Violencia contra defensores de derechos humanos aumentó en Antioquia en 2025, ¿por qué?

Lejos de mejorar, la violencia contra los defensores de derechos humanos no dio tregua en Antioquia durante el año que está terminando, al incrementarse en un 8% los ataques a la seguridad contra las personas que ejercen este rol.

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Así lo revela un informe de la Fundación Sumapaz presentado este 9 de diciembre en el contexto del Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos.

Esto en cifras concretas quiere decir que en 2025, según el documento dado a conocer, van 225 agresiones, comparadas con 207 que se presentaron en 2024. De todas esas, 24 fueron homicidios. Además, hay que considerar que este departamento es el segundo con mayor incidencia de estos casos, después del Cauca.

Todo ello tiene una connotación especial, pues los defensores son los canales a través de los cuales fluyen las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, pero además acompañan a las comunidades vulnerables y promueven la participación ciudadana donde la institucionalidad no está de manera permanente o llega tarde. Por eso cuando estos son acallados o son obligados a salir del territorio, es toda la comunidad la que pierde.

Las agresiones van desde amenazas, las retenciones, el desplazamiento forzado, el daño físico y el homicidio, hasta el secuestro, la estigmatización y la judicialización. Pero también se presentan hechos como el robo de información.

“El secuestro, por su parte, aumenta de 4 a 10 casos, mostrando una degradación preocupante de las estrategias de control en ciertas subregiones”, señaló Sumapaz.

Por subregiones, el Valle de Aburrá concentra el mayor número de casos, con 104 (46,6%) como un reflejo de la persistencia de estructuras criminales organizadas; le siguen Oriente con 32 (14,2%), donde de acuerdo con Sumapaz juegan más las tensiones por expansión urbana y los conflictos ambientales; el Suroeste con 23 (10,2%) y Nordeste con 17 (7,5%), ambos casos atizados por la influencia del ELN y las disidencias.

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En este informe, el Bajo Cauca, Norte y Magdalena Medio mostraron cifras menores, pero no obstante esto fue explicado por la ONG de Derechos Humanos como síntoma del subregistro debido a las condiciones de miedo que se viven en los tres territorios.

El texto hace referencia a la manera como las nuevas realidades del conflicto influyen sobre la seguridad de los defensores de derechos humanos, señalando por ejemplo que tras las desmovilizaciones que se efectuaron en la década de 2000 el poder de los armados no se desactivó sino que se reconfiguró.

“Ahora, las disputas en regiones como el Norte, Nordeste y el Bajo Cauca se intensificaron con la aparición y configuración de las denominadas Disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que, al fracturarse internamente, generaron nuevas tensiones locales”, dice a la vez que señala que el ELN mantiene un crecimiento constante en el Nordeste y ciertas áreas del Norte, mientras viejas estructuras “posparamilitares” transmutaron hacia redes criminales más flexibles y menos visibles.

La pugna entre esas organizaciones y su desafío al Estado tiene que ver con el aprovechamiento de las rentas criminales emanadas de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la extorsión.

La desagregación por sectores sociales muestra que hubo 59 agresiones contra líderes sociales y 48 contra los comunales, lo cual es fiel reflejo de lo vulnerables que son las comunidades en los territorios. Entre tanto, 19 agresiones fueron contra el sector sindical y 15 contra reclamantes de tierras. Así mismo, hubo 9 ataques a comunicadores de medios alternativos, 8 contra líderes étnicos y culturales y 4 a personas de la comunidad LGBTIQ+.

Al hablar de los responsables, sin embargo, las cosas no son tan claras, pues en 117 casos (52%) estos no fueron identificados, lo cual reflejaría el miedo que se siente a denunciar. El Clan del Golfo –también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- fue responsable de 27 agresiones, las disidencias de 8 y, según el informe, habría también 35 casos en los que la Fiscalía, miembros de la Fuerza Pública o funcionarios estarían implicados.

Aún peor es que, según Sumapaz, los organismos estatales encargados de velar por las medidas de protección a los líderes, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, no estarían cumpliendo a cabalidad con su misión, bien porque falta seguimiento a las alertas tempranas o porque no se investigan los casos en que miembros del Estado están implicados, por acción u omisión.

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Finalmente, esta ONG de Derechos Humanos señala recomendaciones para mejorar la situación descrita, con actuaciones como la mejor articulación de las Alcaldías, personerías y Gobernación; el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y la elaboración de mapas de riesgo por veredas, barrios y subregiones, y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección.