Procuraduría constató crisis en cárcel de Puerto Triunfo: reclusos sin agua potable, con comida en mal estado y con brotes activos

Tras las múltiples denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la cárcel de Puerto Triunfo, ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, un equipo de la Procuraduría General de la Nación realizó en el lugar una jornada de inspección con la que constataron problemas importantes relacionados con el acceso de la población interna a agua potable, una adecuada alimentación y servicios de salud.

La inspección estuvo liderada por el equipo de la Delegada para los Derechos Humanos del Ministerio Público y permitió constatar algunos puntos críticos que requieren atención urgente, porque están poniendo en riesgo la integridad y la vida de la población privada de la libertad. Hay que recordar que en la cárcel de Puerto Triunfo se han reportado este 2024 un total de 16 fallecimientos por causa de distintas enfermedades, muchas de las cuales se han agravado por las mismas condiciones del penal o por las demoras en la atención.

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Según el informe que entregó el Ministerio Público tras la visita realizada, entre los principales problemas que evidenciaron están que el agua que llega al penal no es apta para el consumo humano, lo que hace que la salud de los internos se vea afectada. A esto se suma que también se constataron brotes activos de tuberculosis, varicela y paludismo, entre otros, que aparte de todo no son tratados de forma adecuada por los servicios médicos. Y no hay que dejar de lado que el intenso calor de la zona hace que los alimentos se descompongan más rápido y lleguen en mal estado a la cárcel, lo que ha generado intoxicaciones constantes entre los reclusos.

Pero en medio de las revisiones que hizo la delegación de la Procuraduría en la cárcel de Puerto Triunfo también se puso sobre la mesa la denuncia por presuntas falencias en el funcionamiento del cuerpo de custodia y vigilancia. De hecho, entre los casos más graves que se han conocido están las presuntas torturas y abusos sexuales a cuatro internos de parte de otros reclusos, “sin que la guardia lo advirtiera”, tal como se lee en el informe del Ministerio Público.

Instituciones asumieron compromisos

Javier Sarmiento, procurador para los Derechos Humanos, explicó que se hizo una mesa de trabajo con las autoridades de alto nivel relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario, para conocer las acciones que han implementado ante las denuncias constantes en dicha cárcel. Aunque la Procuraduría dijo reconocer los esfuerzos, también sostuvo que no son suficientes, por lo cual las distintas instituciones fijaron unos compromisos que deben cumplir para mejorar las condiciones del establecimiento.

“Las entidades adquirieron unos compromisos de los cuales la Procuraduría General de la Nación realizará seguimiento riguroso, con el fin de constatar su cumplimiento, y de lo contrario se iniciarán las acciones disciplinarias que correspondan”, sostuvo el procurador Sarmiento. Entre dichos compromisos se encuentran organizar una brigada interinstitucional para conocer las condiciones de salud y el estado de los procesos jurídicos de las personas privadas de libertad, con el fin de brindarles atención oportuna y adecuada.

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Para solucionar los problemas de acceso a agua potable, el viceministro de Justicia y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec se comprometieron a gestionar acciones lo antes posible para que el suministro del líquido sea constante y suficiente, lo que requiere una revisión de todo el sistema hidráulico del penal y establecer en cuál punto se está generando la contaminación. Entre las medidas que se están revisando se encuentra la posibilidad de que haya conexión directa con el acueducto regional para contar con agua debidamente tratada en la cárcel.

Por otro lado, los funcionarios también se comprometieron a implementar acciones para que los contratistas de la Uspec cumplan a cabalidad con sus deberes, garantizando que al penal llegue una adecuada y oportuna alimentación, y que haya siempre disponibilidad de combustible para trasladar a los internos a los servicios médicos que requieren.

Sarmiento aseguró además que hará “seguimiento a los resultados de la investigación que adelanta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, frente al caso de las torturas y agresiones sexuales, para determinar si es necesario asumirla por poder preferente”.

Las graves denuncias sobre lo que ocurre en la cárcel de Puerto Triunfo han llevado incluso a que este lugar sea considerado como el que ha tenido más muertos este año entre los centros penitenciarios y carcelarios del país. El último caso conocido, a principios de este septiembre, fue el de un interno de 84 años que falleció en un hospital al que fue remitido por quebrantos de salud.

Los internos de esa cárcel se han quejado de tiempo atrás por las condiciones infrahumanas en que les toca convivir, empezando por el hacinamiento, pues si bien fue construida para máximo 600 personas, normalmente pasan de 1.600 internos.

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