Chigorodó busca opciones antes de entrar en Ley 550
Una difícil situación financiera atraviesa el municipio de Chigorodó, por lo que está a las puertas de entrar en Ley 550 o de quiebra.
Es la que le que permite a empresas y entidades territoriales declararse en bancarrota para que el Estado intervenga mediante una reestructuración que permita negociar deudas, otorgar créditos y adoptar otras medidas de saneamiento financiero.
Sin embargo, Jesús María Parra, secretario de Hacienda, informó que el alcalde, Daniel Segundo Álvarez, quiere actuar con responsabilidad, de cara a los habitantes del municipio y a los acreedores, por lo cual convocó para el 12 de julio una mesa de trabajo con invitación a Planeación Departamental, a las 4 entidades bancarias con las cuales posee créditos, a Aguas de Urabá y a Corpourabá.
Parra señaló que, a diciembre de 2015, la deuda con los bancos suma $8.222 millones y que a Aguas de Urabá le adeudan $5.895 millones por concepto de subsidios no pagados por administraciones anteriores y con Corpourabá la deuda asciende a $1.677 millones por sobretasa ambiental recaudada y no transferida.
“Nos hemos reunido de manera individual con los acreedores, pero queremos que nos den una alternativa”, dijo el funcionario.
Capacidad fiscal débil
Recientemente, el director de Planeación Departamental, Carlos Mario Montoya, advirtió que analizada la vigencia de 2015, en total 18 localidades antioqueñas, en su nivel central, superaron el límite de gastos de funcionamiento que establece la normatividad, mientras que otros 20 municipios quedaron en riesgo.
Agregó que las regiones con más riesgo son: Urabá, donde 8 de sus 11 municipios tienen dificultades, allí 2 incumplieron y 6 más están en riesgo, mientras que en Occidente, 5 municipios están incumpliendo con el indicador de Ley 617. Tras señalar la difícil situación de Toledo, anotó que Planeación hará un acompañamiento para que los municipios que incumplieron el indicador de Ley 617, construyan planes de mejoramiento e inicien su recuperación.