Corte IDH estudiará caso de Luis Fernando Lalinde, detenido y desaparecido hace casi 40 años en Antioquia

Uno de los casos más conocidos y antiguos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de Colombia será estudiado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para determinar si el Estado incurrió en fallas al no garantizar las medidas para que la familia de la víctima accediera a verdad y justicia.

Se trata del expediente de Luis Fernando Lalinde, un joven estudiante de sociología, militante del Partido Comunista e integrante del Ejército Popular de Liberación (EPL), quien fue desaparecido en 1984, poco antes de que pudiera graduarse de su carrera.

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Lalinde fue detenido por militares, el 3 de octubre de 1984, en una vereda de Jardín, en el Suroeste de Antioquia. Dicha detención fue calificada como arbitraria, las autoridades no dieron razón de las causas de la misma y el estudiante estuvo desaparecido durante varios años sin que la familia supiera nada de su paradero.

Esto llevó a que su madre Fabiola Lalinde emprendiera la reconocida lucha para encontrar a su hijo, cuyos restos logró recuperar casi 13 años después de la desaparición en manos del Ejército.

En 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que se declaró la responsabilidad del Estado en el hecho y le recomendó llevar a cabo “una exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia, (...) y adoptar las medidas necesarias para impedir que hechos de tal gravedad puedan volver a ocurrir”.

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Esa fue la primera condena por desaparición forzada contra el Estado colombiano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, en 1999, la Comisión Colombia de Juristas (CCJ) presentó ante la CIDH una nueva solicitud, al considerar que había más responsabilidad del Estado “por no garantizar el acceso de los familiares de Luis Fernando Lalinde a un recurso adecuado y efectivo que permitiera investigar, juzgar y sancionar a los culpables de su detención y homicidio”.

El argumento que entregó la CCJ fue que después del pronunciamiento de la CIDH, en 1988, el Estado no garantizó el debido proceso legal ni la protección judicial, lo que hizo más difícil el drama de la familia, en especial de Fabiola, quien hasta el día de su muerte, en marzo de 2022, resistió como referente de lucha por saber la verdad sobre lo sucedido y lograr justicia, una lucha en la que incluyó a muchas otras víctimas de hechos similares.

Así fue que la CIDH decidió recientemente presentar el caso ante la Corte Interamericana para que dé un nuevo veredicto. Entre lo que espera la CCJ está que el alto triunal internacional “ordene una reparación integral que responda a las particularidades de su caso y a la estigmatización y persecución que sufrieron las y los familiares en el proceso de búsqueda de su ser querido”.

Fabiola Lalinde es recordada por crear la Operación Sirirí, en referencia a ese pequeño pájaro que defiende a sus pichones aún de aves más grandes y rapaces. En sus años de lucha, la mujer construyó un archivo de folios judiciales, fotos, videos, audios, cartas, mapas y otro sinfín de elementos que dan cuenta del trabajo que mantuvo no solo para recuperar los restos de su hijo, sino también para conocer a fondo la verdad sobre lo ocurrido y lograr justicia.

Por ello, recibió múltiples reconocimientos y su legado persiste en el país. La Unesco, incluso, inscribió su archivo en el Programa Memorias del Mundo.