¿Se repetirá en Hidroituango retraso de 16 meses que tuvo Porce II por cambio de contratista?

La intentona de cambiar al constructor de Hidroituango, agitada por el alcalde Daniel Quintero antes y después del fallo de responsabilidad de la Contraloría, guarda similitudes con otra hidroeléctrica de EPM que hace 20 años tuvo en vilo al país.

Aunque por motivos muy distintos, la sustitución de los contratistas encargados de la presa y las obras subterráneas de Porce II generó un retraso de 16 meses en el encendido de la primera turbina de esta central, ubicada en jurisdicción de Amalfi, Gómez Plata y Yolombó, en el Nordeste.

Claro que fueron 16 meses de retraso en un proyecto de 405 megavatios, es decir, seis veces más pequeño que Hidroituango. Solo con el llenado del embalse en febrero de 2001 se alejó el fantasma de un nuevo apagón en el país, que en ese momento sufría por la seguidilla de atentados contra las torres de energía.

Pero echemos el cuento para ver cómo la historia recrea hechos similares moviendo los roles y protagonistas. En su momento, Porce II prometía aumentar en un 5% la oferta del sistema eléctrico nacional, con un costo estimado de 547 millones de dólares (aunque terminó valiendo 42 millones de dólares menos).

La construcción de la central se inició en diciembre de 1990 y estuvo a cargo de las firmas italianas Astaldi, Di Ravenna, Federici y Recchi, que conformaban el consorcio Porce II. Estas llevaron la obra al 70% de su ejecución, antes de quedarse sin financiamiento en 1999, pero desde 1995 EPM venía manifestando su preocupación por los atrasos en la compra, llegada e instalación de equipos.

Pese a nuevos acuerdos, prórrogas y plazos, la situación se volvió insostenible y el 9 de febrero de 1999 EPM determinó declarar el riesgo de incumplimiento del contrato de construcción de la presa y la caducidad del que correspondía a obras subterráneas.

No valieron los recursos de los contratistas porque tres meses después, el 6 de mayo, EPM confirmó las declaratorias y abrió el escenario para que aterrizara una nueva firma. En ese momento faltaba un 30 % de la obra, lo que comprendía la terminación del vertedero, el montaje de cuatro compuertas radiales, vaciar 320.000 metros cúbicos de concreto compactado con rodillo y completar la torre de captación. También faltaban los revestimientos del túnel de conducción, la salida de cables y las descargas.

A Hidroituango hoy no le falta tanto como a Porce II cuando tuvo el cambio de contratista. Aunque le resta el 14,2% de ejecución, tiene a cuestas un milimétrico cronograma porque debe encender dos unidades antes de finalizar noviembre de 2022, so pena de pagar millonarias multas. El 100% se logrará cuando en 2025 entre en operación la última de las ocho unidades de generación.

El mismo cuento

Volvamos atrás. Liquidados los contratos, y una vez fueron efectivas las garantías y la cláusula penal, empezó la búsqueda del nuevo constructor.

Tal como ocurrió con Hidroituango hace dos meses, EPM invitó el 4 de junio de 1999 a firmas nacionales y extranjeras a conocer el proyecto. Diez aceptaron la invitación para concursar por la adjudicación de la terminación de las obras civiles de la hidroeléctrica.

En este punto entró en juego otro actor principal de la historia de hoy. Se trató del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su momento le echó la bendición al nuevo programa de financiación para culminar la central. Es el mismo banco que hoy tiene entre ojos a EPM y que se retiraría de Hidroituango, cobrando toda la deuda, si hay cambio de contratistas.

El nuevo constructor de Porce II se conoció el 7 de septiembre de 1999, siete meses después de que EPM sacara a los italianos. El elegido fue un consorcio hispano colombiano compuesto por las firmas Dragados y Conconcreto, a cambio de 79,6 millones de dólares para asumir la terminación de las obras.

Conconcreto, hoy contratista del consorcio constructor de Hidroituango, fue en ese momento parte de la salvación de la central de EPM.

Entre unas y otras, con la maquinaria a tope para sacar adelante la hidroeléctrica, finalmente llegó un respiro.

El 20 de febrero de 2001 se dio el cierre de las compuertas y el inicio del llenado de la presa, hitos que permitieron garantizar que 393 megavatios entraran a fortalecer el sistema interconectado nacional, lo cual alejaba, de una vez por todas, el fantasma de un nuevo apagón en el país.

El retraso terminó siendo de 16 meses porque la primera turbina, que se esperaba estuviera operando en diciembre de 1999, terminó encendiéndose el 9 de abril de 2001.

Dos décadas después, los titulares de prensa y los focos están sobre lo que pase con Hidroituango. El fallo de la Contraloría, que determinó en primera instancia culpa grave de 26 funcionarios y empresas por la contingencia en el megaproyecto, envalentonó a Quintero para agitar el cambio de los consorcios, porque esperaba que la segunda instancia se conociera antes de que finalizara el contrato el 31 de diciembre. Sin embargo, la Contraloría suspendió hace un mes el proceso mientras se resuelven las recusaciones.

En este escenario, sin poder ampararse en fallos en firme para justificar cambios de contratistas, los vientos giraron hacia una nueva prórroga con los consorcios actuales.

El jueves pasado, la junta directiva de EPM aprobó las vigencias futuras ordinarias para 2022, con lo que la empresa quedó habilitada para firmar la prórroga del contrato actual de las obras principales.

Esa nueva ampliación correspondería al tiempo mínimo para encender las dos primeras unidades, que sería de al menos ocho meses, mientras se realiza una nueva licitación para el porcentaje final de ejecución. Como hace 20 años, por uno u otro camino, lo que necesitan EPM y el país es que se active el botón y las turbinas se enciendan cuanto antes para que, al menos, el final de la historia de las dos centrales sea el mismo

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