El lío que tenía desvelados a dueños de 220 inmuebles en un edificio en Caldas, Antioquia

Que uno compre una casa o local y se lo entreguen para que lo use pero sin escrituras es como ser propietario a medias, porque no puede disponer del bien. No puede adquirir un crédito poniéndolo como garantía y mucho menos pensar en venderlo.

Esa es la situación que han tenido que vivir la mayoría de los compradores de 89 apartamentos, 54 apartaestudios y 78 locales comerciales, más ocho burbujas y 50 espacios adicionales como parqueaderos y cuartos útiles, en el edificio Ruiseñor, que creyeron en un proyecto que les ofrecían sobre planos y se le apuntaron a invertir allí sus recursos.

Este complejo mixto, comercial y de vivienda, queda en plena zona central del municipio de Caldas, sobre la llamada Calle del Comercio, a cuadra y media del parque principal. Es una edificación cuyos tres primeros pisos se dedican a establecimientos para todo tipo de ventas y servicios, y de ahí hacia arriba hay otros nueve niveles dedicados a la habitación.

El desarrollo inmobiliario se hizo en un área privilegiada, que antes estaba conformado por tres casonas viejas que al parecer tenían como punto en común el haber sido transferidas por herencia y que fueron demolidas con el fin de aprovechar mejor los terrenos mediante una construcción en altura.

Un comprador que pidió no mencionar su nombre indicó que el negocio lo comenzó a hacer hacia 2018. Todo eran ventajas porque le dijeron que podía separar dando tan solo un millón de pesos y pagar el resto como quisiera; jamás se mencionó que hubiera algún problema para el momento de legalizar la transacción ante la notaría y la Oficina de Registro de instrumentos Públicos. A él lo convenció además el hecho de que la encargada era una constructora que ha gozado de buen nombre en la localidad, basado en los antecedentes de obras previas.

Posteriormente, hubo algún retraso en la fecha para darles las llaves y se empezó a hablar de que al parecer sucedía un percance porque, según la versión que circuló por el “correo de las brujas”, apareció un heredero de uno de los lotes que no había sido considerado en la respectiva sucesión y estaba reclamando su derecho.

Jesús María Álvarez relató por su parte que dio el 30% de lo que costaba un apartamento de 74 metros cuadrados en el piso 6, más parqueadero y cuarto útil; siendo el costo total $245 millones, pagó de contado $82 millones, con la promesa de que cancelaría el resto en los 30 meses siguientes, o sea dos años y medio, para tomar posesión material y jurídica.

“Se venció la fecha de entrega y no lo entregaron; resultó el problema del heredero y empezaron a decir que estaban haciendo los trámites para resolver la situación”, le dijo hace una semana Álvarez a EL COLOMBIANO.

También explicó que recibió una comunicación de la constructora donde le decían que se iban a demorar un poco con las escrituras, pero que si les daba $60 millones más podía ocupar el apartamento. Luego de una puja acordaron que fueran $40 millones y el plan se cumplió en junio de 2021, con la gabela de una rebaja sobre el monto inicialmente pactado, más el pago de los gastos de notaría.

A medida que pasaba el tiempo sin que se finiquitara el traspaso, la situación fue desmotivando a don Jesús María y pensó en vender; “me resultaron varias personas con ganas de comprar, pero cuando yo les planteaba el problema que tenía, todo mundo decía que en esas condiciones no compraban y era apenas entendible”, anotó.

Lo que sí hizo fue dejar de pagar la administración por considerar que ante la falta de certezas como titular del apartamento tampoco se había configurado legalmente este deber.

Este medio de comunicación contactó el viernes pasado a la constructora Ruiseñor y, de manera coincidencial, informó que ya el problema que originó la demora estaba resuelto, que comenzarían a llamar a los dueños por turnos para acordar cita en la notaría y hacer las escrituras.

Varios de esos clientes confirmaron también haber recibido correos al respecto, pero el señor Álvarez no estaba hasta este miércoles entre ellos.

El gerente de Ruiseñor, Adrián Piedrahíta, desmintió que el lío hubiera sido una sucesión, aunque sí un percance jurídico sobre un área equivalente al 10% del total y que debía resolver el vendedor de uno de los predios, algo que legalmente no impedía comenzar con la edificación. Sin embargo, como el año pasado seguía sin terminar el litigio, la propia compañía contrató un pool de abogados para que tomara cartas en el asunto.

“Éramos poseedores de buena fe y los que nos vendieron también, ya no había que mirar eso sino que había una posesión de muchos años. Contratamos un pool de abogados y comenzamos los trámites pertinentes”, explicó Piedrahíta.

A pesar de las versiones de varios afectados de que los mantuvieron en ascuas sobre lo que sucedía, el directivo aseguró que sí los informaban y que cuando les hicieron la entrega material firmaron un otrosí donde las partes aceptaban diferir la escrituración hasta que fuera jurídicamente viable.

“Por eso ahora no tengo ninguna demanda por incumplimiento de contrato”, añadió.

Aseguró igualmente que incluso algunos se beneficiaron porque sin pagar la totalidad recibieron su inmueble y continuaron sacando el dinero para las cuotas de lo que recibían de arriendo.

Por otra parte, negó que hubiera un vacío en la administración, ya que la ley establece la posibilidad de que los gestores de proyectos como este, bajo situaciones imprevistas como la descrita, nombren un administrador provisional.

Ya resuelto el dilema, estaría todo listo para que se cite a la asamblea en febrero, como lo hacen normalmente en las propiedades horizontales.

Álvarez y otros dueños contactados prevén que el primer tema de la agenda en esa reunión posiblemente sea resolver un problema heredado con las cuotas vencidas, pues, en su concepto, no habría un mecanismo legal para hacerlos pagar por el periodo en que formalmente no han sido los dueños.

Piedrahíta riposta que los morosos son minoría, lo cual ha permitido mantener bien las escaleras eléctricas, ascensores y toda la infraestructura en zonas comunes; pero que de todas maneras, la norma obliga a presentar los respectivos paz y salvos al momento de la escrituración.