Congelar tarifas: Quintero revive promesa en el año de elecciones

Faltando menos de un año para el cambio de gobierno y en plena época electoral, el alcalde de Medellín Daniel Quintero volvió a desempolvar el debate de congelar las tarifas de los servicios públicos. Apelando a las funciones recién asumidas por el presidente Gustavo Petro, que a través de un decreto centralizó en su escritorio varios poderes de las comisiones de regulación de Agua (CRA) y Energía (Creg), Quintero pidió darle luz verde a EPM para congelar las tarifas en toda su área de influencia.

“Me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, dijo Quintero, quien aseguró que la empresa estaría lista para asumir esos costos, aunque después, en una entrevista radial, no supo precisar qué impacto económico tendría una medida de este alcance.

La propuesta del mandatario local no es nueva. La misma se remonta a 2019, cuando en medio de la campaña por la Alcaldía, Quintero no solo desplegó por varios puntos de la ciudad gigantescas vallas con su foto prometiendo congelar las tarifas, sino que incluso sugirió reducirlas, asegurando en ese documento que con la compra de paneles solares EPM podría bajar sus cobros.

En aquel momento la propuesta no solo fue cuestionada por entrar en conflicto con la sostenibilidad financiera de EPM, sino por desconocer desde su concepción los alcances de un gobierno local, que por ley no tiene ninguna injerencia en la fijación de las fórmulas tarifarias, función otorgada a la CRA y la Creg.

Transcurridos tres años la idea renació en río revuelto. Mientras por un lado la propuesta aparece en medio de un debate nacional por los alcances de los poderes asumidos por Petro (ver “No es competencia del presidente”), por el lado de EPM las mismas cifras de la compañía dan cuenta de que las tarifas han incrementado de forma sostenida durante los últimos años.

Desde este último frente, el punto más problemático es que, de acuerdo con los términos expresados por el alcalde, la reducción abarcaría todas las regiones en las que EPM tiene presencia.

Y es que además de Antioquia, en donde la empresa tiene casi un monopolio, la medida también impactaría otras empresas del Grupo EPM, como Afinia, Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), Empresa de Energía del Quindío (EDEQ), Electrificadora de Santander (ESSA), entre muchas otras, que juntas hacen parte del conglomerado de servicios públicos más grueso del país.

Pese a ser una de las promesas bandera del alcalde, durante los últimos tres años el Grupo EPM ha incrementado sus tarifas, siguiendo la tendencia de las demás empresas del sector en el país.

Tan solo centrando la vista en Medellín, tal como lo contó este diario en noviembre de 2021, las cifras entregadas por la propia compañía en respuesta a un derecho de petición formulado por EL COLOMBIANO daban cuenta de que en el servicio de energía las tarifas habían experimentado un incremento del 5,6% en todos los estratos y tipos de clientes segregados por la compañía, entre 2020 y septiembre de 2021.

Durante ese mismo periodo, en el caso del servicio de acueducto y alcantarillado, las tarifas también subieron de forma sostenida en casi todos los estratos, oscilando en variaciones de entre el 4,72% y el 7,82% en las tarifas de alcantarillado, y entre el 4,51% y el 13,76% en el servicio de acueducto.

En esos meses, el único estrato que tuvo reducciones fue el 1, con una variación del -8,56% en el cargo fijo y -3,31% en los consumos por debajo del rango de subsistencia en acueducto, y una variación del -8,37% y el -8,35% en esos dos mismos rangos en la tarifa de alcantarillado.

Al ser consultada por el alto valor de los servicios públicos, la Alcaldía se defendió entonces argumentando que había autorizado una inyección de $4.600 millones en un plan de subsidios focalizados en los estratos más bajos. Esta medida, si bien alivió el valor final de los servicios para los estratos más bajos, tampoco fue suficiente para revertir su encarecimiento.

En octubre de 2022, el debate tarifario también puso a EPM en el centro de todas las miradas, luego de que la empresa fuera cauta en sus rebajas presentadas al Ministerio de Minas y Energía, entonces volcado a impulsar el llamado “Pacto por la Justicia Tarifaria”, liderado por la ministra Irene Vélez.

En aquel momento, EPM solo presentó rebajas en el componente de generación.

“En EPM hicimos una propuesta que implica un aporte de $340.000 millones para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”, dijo entonces el gerente general Jorge Carrillo.

Según concordaron varios expertos, la lógica detrás de esa decisión obedecía a no incrementar la presión financiera que ya arrastra la empresa desde 2021, cuando, entre otros problemas, tuvo que prepagar un crédito por 450 millones de dólares al BID. Así mismo, la empresa está con sus cuentas al máximo para apalancar el plan de inversiones de Afinia.

Esta última empresa, que afronta múltiples quejas por la prestación de su servicios en la costa Caribe, también fue criticada durante esa discusión, ya que aseguró no poder rebajar las tarifas en un primer momento, pero luego se echó para atrás y accedió a hacerlo para noviembre y diciembre de 2022 (en un 24%).

En medio de ese panorama, el principal interrogante está en la sostenibilidad financiera de EPM, que además de su alto endeudamiento, los problemas en Hidroituango y sus líos reputacionales recientes, no es claro si tendrá el suficiente bolsillo para pagar esa promesa.

Según pudo conocer este diario, pese a que aún no hay una decisión en firme, el mero escenario de un congelamiento de las tarifas ordenado por el presidente Petro ya genera preocupación entre los técnicos de la compañía, no solo por ir en contra del espíritu del sistema regulatorio, sino porque podría poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa.