Briceño vive entre dos infiernos

Los grupos armados ilegales actúan como jueces en la frondosa zona rural de Briceño. Por eso, a quien no sea de su agrado, le aplican castigos que llegan a ser tan severos como el que terminó con la vida de Marleny de Jesús Martínez Areiza.

A la mujer, de 45 años, la sorprendieron los homicidas hace un mes, cuando buscaba oro en el río Espíritu Santo, en compañía de su hija de 22. Apartaron a la muchacha unos metros, obligándola a escuchar los gritos de la progenitora.

A la víctima le cortaron el labio inferior y parte de la lengua, antes de dispararle en la cabeza. Después le dijeron a la joven que ya podía recoger a su mamá, tendida en la hierba.

La muerte de Marleny Martínez hace parte de los 10 asesinatos perpetrados este año en Briceño, que para las autoridades se relacionan con una confrontación entre el frente 36 de las Farc y la banda “los Urabeños”, a los que la comunidad también denomina “paramilitares”.

Los primeros controlan los territorios del sur de la localidad antioqueña, mientras los segundos delinquen en el norte. Hasta finales del año pasado convivían con cierto “respeto” por los terrenos y negocios del rival, pero ese pacto al parecer ya terminó y comenzaron a morir los civiles, con el estigma de ser, sin más pruebas que la sospecha en varios casos, colaboradores de uno u otro bando.

EL COLOMBIANO recorrió las veredas durante tres días, palpando la zozobra de una comunidad para la cual el conflicto armado es igual al de hace 20 años, sin importar que hoy sean el escenario del desminado conjunto de las Farc y el Gobierno en plena época de diálogos de paz.

Sumas y restas de la coca

Los antiguos edificaron a Briceño en la cima de montañas imponentes, con cascadas que bañan sus senderos y una niebla siempre al acecho, pero se les olvidó terminar las carreteras. Por eso trepar a sus parajes es un desafío para cualquier carrocería y las vértebras que viajen en ella.

En la vereda Travesías se llega a un cruce de caminos, divididos por una escultura de la Virgen del Carmen, parada en una columna de tres metros perforada por un balazo en un costado. Según los lugareños, esta es una frontera invisible: a la izquierda se llega a los poblados dominados por la guerrilla, y a la derecha a los de los paramilitares.

Los insurgentes tienen presencia histórica en Palmichal, Cucurucho, La Calera, Orejón, Chirí, Buena Vista, El Hoyo y Roblal, entre otros. Allí los residentes viven de la agricultura, la ganadería y el barequeo ocasional (minería artesanal en el río), aunque el principal ingreso son los cultivos de coca, que dan cosecha seis veces al año, como ninguna otra semilla en estas cumbres.

Los campesinos coinciden en que la base de coca se la tienen que vender a las Farc, que ha fijado el precio en $2’100.000 por kilo. La facción contraria ofrece $2’300.000, pero venderles a ellos significa ponerse una lápida en el cuello.

“No quisiera cultivarla, porque uno sabe que la violencia del país es por esto; quisiéramos ser legales, pero la coca es lo único que tiene la venta asegurada, uno se pone a cosechar café o cacao y no hay quién lo compre”, relata un raspachín (recolector de coca) de Palmichal, acicalando las hojas en medio de una plantación.

En esta economía clandestina es costumbre que los dueños de predios alquilen su tierra para que otros siembren la planta, y luego les cobran un 10 % de comisión sobre la ganancia final.

Otro labriego de El Hoyo asegura que “las Farc dieron la orden de que si alguno erradica el tajo (cultivo) para sembrar otra cosa, lo tiene que volver a cultivar con coca”.

Hay veredas donde la presencia del Estado es paupérrima, en tanto que los subversivos han permanecido por más de cuatro décadas, suplantando el rol de las autoridades. Su palabra es la “ley” y está consignada en las fachadas de El Roblal, donde se lee: “prohibido transitar vehículos de las 8:00 p.m. a 5:00 a.m. Farc-EP 36 FT”.

Un residente de la zona “fariana” explica que los rebeldes restringen la movilidad de peatones entre las veredas a partir de las 7:00 p.m., “también están prohibidas las peleas en las fiestas, la multa es de $500.000; y si de pronto alguien sale rajado de un machetazo, $600.000, y si ya es muy grave la cortada, un millón. Con esa plata se paga la curación del herido”.

El comandante de los insurgentes es alias “Cabuyo”, un joven que según algunos briceñitas estudió en Medellín y regresó cuando los paramilitares asesinaron parte de su familia.

Los guerrilleros dirimen pleitos de linderos y cosechas, y aunque son los principales instigadores de la comercialización de la coca, castigan con el destierro a quienes consuman o vendan vicio. “Es que ellos son el gobierno en estas regiones”, concluye el lugareño.

El subsecretario de Gobierno de Antioquia, Álex Flórez, comenta que es innegable que hay para-estados en algunos lugares del departamento, como Briceño y el Bajo Cauca, “por falta de una justicia oportuna. Si queremos llenar ese vacío hay que fortalecer las instituciones, sobre todo la justicia, para que la gente vuelva a creer, esa es la apuesta de esta Administración”.

Prohibido hasta el chisme

Para llegar al corregimiento Las Auras, a 14 k.m. del casco urbano, hay que descender por un camino pedregoso, que conduce a los caseríos que dominan los “paras”. Mientras la camioneta tambalea, la radio sintoniza la emisora Colombia Estéreo, y se oye la voz de un coronel del Ejército. “Este es un mensaje para los señores del Eln que están en Yarumal, alias ‘la Araña’, ‘Mochotierra’, ‘Yésica’, para que se desmovilicen. Antioquia los necesita en la legalidad”, carraspea el parlante.

La cabecera corregimental se despliega alrededor de una pequeña plaza y la capilla, custodiadas por militares. El sitio es tan crítico, acotan ellos, que solo envían soldados profesionales, sobre todo después de que el 28 y 29 de febrero pasado dos regulares perdieran sus piernas izquierdas al caer en campos minados, cerca de la vereda La Vélez.

“Somos un grupo especial, cuando venimos es a golpear”, dice uno de los uniformados, y agrega que el 16 de abril hubo un combate de una hora con “los Urabeños” en la vereda La Cristalina, sin abatidos.

El presunto líder de este grupo es Fernely Guevara Pérez, alias “Manuel”, a quien el presidente Juan Manuel Santos presentó como uno de los 20 delincuentes más buscados del país. La Policía lo arrestó el 21 de abril y ahora están detrás de “Maison”, el supuesto cabecilla sicarial de la organización.

En el corregimiento es tangible la angustia de sus habitantes, quienes también padecen el yugo de una “autoridad” paralela que les ordena qué hacer y los extorsiona. “Los paramilitares prohibieron los chismes, dicen que si detectan mujeres chismosas, las ponen a barrer la plaza; y a tres hombres ya los castigaron por armar tropel borrachos, los pusieron a desyerbar la vía con machete”, cuenta una joven, y su abuela añade que si un familiar irá de visita a Las Auras, hay que notificarle antes a los “paracos”.

En la esquina del frente, sentada en el umbral de la puerta, otra mujer asevera que “a esa gente hay que tratarla muy amable, aquí los civiles no podemos hacer mala cara”, y luego hace el recuento de cuatro familias conocidas que tuvieron que salir desplazadas de Las Auras, amenazadas o por miedo. En total, este año se han registrado 33 desplazamientos de núcleos familiares en Briceño (83 personas).

El 26 de diciembre, narran los habitantes, pasaron dos escuadras de las Farc y socializaron una lista negra de presuntos colaboradores del enemigo; algunas de esas personas huyeron despavoridas del pueblo, pese a que según los paisanos no tenían nada que ver en el conflicto, salvo verse forzados a comerciar coca y alimentos con los paramilitares.

(Vea aquí la galería de imágenes: El conflicto interno arde en Briceño)

Sentencias de muerte

En la lista aparecía Luis Aníbal Penagos Bustamante, de 36 años y apodado “Lucho”. Al conocer esta amenaza, su madre Silvia le dijo que se fuera. Se lo advirtió con conocimiento de causa, pues en 2006 a ella la desplazaron de Las Auras.

“El que nada debe, nada teme, mamá”, le respondió el hijo. Según sus allegados, “Lucho” se reunió con las Farc en Gurrí y les explicó que no trabajaba para los “paras”, y le contestaron que entonces podía estar tranquilo. Se dedicó así a administrar un billar en la vereda El Hoyo, dominada por el frente 36.

