111 de las 136 cárceles colombianas.

El campanazo del Defensor, llevó al traslado de 650 internos de Bellavista a otras prisiones del país, hecho que deriva en serios problemas para los presos, pues terminarían en condiciones similares en otras prisiones y sus familias que no podrán visitarlos con regularidad.

No obstante, tal decisión lleva a que la prisión registrara ayer la cifra más baja de presos en los últimos 15 años, un total de 4.300 internos, según registros del Inpec.

La directora Regional de la entidad, Imelda López, precisó que en los próximos días continuarán los traslados de condenados hasta desocupar el patio 2, donde el martes quedaban 925 reclusos por trasladar. Este patio, por mandato de la Defensoría y de la Corte Constitucional, que ya se ha pronunciado al respecto, debe ser evacuado en su totalidad.

Cifras apretadas

Ante la orden de no recibir internos en Bellavista, las personas privadas de la libertad en el Aburrá se están enviando a El Pedregal, donde la sobrepoblación masculina es de 1.031 presos desbordando la capacidad en un 91 por ciento.

La sobrepoblación en el orden nacional es de 41.162 reclusos y el hacinamiento en promedio es del 52,5 por ciento en cifras del Inpec. Por departamentos, solo Quindío, Cauca y Tolima alcanzan el nivel de hacinamiento medio, mientras los demás comparten la condición crítica a excepción de Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés, sin penales propios.

Resolver el problema

“Por supuesto que hay hacinamiento en Bellavista, que no son las condiciones ideales, pero hay una crisis carcelaria a nivel nacional que necesitamos que se resuelva”, señala el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Para ayer había más de 620 personas detenidas en estaciones de Policía; más de 70 en el búnker de la Fiscalía.

“¿Adónde se lleva a los internos que hoy se tienen? Habría también un problema de orden público”, se queja el mandatario, quien ya le ha pedido al Gobierno Nacional considerar la oportunidad de alianzas público privadas para construir nuevas cárceles.

“Para la Gobernación de Antioquia es muy grave el problema, porque no se observa una política clara por parte del Ministerio de Justicia. No hay documento Conpes ni están incluidos recursos para Antioquia a pesar de que distribuyeron 5.000 cupos para todo el país”, opina la secretaria de gobierno Departamental, Victoria Eugenia Ramírez.

Se puede ampliar Bellavista

El director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Carlos Contreras, defensor de Derechos Humanos, propone ampliar la cárcel.

“El Defensor del Pueblo no está pensando en el terrible daño que les hace a los familiares de los presos con estos traslados”, dice.

“Estamos solicitando que entreguen el patio 5, que terminen de construirlo. No se compadece que llevemos tanto tiempo en las obras”, agrega. El pabellón está cerrado desde hace tres años por riesgo de colapso. La edificación nueva debe sumar 600 celdas desde el 28 de marzo, fecha en la que la Gobernación de Antioquia estima que debe entrar en operación.

La propuesta de la Corporación comprende además construir un nuevo pabellón en un terreno que aún no se ha edificado en el penal.

Frente a esta crisis, el catedrático y experto en temas carcelarios, Guillermo Arismendi, afirma que esta es solo la radiografía de un drama nacional de violación de los derechos fundamentales de los presos del país.

La situación es tan caótica, que la Corte Constitucional, tras evaluar varias tutelas, decretó el “Estado de Cosas Inconstitucionales” en las cárceles, medida que solo ha decretado siete veces en su historia el Alto Tribunal. “Esto significa la existencia de una grosera omisión de los derechos fundamentales de una población, en este caso los presos”.

Recomienda resolver la crisis honrando el mandato de readecuar las prisiones y construir nuevas penitenciarías.

Criticó la decisión del Gobierno, que para resolver los mandatos de las sentencias, T153 de 1998 y T388 de 2013, amplió el espectro de lo que se llamaba el beneficio transitorio o punitivo, es decir, la casa por cárcel y miró para otro lado para no ver el drama carcelario, que rápidamente se repitió con el incremento de los actos delictivos y, por supuesto, nuevo hacinamiento.

El problema de los traslados

Defensores de Derechos Humanos coinciden con el Ministerio Público en que en Bellavista no se dan las condiciones mínimas para una reclusión digna. Pero Jorge Carmona señaló otro problema con los traslados ordenados.

Reveló que hay personas que llevan hasta ocho meses detenidas en 21 estaciones de Policía del Valle de Aburrá.

“Se necesita inversión social en cárceles para que se garanticen condiciones dignas tanto para internos como para personal de vigilancia y custodia”, opina.

A su juicio, la atención a la crisis carcelaria debe pasar por una decisión de humanizar las cárceles y ajustar el código penitenciario a la realidad. Anota que el 67 por ciento de los presos purgan condenas entre 4 y 9 años por delitos como porte y consumo de estupefacientes cuando deberían estar en un centro de rehabilitación.

Un rosario de males

Varios aspectos se destacan entre los que para Contreras conforman “el rosario de males que hay en Bellavista”: problemas de infraestructura, hacinamiento, corrupción, salud carencia de oportunidades de resocialización y falta de guardias. El de las deficiencias estructurales no es un tema nuevo. Uno de los aspectos que recoge la sentencia T153 de 1998, de la Corte, fue precisamente el mal estado de la edificación.

Además del patio 5, el Defensor del Pueblo señaló que ahora se debe demoler también el patio 2. El Dapard emitió una alerta que incluye además el patio 4. Y el Personero de Medellín señaló que el riesgo abarca también el patio 8.

El hacinamiento lo corroboró el Defensor, al observar el penal convertido en una suerte de depósito de seres humanos donde cada uno se acomoda como puede en pasillos, baterías sanitarias, zarzos, colchoneticas. La cárcel ha llegado a albergar hasta el triple de su capacidad máxima y en días de visitas se pueden juntar hasta 15.000 personas. El pasado 2 de febrero, cuando se adelantó la visita de la Defensoría, la ocupación era del orden del 280 por ciento.

Otro caso tendría que ver con la atención en salud. La Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos ha recogido testimonios según los cuales a algunos internos diagnosticados en la sección de Sanidad los hacen firmar para la entrega de medicamentos que nunca reciben.

El cuerpo de custodia y vigilancia realiza permanentes operaciones de registro y control. Y cada vez son mayores las cifras de incautación de teléfonos celulares, estupefacientes, dinero y otros elementos prohibidos. Quienes los ingresan se vuelven cada vez más sofisticados o cuentan con ayuda.

El problema es tan complejo, que pretender resocializar un preso, es casi un imposible histórico, concluyen las voces consultadas .