Contraloría determinó hallazgos contra Municipio de Medellín por venta de lote en la Mayorista
Contraloría de Medellín encontró méritos para investigación por presuntas irregularidades en el avalúo de predio del Municipio en la central Mayorista.
La primera entrevista que hice, a los 8 años de edad y con la ayuda de mi padre, fue al futbolista Andrés Escobar. Desde ese día no he dejado de hacer preguntas, ni de amar el periodismo. Soy egresado de la Universidad de Medellín.
La venta de uno de los tres lotes (locales) que tiene el Municipio de Medellín en la Central Mayorista de Antioquia a un particular, generó la primera consecuencia disciplinaria por parte de la Contraloría General local, que encontró hallazgos con posible detrimento patrimonial en el negocio.
La investigación sobre las presuntas irregularidades, fue solicitada desde finales del año pasado por los concejales de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri y Bernardo Alejandro Guerra. Según el ente de control, la investigación pasó a la Unidad de Responsabilidad Fiscal.
Los corporados revelaron que el predio (lote número 24), con una extensión de 8.300 metros cuadrados, fue vendido por un valor inferior al establecido en un avalúo inicial del mismo Municipio y otro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Según Echeverri, en el año 2011 estos predios los iban a vender y el IGAC avaluó el lote 24 por 19 mil 900 millones de pesos. Luego de cinco años— añadió— el lote de 8.300 metros cuadrados, fue vendido por el municipio de Medellín en la suma de 19 mil 123 millones de pesos.
Aseguró el corporado, que el metro cuadrado del bloque 26, también en La Mayorista, está cotizado a 10 millones de pesos y el del bloque 27 a 12 millones, por lo que cuestionó que al del Municipio, que tiene características similares, se le hubiera puesto el valor de 2 millones 304 mil pesos.
“Se valorizan más los apartamentos de Nuevo Occidente que los bienes del municipio en la Central Mayorista”, apuntó Echeverri.
Ajustados a la Ley
Los implicados en las presuntas irregularidades, también denunciadas ante la Procuraduría y solicitud de investigación a la Fiscalía, defendieron la enajenación del bien y la transparencia del proceso.
Jorge Mario Velásquez, encargado de la venta del lote 24, explicó que esta se hizo con referencia al decreto vigente en su momento, artículo 101 del decreto 1510 de 2013, que establece los requisitos para la enajenación de bienes.
“En el predio había invasiones informales y otras ilegales, lo que no permitía el uso, goce o disfrute, pero sí implicaba egresos (predial) al Municipio. No teníamos gobierno sobre el lote. Cursaban dos demandas que se disputaban el lote”, anotó.
Sobre las denuncias de errores en el precio, que dice Guerra, hoy puede ser de 6 millones de pesos el metro cuadrado, Velásquez consideró que para los avalúos, de acuerdo con la ley, no se toma como referencia los incrementos del IPC.
“En el histórico de avalúo del bien se ve que de un año a otro bajaba el precio y luego subía. Las consideraciones variaban”, aseveró, en tanto anotó que entre los criterios de los avaluadores hay diferentes componentes técnicos.
Descartaron avalúo inicial
El primer avalúo para establecer el precio del lote, fue realizado por la experta técnica Ana Lucía Cifuentes. El concejal Guerra criticó que este, en el que se establecía que el predio tenía un valor de 34.000 millones de pesos, no fue tenido en cuenta y la Administración determinó realizar otro que arrojó un valor por 19.900 millones de pesos, 14.100 millones menos.
“Ese proceso no fue un avalúo, sino un proyecto, y no fue tenido en cuenta porque representaba múltiples errores técnicos”, aclaró Velásquez.
Las fallas de las que habla el funcionario, y que compulsó como pruebas ante la Contraloría, tienen que ver con que decía que el predio era de 8.700 metros cuadrados cuando tenía en realidad 8.300 y contenía variables con respecto al POT de Medellín, cuando estaba localizado en Itagüí.
Sobre los reclamos por no tener tampoco en cuenta el avalúo del (IGAC), Velásquez insistió en que éste fue en noviembre pasado, posterior a la venta del lote, en abril de 2015, “cuando las condiciones eran otras, por ejemplo, ya no había invasores”.
Esos argumentos no terminan de convencer a Guerra ni a Echeverri, quienes son enfáticos en afirmar que hubo supuesta mala fe en el negocio y un presunto “tumbe” al Municipio, “por lo que quieren evitar que suceda lo mismo con los otros dos lotes: el 26 y el 27” .