La banda dio el primer golpe, matando el 2 de enero en Las Auras a los parientes Víctor y Roberto Moreno Jaramillo; el 10/10/15 ya habían aniquilado en el casco urbano a Jesús Alberto, otro de los hermanos. Los victimarios los acusaron de venderles coca a los insurgentes.

El exterminio de esta familia tuvo eco en La Habana. “Pastor Alape”, uno de los negociadores de las Farc, escribió en internet que esos asesinatos por parte de paramilitares eran “responsabilidad del Gobierno”, y la crisis de seguridad en Briceño se politizó.

Luego vino la arremetida de los contrarios. El 10 de abril mataron a uno de los amenazados de la lista: Sandro Jaramillo López, de 28 años y conocido como “Rano”. Los asesinos le dispararon once veces dentro de un billar, en pleno parque de Briceño, señalándolo de ser aliado de los rivales.

Su madre Odila acababa de llegar de la misa cuando una niña le transmitió la noticia. “La última vez que lo vi, me pidió la bendición. Cuando ocurrió el batacazo, me quedé en las mismas, él nunca me habló de amenazas, era trabajador y solo pensaba en su hija”.

Tres días más tarde, al mediodía, se oyeron gritos en la orilla del río Espíritu Santo, y el balazo que segó la vida de Marleny Martínez.

Y a las 8:00 p.m., en una casa de El Hoyo, verdugos armados llegaron preguntando “¿quién es ‘Lucho’?”. Lo sacaron a la fuerza hasta una manga y sin más lo ejecutaron. Cuando su madre lo supo, recordó que hacía unas semanas Luis Aníbal le había dicho que se calmara, porque había hablado con la guerrilla y lo habían sacado de la lista. “Ay mijo, ¿usted se confía de esa gente?”, le advirtió Silvia.

La escalada homicida terminó al día siguiente, cuando el administrador de una mina, Carlos Alexánder Ariza Marín (“el Flaco”), cayó herido de muerte en el cauce del Espíritu Santo, por un tiro en la frente. Sus amigos se enteraron por una macabra costumbre que desde el año pasado se instaló en el municipio: distribuir las fotos de las escenas del crimen por el chat del celular. “Antes de que me llamaran a contarme que mataron a Marleny, me llegó la foto de ella ahí ensangrentada”, señala una familiar.

Miedos y fe

El sacerdote Nelson Correa conoce de cerca el conflicto armado, pues nació en Ituango y antes de llegar a Briceño trabajó en El Bagre, sitios en los que los radicales llevan medio siglo atormentando a la gente. “Me vine hace cuatro meses, pensando que me iba a refrescar un poquito de la violencia, pero ya llevo 10 misas exequiales de víctimas”, suspira el cura en su despacho.

La última racha de homicidios provocó un consejo de seguridad con la Gobernación y el incremento del pie de fuerza militar y de Policía Judicial.

Al igual que los residentes, los policías y soldados destacados en la localidad comentan que el principal sospechoso de orquestar los asesinatos del 10 al 14 de abril es “Cabuyo”; extraoficialmente los uniformados dicen sentirse maniatados para frenarlo, pues es uno de los delegados desde La Habana para coordinar el desminado humanitario en la vereda Orejón. “Si le hacemos una operación, se arma el problema por el proceso de paz”, susurra un miembro de la Fuerza Pública, rogando la reserva de su identidad.

El discurso oficial es diferente: “por ahora solo tenemos comentarios, nos hace falta evidencia para el proceso penal, pero si logramos la orden de captura de la Fiscalía, cogemos al que sea”, reitera el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia.

El oficial afirma que las medidas han funcionado hasta ahora, pues no han ocurrido más muertes ni desórdenes sociales. Y el subsecretario Flórez añade que el 50 % de los desplazados ya retornó.

El padre Correa indica que tanto dolor ha hecho que algunos fortalezcan su fe, “pero lo espiritual solo no es suficiente, se requiere más esfuerzo del Estado”.

La crisis de seguridad se ha ido disipando, pero la tensión permanece, pues no hay señal de tregua entre los grupos ilegales. “Como viene la desmovilización, la guerrilla está diciendo que tiene que sacar a los paramilitares como sea”, argumenta un residente, con el tono de quien corre peligro contando el secreto, y calla en seco, pues los pobladores quedaron tan agobiados por el castigo infringido a Marleny, que parece que a todos les hubieran cortado la lengua .