Constructores de Hidroituango denuncian ante la Fiscalía al alcalde Quintero
La firma de abogados que representa las empresas constructoras de Hidroituango interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por la posible comisión del delito de injuria y calumnia.
El apoderado de la firmas Camargo Correa Infra LTDA Sucursal Colombia, Coninsa Ramon H SA y Constructora Conconcreto acudió al ente investigador para que adelante las averiguaciones necesarias que permitan llamar a audiencia de formulación de imputación de cargos penales a Quintero Calle.
De acuerdo con la demanda, Quintero incurrió en injuria y calumnia cuando hizo manifestaciones públicas en las que indicó que las empresas incurrieron en actos de corrupción, disminuyeron la calidad de los materiales y modificaron los diseños del proyecto, lo que generó graves pérdidas a Hidroituango.
“Todas estas manifestaciones son falsas y no es cierto, como pretende hacerlo creer a la opinión pública, que la sanción fiscal procedió por estos hechos”, se lee en la denuncia de 13 páginas que incluye ocho declaraciones de Quintero registradas en medios de comunicación en las que se refiere a los constructores de Hidroituango.
En la denuncia también se afirma que Conconcreto S.A., Construções e Comercio Camargo Correa S.A. y Coninsa Ramón H. S.A. “no han sido condenadas ni penal, ni disciplinaria o fiscalmente por hechos relacionados con actos de corrupción o cualquier otro delito relacionado con cambios de diseño o disminución de la calidad de los materiales. De hecho, no han sido sancionadas ni condenadas nunca por la ejecución de contratos públicos o privados, lo que incluye hechos relacionados con la ejecución de los contratos de Hidroituango. Sin embargo, el señor Quintero se ha empeñado en maltratar el nombre de las compañías, por lo que tiene dos opciones: O retractarse o ser condenado hasta por 8 años de prisión”, afirma.
Del mismo modo, la denuncia señala que Quintero incurrió en estos delitos cuando afirmó ante medios de comunicación que los contratistas eran responsables de la situación de Hidroituango por actos de corrupción. “Incluso, también se configuró cuando comparó a los contratistas con el Grupo Nule, cuyos miembros fueron condenados por los delitos de corrupción y fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación. Pero las comparaciones del alcalde Quintero siguen: se atrevió a comparar a mis poderantes con el tristemente célebre Fabio Puyo Vasco”, indica la denuncia que lleva la firma del abogado Fabio Humar.
Cabe señalar que estas empresas se vincularon en el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica de Ituango. Para esto, conformaron el Consorcio CCC Ituango (CCCI), en calidad de subcontratistas de Empresas Públicas de Medellín, EPM, quien era el contratista para ejecutar la obra.
“El alcalde Quintero no tiene fundamentos fácticos, judiciales o administrativos para sustentar tales afirmaciones, pues no existe sanción disciplinaria, condena penal o sanción fiscal que las sustenten. La sanción fiscal es de primera instancia y no se encuentra en firme y, en todo caso, no es cierto lo aseverado por el alcalde sobre el contenido del fallo”, dice la denuncia.
Por último, el abogado Fabio Humar indicó que el mandatario local tiene tres opciones:
“O muestra las pruebas de que la obra ha tenido episodios de corrupción, como lo está diciendo, junto con las respectivas pruebas de las denuncias, o se retracta públicamente o asume un proceso penal que por injuria y calumnia hemos presentado hoy”, indicó.
Por ahora no se conoce declaración emitida por el alcalde sobre esta denuncia interpuesta en su contra.
La denuncia se radicó un día después de que el Consorcio CCC Ituango recusara ante la Procuraduría General de la Nación al alcalde Daniel Quintero, en un documento que también recoge varias de las declaraciones que ha dado el mandatario en contra de los contratistas, incluidas las expresadas en tiempo de campaña.
La recusación busca que el alcalde sea apartado de sus funciones y decisiones en relación con el contrato Boomt, mediante el cual EPM encargó la construcción del proyecto Hidroituango al consorcio CCC Ituango.